PSPV y PP pactan para que los expresidentes puedan seguir en el CJC

VALENCIA. Los grupos parlamentarios de PSPV y PPCV llegaron este viernes a un acuerdo en la comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, en la que se aprobaron varias modificaciones de la Ley del Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat. Unos cambios que encontraron oposición por parte de Ciudadanos, Podemos y del propio socio de gobierno de los socialistas, Compromís.

El punto más polémico del acuerdo se centró en que los expresidentes sigan siendo miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC), tal y como es en la actualidad Francisco Camps, un cargo que incluye un salario anual de unos 58.000 euros anuales. Este prerrogativa contó con el rechazo de las citadas fuerzas, pero el acuerdo entre PSPV y PPCV permite que no haya modificación en ello.

Por otro lado, sí se cambiarán algunos otros aspectos, como la obligatoriedad de que al menos uno de los dos asesores a los que los expresidentes tienen derecho según esta ley deba ser funcionario, mientras que el otro podrá será de libre designación por parte del ex jefe del Consell. La propuesta era de Compromís, quien puso sobre la mesa que el citado personal de apoyo fuera elegido de entre los empleados públicos, a diferencia de lo que ocurre hasta ahora, donde ambos asesores eran elegidos a criterio del expresidente. Así pues, el acuerdo incluye digamos una solución intermedia.

Por otro lado,  también se sacó adelante una modificación sobre incompatilibidades, en el sentido de que los expresidentes no podrán acogerse a este estatuto si ejercen un cargo de gestión o representativo y tenga los medios suficientes para ejercer su su labor, algo que quedará a juicio del Consell. Asimismo, tampoco podrá acogerse el expresidente que esté ejerciendo un cargo directivo en el sector privado salvo que sea una empresa de carácter familiar.

En cualquier caso, ninguna de estas modificaciones afectará a los actuales usuarios del estatuto, como Alberto Fabra y Francisco Camps, a no ser que cambie su situación personal, momento en el que ya se les aplicaría el nuevo estatus, dado que se ha decidido no buscar una fórmula para forzar la retroactividad. 

Además, las modificaciones apuntan a que en caso de condena en firme, un tercio de los diputados de Les Corts podrán proponer la revocación del cargo de expresident, incluido su puesto de trabajo en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) como miembro nato.

La posición del PP en el debate fue defendida por José Juan Zaplana, quien agradeció a los grupos el hecho de que se hayan abstraído de los nombres a la hora de plantear estos cambios, ya que se legisla "para cinco personas", advirtió.

"Si el expresident es funcionario no tendrá problema porque volverá a su actividad, pero si va a una empresa privada le llamaremos puerta giratoria. Entendemos que la pertenencia al Consell Jurídic Consultiu es importante es sí misma, por la experiencia que da el cargo", aseguró.

Por su parte, Manolo Mata (PSPV) coincidió al señalar que la política "favorece a funcionarios, ricos y ladrones. Los primeros volverán a su puesto y para los ricos es muy divertido. Es cierto que hemos tenido mala suerte, pero no es momento de hablar de ello, hemos de considerar que los expresidents son honorables mientras no se demuestre lo contrario".

"Hay que permitir que tengan labores más allá de su presidencia, aprovechar sus relaciones sociales. El Consell Jurídic es útil y necesario, porque si no lo tuviésemos deberíamos acudir al Consejo de Estado. Además, los expresidents están con voz pero sin voto", añadió.

"Lerma nunca ha usado nada a lo que tendría derecho, Zaplana tampoco, Olivas ya tiene bastante con sus procesos judiciales", detalló Mata, quien explicó que el president Ximo Puig tiene buena relación con Eduardo Zaplana, al que telefonea al menos una vez a la semana.

Por otro lado, Mireia Mollà (Compromís) consideró "una lástima" " que los grupos mayoritarios no hayan considerado la posibilidad de eliminar a los expresidents como miembros natos del CJC, un órgano del que "no se puede prescindir", pero "en el que no tiene cabida un expresident". "Camps no ha podido hacer más para empeorar la imagen del CJC. Que se le reserve ese espacio no hace más que ahondar en el descrédito que tienen determinados órganos estatutarios", afirmó.

El portavoz de Ciudadanos Toni Subiela defendió la necesidad de que los expresidents sólo deberían disponer de oficina y coche "cuando ejerzan la labor propia de su cargo", y coincidió con Compromís y Podemos en que no deberían ser miembros natos del CJC, órgano que considera que debería ser suprimido.

Fabiola Meco (Podemos), por su parte, criticó que los expresidents dispongan de medios estables y permanentes, así como su pertenencia al CJC, aunque defendió la relevancia de este órgano y su necesidad en el marco del autogobierno. "Quizá deberíamos plantearnos un salario de transición, de no más de seis meses. No podemos consolidar las puertas giratorias", concluyó.