Puerto Mediterráneo, penalti y expulsión

Cualquiera que haya jugado un partido de fútbol con árbitro y, más todavía, cualquiera que haya arbitrado un partido sabe que no hace falta inventarse penaltis para favorecer a uno de los equipos. Se puede hacer cumpliendo escrupulosamente el reglamento, porque el juego está lleno de contactos en los que cabe pitar o no pitar falta, de entradas en las que sacar una tarjeta amarilla o roja queda a la interpretación del colegiado, en definitiva, de acciones dudosas en las que ni con la moviola hay acuerdo. Lo mismo ocurre en la administración de justicia, donde un juez parcial puede primero poner la sentencia y luego justificarla con argumentos legales, sentencia que un tribunal superior puede anular con argumentos no menos legales. Si todo estuviera claro, no harían falta árbitros ni jueces.

Ni funcionarios, que también a ellos les toca tomar decisiones controvertidas. Lo importante, en todos estos casos, es que el árbitro, juez o funcionario no tenga prejuicios sobre la cotroversia que debe dirimir o sobre las partes en conflicto. Estaría muy feo que el árbitro dijera antes del partido que quiere que gane el equipo X o que un juez mostrase sus simpatías por una de las partes.

Pues bien, eso es lo que ha ocurrido con Puerto Mediterráneo, el proyecto de centro comercial y de ocio en Paterna que prevé una inversión de más de 600 millones de euros y la creación de miles de puestos de trabajo.

Una parte del actual Gobierno valenciano, la de Compromís, manifestó muy claramente sus prejuicios sobre Puerto Mediterráneo por boca de la vicepresidenta Mónica Oltra: "Estoy en contra. Pero no es que estoy en contra, es que es una barbaridad, es insostenible y además es inviable"; del conseller Rafa Climent, al poco de asumir el cargo: "No se está por la labor de dar apoyo en este centro comercial"; del director general de Comercio, Natxo Costa: "Si me puedo oponer, me opondré. Si encuentro la mínima opción… Nosotros estamos en contra del proyecto, es una cuestión de modelo", y del secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro: "Es un poco la Terra Mítica del Siglo XXI (...) No encaja con nuestro modelo ni político ni económico ni productivo". 

A todos ellos no les gusta el modelo y así lo manifestaron antes de conocer si el proyecto se ajustaba o no a la ley. Y lo iban a mirar con lupa, según confesaron.

¿Era penalti?

Puerto Mediterráneo estaba más que condenado. A partir de ahí, sólo hacía falta revestir la decisión de legalidad, algo que es relativamente sencillo porque un proyecto de esta magnitud supone muchos beneficios pero también algunos perjuicios, y siempre hace falta que la Administración haga balance y sea flexible. Sin esa flexibilidad, la Ford no podría haberse instalado junto a la Albufera hace 40 años. 

Intu Eurofund no es Adelson, el magnate norteamericano que pedía la luna –casi se la dan– para poner Eurovegas en Madrid. La promotora británica pidió respetar menos metros de servidumbre entre la autovía y un barranco que los que marca la ley. Y Medio Ambiente dijo no, como podía haber dicho sí, ya que la ley lo permite y en su día dijo sí a otros centros comerciales situados en la misma carretera. De hecho, según los informes que esgrime la empresa al quejarse de inseguridad jurídica, la Generalitat había dicho sí en ese punto hasta que cambió el Consell.

Como avisó Natxo Costa: "Si dentro de la ley hay alguna posibilidad de que nos podamos oponer o poner condicionantes a Puerto Mediterráneo, lo haremos". De esta forma, la Generalitat, inflexible, cumplirá escrupulosamente la ley para tumbar un proyecto que no gustaba a destacados dirigentes de Compromís. 

Penalti y expulsión en el último minuto. ¿Pero acaso no era penalti? Cuando el delantero cae en el área, sólo es penalti cuando el árbitro dice que es penalti. La cuestión no es ésa, sino que este árbitro, que había anunciado que iba a pitarlo sí o sí, asegura ahora que es una decisión técnica y no política. 

Argumentos acientíficos

Quitando el de la zona anexa a la carretera, el resto de argumentos de los defensores de la decisión política son de risa en una economía de mercado. El de las excesivas emisiones de CO2 de los coches que irían al centro comercial es un chiste, porque cada uno de esos coches emitiría el mismo CO2 que los que van a la playa, al monte, al Aplec al Puig o a visitar Morella.

Siguiendo la lógica de estos argumentos acientíficos, Puerto Mediterráneo sería positivo para el medio ambiente porque parte de los miles de familias que congestionan con sus coches la carretera de El Saler recorrerían un trayecto más corto y alejado del parque natural para pasar el día en el centro comercial y no en la playa. Eso el sábado, el domingo no, que el domingo no es para ir de compras, Ribó dixit.

Peor aún es lo del empleo. Resulta que, aseguran, los miles de puestos de trabajo que se crearían con Puerto Mediterráneo no son tales porque hay que descontar los que se destruirían. Los defensores de esta vieja teoría piensan igual que los contrarios a la tecnología porque acaba con los oficios –con lo entrañables que eran los velluters– e igual que los proteccionistas temerosos de que lo que venga de fuera sea mejor y más barato que lo suyo. En suma, los enemigos del progreso.

Pero donde el informe técnico de la Comisión de Medio Ambiente riza el rizo de los prejuicios es cuando descubre que en la elección del emplazamiento por parte de los promotores de Puerto Mediterráneo "parecen haber primado los aspectos que inciden en el buen éxito económico de la actividad comercial, relegando los aspectos ambientales a un segundo plano". ¿Cuál era, en su opinión, el orden lógico?

Yo también aborrezco los centros comerciales, los visito muy de vez en cuando, dos o tres veces al año, y siempre para ir al cine. Tampoco me agradan los mercados medievales que ocupan el espacio público en pueblos y ciudades para recrear con más o menos suerte el comercio de hace siglos. No son mis modelos para ir de compras, pero los entiendo porque está comprobado que los comerciantes que se agrupan atraen a más compradores que los que están dispersos (Eso, ni más ni menos, es un centro comercial, una agrupación de comerciantes, la mayoría empresarios autónomos). 

Lo que no se me ocurriría es tratar de imponer mis gustos, y menos aún para rechazar un proyecto de esta magnitud, que implica, entre otros beneficios, muchos millones de euros en impuestos. Compromís se siente legitimado para hacerlo en nombre de sus votantes, con el permiso del PSPV. Vale. Que pase el siguiente inversor.