El Consell oficializa el 'Intu, Go Home' y declara la caducidad de la ATE de Puerto Mediterráneo

VALÈNCIA. "Intu, Go Home". El deseo expresado hace apenas tres años en Twitter por el subsecretario de la Conselleria de Economía, Natxo Costa, se oficializará este viernes con el acuerdo del Consell que declarará la caducidad de la ATE sobre la que se iba a desarrollar Puerto Mediterráneo en Paterna.

De esta forma, el Govern del Botànic entierra definitivamente el proyecto para la construcción del macrocentro comercial promovido por Intu Found Valencia SL al no haber depositado esta empresa la garantía de un millón de euros que le exigía la Administración valenciana para seguir adelante con la tramitación, según las condiciones recogidas en el acuerdo de 2013 por las que el Consell, entonces del PP, dio luz verde a la tramitación de este proyecto como Actuación Territorial Estratégica (ATE).

Debido a que la garantía presentada por la empresa no se ajusta a lo previsto en el acuerdo original, la declaración de ATE no ha llegado a adquirir formalmente eficacia, por lo que no cabe más que declarar la caducidad del expediente, dar por desistido del procedimiento al promotor y archivar el asunto.

Y eso es lo que formalizará este viernes el Gobierno valenciano con la aprobación del acuerdo propuesto por el conseller de Economía, Rafael Climent, para inadmitir el último recurso presentado por el promotor contra el requerimiento de la Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje y declarar la mencionada caducidad.

Previamente, la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ya había procedido a cerrar el expediente al no cumplirse las condiciones para declarar la ATE y agilizar la ejecución del centro.

Desde la llegada del Consell del Botànic, la Conselleria de Economía controlada por Compromís ha evidenciado por activa y por pasiva su oposición al establecimiento de este gran complejo por no encajar con su modelo comercial. 

El primer revés serio para la empresa llegó en 2016 con la emisión de una memoria medioambiental desfavorable de la Conselleria de Agricultura, también controlada por Compromís. Tras una larga batalla judicial, el Tribunal Supremo dio la razón hace un año a los promotores y obligó a la Administración valenciana a reevaluar el proyecto.

Pero para que la Conselleria de Territorio acometiera un nuevo informe, Intu debía aportar un millón de euros como garantía, pero la compañía aportó el pasado mayo una hipotecaria unilateral "insuficiente para garantizar la ejecución de la actuación", según destaca la propuesta de acuerdo de la Conselleria de Economía.

El grupo británico Intu Properties, socio de la compañía española Eurofund en esta iniciativa, cifrada en cerca de 860 millones de euros, entró en concurso de acreedores hace un año al no poder hacer frente a una deuda superior a los 5.000 millones de euros. Esa situación de insolvencia ha complicado la viabilidad del espacio comercial en Paterna. De hecho, la administración concursal se ha desprendido de la mayor parte de sus activos en España.

Larga batalla con la Generalitat Valenciana

Fue en 2013 cuando la Generalitat Valenciana, entonces presidida por el popular Alberto Fabra, aceleró la tramitación del proyecto a través de la figura de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) al considerar de relevancia esta iniciativa privada por la generación de renta, empleo y la dinamización del tejido productivo que iba a suponer. Este desarrollo fue avalado en 2015, pero con la entrada del Botànic en la Generalitat Valenciana, la situación cambió, principalmente por el manifiesto rechazo de dos de sus socios, Compromís y Podem.

Un año más tarde, en 2016, el Consell emitió la memoria medioambiental desfavorable que tumbó el proyecto. El principal escollo residía en que el complejo no se guardaba una distancia con las carreteras colindantes, CV-25 y CV-31. También pesaron aspectos de contaminación o el hecho de que el espacio a construir fuera la una de las pocas bolsas de suelo del área metropolitana de València.

Los promotores modificaron el proyecto, incluso lo rebautizaron a Intu Mediterrani, para atender las peticiones de la administración y redujeron un 25% su superficie, al pasar de una edificabilidad de 500.000 metros cuadrados en la propuesta anterior a 375.000 metros. Para ello, se comprometió a invertir 860 millones de euros y generar más de 5.000 empleos anuales directos. Pero, pese a los cambios, las críticas continuaron.

El pleito acabó en los tribunales y finalizó hace justo un año, cuando el Supremo consideró que la memoria medioambiental desfavorable del Gobierno valenciano era insuficiente, obligando a reconsiderar el proyecto. Una victoria judicial que no ha servido finalmente para poder acometer este desarrollo. Tampoco, Intu ha conseguido la indemnización de 300 millones que reclamaban a la Generalitat Valenciana por daños patrimoniales ante la parálisis. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazó esta compensación al no verla justificada.