VALENCIA, (EP). El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado este jueves que la nueva Ley del Sector Público equipará los mecanismos de control de las fundaciones al resto de entidades que integran el sector público valenciano, de forma que se dará "un giro de 180 grados".
Así lo ha anunciado Puig en la sesión de control del pleno de las Corts tras la pregunta formulada por el portavoz de Compromís, Fran Ferri, sobre cuáles son los planes del Consell para la regulación de las fundaciones públicas de la Generalitat.
El jefe del Consell ha indicado que, cuando se apruebe la nueva normativa, la creación de una fundación exigirá la presentación de un estudio económico financiero. Asimismo, se creará una comisión que elaborará una propuesta sobre la negociación colectiva: "Se han acabado los chiringuitos donde cada uno se ponía el sueldo que quería", ha manifestado.
Del mismo modo, Puig ha señalado que habrá un registro de todos los agentes que integran el sector público instrumental y una normativa que regirá la contratación en materia de cláusulas y responsabilidad social de las fundaciones, que "estarán sometidas a la supervisión continua de la Dirección General del Sector Público".
"Más transparencia, más control, más eficiencia y máximo respeto al uso de los recursos escasos que tenemos los valencianos", ha resaltado el 'president', quien ha explicado que, en la actualidad hay once fundaciones activas, mientras que otras cuatro están en proceso de liquidación, y tienen contratadas a 1.212 personas.
Ximo Puig ha denunciado que las fundaciones públicas "han sido una herramientas utilizadas por el anterior Consell para esconder determinados comportamientos". En este sentido, ha señalado que estas entidades se han utilizado "como nidos de corrupción", lo que "provocó su proliferación". De este modo, ha indicado que en 2011 había 30 fundaciones que, en julio 2015, habían acumulado pérdidas de 46,6 millones.
El paradigma de todo esto es la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que convirtió la visita del Papa a Valencia "en un acontecimiento corrupto más", con un coste para las arcas públicas de 22 millones de euros, y ha puntualizado que el coste de la construcción del altar fue de 1,5 millones y en concepto de alojamientos hoteleros se facturaron 1,7 millones.
Asimismo, ha indicado que acaban de recibir el informe de la Intervención sobre esta fundación que afecta al año 2010, donde denuncia "la ausencia general de cumplimientos de legalidad en los mecanismos de control en las contrataciones" y subraya "ilegalidad por el hecho de no haber sido considerada fundación pública".
También ha denunciado el "dopaje institucional" a través de fundaciones, como Agua y Progreso "creada en 2004 para abrir la guerra del agua contra el Gobierno de Zapatero", con la que "nos dejamos en el camino 7,2 millones en el camino".
"CHANCHULLOS Y CORRUPTELAS"
Por su parte, Fran Ferri ha denunciado que las fundaciones con participación pública "han sido un buen caldo de cultivo y un ecosistema para chanchullos y corruptelas".
Durante su intervención, el diputado de Compromís ha hecho referencia a la empresa de catering Thematica Events que, según ha indicado, facturó 56 facturas a la Fundación Jaume II El Just --"gestionada o saqueada por Vicente Burgos"--, por un montante total de 1,6 millones.
Entre otras, se ha referido a facturas "tan variadas" como una de 100.000 euros para el evento 'Multaqa' en Simat de la Valldigna y otra de 313 euros por traslados de Vicente Brugos.
Ferri también ha destacado que la Fundación del Palau de les Arts decidió en 2015 hacer una concurso negociado sin publicidad para la inauguración del Palau. Las empresas que se presentaron fueron SIM SL, Thematica Events y Universo Selección, "participada por Innova, conde estaba el sobrinísimo de Barberá".
Por otra parte, al inicio de su intervención, Fran Ferri ha expresado el "apoyo" de su grupo a Ximo Puig y al conseller de Educación, Vicent Marzà, tras el escrito amenazante anónimo que han recibido.