Ximo Puig y Gabriela Bravo. Foto: GVAVALÈNCIA. La Generalitat Valenciana seguirá estudiando si existen vías legales para aplicar a sus funcionarios el permiso retribuido recuperable aprobado por el Gobierno central este fin de semana. Una medida que puso encima de la mesa este lunes la Conselleria de Justicia y Función Pública que dirige Gabriela Bravo que ha generado en las últimas horas división entre los sindicatos, pero también entre los departamentos del Consell, y sobre la que el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública ya advirtió que no era ejecutable.
Así, el president de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró este miércoles en rueda de prensa que el Gobierno valenciano quiere seguir explorando esta posibilidad para aquellos funcionarios que no estén teletrabajando ni acudiendo al trabajo de forma presencial porque no forman parte de los servicios que su conselleria ha considerado esenciales o sus tareas no son urgentes. En estos casos, la intención del Ejecutivo sería aplicar la medida ideada por el Gobierno central para que estos funcionarios recibieran el salario, pero posteriormente devolvieran las horas no trabajadas a la Administración.
"Creo que todos los trabajadores deben ser iguales", expresó el jefe del Consell. Una alusión velada a la situación de los empleados del sector privado, que deberán devolver las horas no trabajadas pero sí cobradas a sus empresas, y que por tanto dejaba entrever que es partidario de que ocurra lo mismo con los funcionarios en la Administración. Ahora bien, el jefe del Consell reconoció que existen dudas respecto a cómo hacerlo: "La norma no parece clara".
En cualquier caso, Puig sostuvo que se adopte la decisión que se adopte quiere hacerse de manera acordada con los sindicatos, ya que en la reunión que mantuvo Bravo con CSIF, Intersindical, UGT-PV y CCOO-PV, los dos primeros se mostraron abiertamente opuestos a que esto ocurriera, mientras los segundos, no se cerraron en banda. De hecho, trasladaron a Función Pública que si finalmente esta medida se aplica en la administración, se realice de forma equitativa para que no se pudiera generar una imagen distorsionada que perjudicara a los funcionarios de algunas consellerias de manera concreta.
Intersindical, por su parte, tachó de "negligencia ideada al margen de la realidad" la medida. "Todo el personal público es un recurso humano imprescindible para garantizar la prestación de los servicios esenciales, así como la seguridad de los trabajadores", explicaron en un comunicado. CSIF fue menos beligerante en su oposición, pero el sindicato pidió que en lugar de aplicar este permiso retribuido recuperable el Gobierno facilitara al máximo posible el teletrabajo a todo su personal.
No en vano, un gran número de funcionarios ha solicitado ordenadores para poder trabajar desde casa, pero estos llegan a marchas forzadas. El president de la Generalitat aseguró este miércoles que se han puesto un total de 1.000 a disposición de los funcionarios, pero cabe recordar que la administración valenciana cuenta con más de 17.000 empleados públicos y la Conselleria de Justicia y Función Pública dictó una resolución por la que los departamentos del Gobierno valenciano debían fijar turnos de trabajo presencial para evitar que el número de funcionarios presenciales no superara el 10% de manera simultánea. Lo que significa que alrededor de 1.700 aproximadamente trabajan de forma presencial y el resto deberían hacerlo en casa -con excepciones en el caso de Sanidad y Políticas Inclusivas-.
Por otra parte, el sindicato recordaba a Valencia Plaza en algunos departamentos no se ha dado acceso a los funcionarios a la VPN desde casa, lo que ha generado un profundo malestar, ya que muchos deben acudir presencialmente para poder tan solo firmar electrónicamente o para poder acceder al contenido de los ordenadores que tienen en sus puestos de trabajo habitual. Además, tampoco tienen acceso desde su hogar a algunas aplicaciones corporativas de la Generalitat, según explicaron.
De momento, la Conselleria de Bravo ha vuelto a elevar la consulta al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública que dirige Carolina Darias, ya que el martes advirtió que este permiso retribuido recuperable no era de aplicación a los funcionarios de la administración aunque no realicen servicios esenciales, sino sólo a aquellas personas que tienen una relación laboral. Explican desde su departamento que, por ejemplo, Canarias lo va a aplicar. Dado que hay "dudas jurídicas", declaran a este diario, "se le ha pedido una aclaración al Ministerio sobre si las autonomías son competentes para aplicar el permiso retribuido a los funcionarios", zanjan.
Otra de las dificultades con las que se podría encontrar el Ejecutivo en caso de seguir adelante, es conocer qué funcionarios se encuentran en esta situación "no porque quieren" -en palabras de Puig-. Esto es porque sería necesario que las subsecretarías de cada conselleria elaboraran un listado con quiénes prestan servicios esenciales y quiénes no en sus respectivos departamentos. Algo si bien se había solicitado este lunes, el martes quedó paralizado tras las discrepancias que surgieron con la iniciativa entre los miembros del Consell.
