Ximo Puig. Foto: GVAVALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado este lunes que la Comunitat Valenciana aspira a gestionar el 10% de los 16.400 millones vinculados a los proyectos del plan de recuperación presentado por España para obtener financiación del programa comunitario Next Generation EU. Se trata de proyectos relacionados con rehabilitación sostenible; medioambiente; formación y educación, economía de los cuidados o digitalización.
Puig ha realizado esta petición en la Conferencia de Presidentes de carácter telemático que se ha celebrado este lunes para debatir el reparto del fondo europeo de recuperación con la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.
En la misma reunión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a las comunidades autónomas que serán ellas las ejecutarán la mitad de los fondos vinculados a los proyectos que vayan a ser financiados por el Plan de Recuperación. Sobre los criterios de reparto entre las Comunidades Autónomas, el jefe del Consell ha precisado que esta tarde se celebra una reunión técnica entre los consejeros de Hacienda y el Gobierno para avanzar en los criterios.
Sí ha precisado que será financiación condicionada y que los proyectos se regularán a través de convenios entre los diferentes ministerios y las comunidades autónomas, según el carácter de los proyectos.
En su comparecencia posterior, Puig ha explicado los diez ejes en los que ha estructurado su intervención, en la que ha trasladado la necesidad de una Europa más descentralizada en la gestión.
Sobre los proyectos, el presidente de la Generalitat ha avanzado que la Comunitat está trabajando en colaboración de la industria del hidrógeno en colaboración con otras regiones europeas. También ha reclamado que el calendario de desarrollo de las medidas medioambientales sea "realista" y adaptado a las necesidades de la industria como la cerámica.
Por otro lado, Puig ha reclamado el establecimiento de procedimientos contratación exprés para agilizar los procesos de contratación vinculados a esos fondos europeos, "con todas las garantías y control, pero con máxima eficiencia".
Al respecto, el presidente valenciano ha avanzado que el presidente del Gobierno ha anunciado una reforma de los procedimientos de contratación pública –en concreto de la Ley de Contratos del Sector Público de y la Ley del Sector Público– y ha asegurado que la Generalitat también trabaja en una reforma similar para el ámbito autonómico.
Sánchez ha traslado a los presidentes autonómicos que no va renunciar a pedir el total de 140.000 millones de euros que le corresponden a España de los fondos europeos Next Generation, aunque se ha reafirmado en que primero van a priorizar la obtención de los 72.000 millones en transferencias en los tres próximos años.
Así lo ha confirmado la ministra de Política Territorial y Función Publica, Carolina Darias, quien no obstante ha asegurado que España, va a ir "a por los 140.000 millones que está destinado para nuestro país, pero estableciendo como objetivo inicial los 72.000 millones de euros de las transferencias".
Sánchez ha reafirmado que el plan es ejecutar los 72.000 millones de transferencias entre 2021 y 2023 de la cifra total de 140.000 millones de fondos europeos que corresponden a España, a recibir hasta 2026, con la intención de ejecutar el 70% en los dos primeros años, e ir analizando las necesidades crediticias para dar paso en la segunda parte (2023-2026) a la solicitud de créditos con el montante restante (unos 58.700 millones en créditos).
Darias ha detallado, por ejemplo, que se destinarán 4.500 millones de euros a proyectos que tengan que ver con la rehabilitación sostenible de viviendas; 2.500 millones transición ecológica; 7.000 millones a políticas educativas, "con especial atención a la formación profesional y la digitalización"; 2.000 millones para proyectos que tengan que ver con la nueva economía de los ciudadanos y la igualdad de oportunidades; y 600 millones para modernización y digitalización de las administraciones públicas.
Además, ha anunciado que también se desarrollará un proyecto para impulsar el plan de ajuste de la justicia 2030, con participación del Gobierno, de las comunidades y también de otros actores como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Fiscalía, "que va a afectar a 14 millones de personas", y que servirá para impulsar, por ejemplo, oficinas de justicia en municipios y oficinas digitales. "Es el gran impulso que necesita la justicia", ha afirmado, aunque no ha detallado su cuantía.
Según Darias, el acuerdo alcanzado en Europa sobre los fondos para hacer frente a la crisis del coronavirus exige también en España un "gran acuerdo", que debe incluir a todas las administraciones, los niveles territoriales, y actores políticos y económicos.
Una de las peticiones más relevantes de Ximo Puig ha sido la del establecimiento de un espacio Schengen "sanitario" para garantizar la libre movilidad de personas en la UE en condiciones de igualdad y seguridad. "No puede ser que cada territorio y cada estado plantee medidas restrictivas diferentes a las de otros. Hay que garantizar la movilidad con seguridad sanitaria", ha insistido.
A nivel económico también ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de una armonización de los impuestos de los 28 países de la UE, ya que "no pueden seguir con esas diferencias fiscales que acaban generando desigualdades entre personas".
Otras líneas que ha planteado son una transición ecológica y digital "justa", con un calendario realistas y adaptado a las necesidades de sectores de la Comunitat como la cerámica de Castellón, el plástico o el automóvil, con la planta de Ford Almussafes (Valencia).
El presidente valenciano ha alertado del riesgo de generar "una legión de perdedores y descontentos" entre los trabajadores "incapaces de engancharse a la nueva sociedad digital". Para evitarlo ha urgido a aplicar medidas educativas, pedagógicas y sociales que acomoden la transición a la realidad de los valencianos.
Y en este escenario ha instado a un plan europeo ambicioso "al rescate de una juventud que ha vivido entre dos crisis", con el objetivo de que ayude a estas generaciones a salir del "laberinto" en el que viven desde 2008.
La vivienda y el tren centran sus dos últimas peticiones, primero para generar empleo y aumentar la eficiencia energética como "uno de los proyectos más keynesianos" y después para ayudar a que el transporte público sea seguro. Puig ha destacado especialmente la "gran oportunidad" que se abre para acabar el Corredor Mediterráneo tanto en España como en otros países donde hay atrasos.
Al margen del plan de recuperación, ha vuelto a pedir que la salida del Reino Unido de la UE sea "lo menos Brexit posible, "inteligente y satisfactorio, que no confronte y no traiga consigo prejuicios". "Esta crisis debe ser un punto de inflexión en la arquitectura europea", ha reivindicado, para lograr una unión "con más capacidad de decidir, más federal y más descentralizada".
"Dejadnos la esperanza, Europa para nosotros es la esperanza", ha exclamado al hilo del verso de Miguel Hernández cuando faltan unos días para el 110 aniversario del nacimiento del poeta oriolano.
