Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. El pasado mes de mayo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, decidió acometer la primera crisis del Consell amplia y meditada desde que llegara al Palau en 2015. Una serie de cambios que, con el paso de los meses, han reflejado el que posiblemente era uno de los objetivos implícitos en la decisión: un mayor control por parte de Presidencia en la recta final de la legislatura.
En este tiempo, se ha venido observando cómo en dos instituciones de gran relevancia la conexión con el Palau de la Generalitat se ha estrechado o, al menos, se ha limitado la independencia en las decisiones: es el caso de la Conselleria de Hacienda que dirige Arcadi España y el grupo socialista en Les Corts liderado por Ana Barceló.
Precisamente en ambos puestos se produjeron estas nuevas incorporaciones en mayo. Puig decidió cubrir la marcha del portavoz parlamentario desde 2015, Manolo Mata, de regreso a la abogacía, por la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Además, relevó al histórico Vicent Soler en Hacienda, también en el cargo desde el inicio del Botànic I, por el hasta ese momento titular de Obras Públicas, Arcadi España.
Tras estos seis meses, en la cámara parlamentaria el cambio se ha dejado notar. Si Mata era criticado en ocasiones por sus propios compañeros de Presidencia por su excesiva autonomía -de hecho, aún se lamenta su acuerdo respecto a la tasa turística-, con Barceló parece ocurrir todo lo contrario. Así, en las últimas semanas se han acumulado diversos bloqueos y discrepancias con socios y oposición en Les Corts: ejemplo de ello son la falta de acuerdo para resolver el pago de despidos a los trabajadores de los grupos o la posible indemnización a los diputados -los parlamentarios no tienen paro- que dejen la cámara a final de legislatura. Ambos asuntos tratados recientemente en una comisión de gobierno interior donde Vox se negó a la subida general del 4% de los salarios. Ante ese rechazo, Barceló se opuso a abordar el resto de cuestiones que, a día de hoy, siguen en el aire.
Pero hay más tensiones en la cámara al margen de estas cuestiones internas. En los últimos días también se ha evidenciado el desacuerdo respecto a las energías renovables. Compromís y Unides Podem apelan al acuerdo firmado en mayo -ya con Barceló como portavoz- para incluir en la Ley de Acompañamiento diversas cuestiones para que la implantación de fotovoltaicas tuviera un unos condicionantes en el territorio para que fueran más sostenibles. Las 25 enmiendas elaboradas por estos grupos, entre las que se encuentra la creación de la Agencia Valenciana de la Energía (compromiso del Botànic), también han encontrado el rechazo de Barceló, al considerar que esas enmiendas marcan una hoja de ruta distinta a la que señala la Unión Europea.
Tampoco hay acuerdo a día de hoy en la renovación de seis órganos estatutarios, que necesitan de mayorías especiales en la cámara. Las disensiones en el primer reparto en el Consell Jurídic Consultiu (CJC), con Barceló pidiendo la designación por el PSPV de los dos miembros que corresponden al Consell, ha generado que se evapore la opción de que uno de los cuatro elegidos por Les Corts sea de consenso, algo a lo que el PP pretendía optar. La portavoz socialista no quiere avanzar en los otros órganos hasta la resolución de este, por lo que el debate se irá a febrero.
De esta manera, se evidencia el cambio de paso en Les Corts desde la llegada de la nueva síndica. Tras la independencia en las negociaciones de la que solía hacer gala Manolo Mata, en Presidencia optaron por un perfil más conectado al Palau: en este sentido, desde el resto de grupos parlamentarios señalan que todas las negociaciones son más lentas ahora y se producen virajes en las mismas por parte del grupo socialista que atribuyen a las constantes consultas de Barceló con Presidencia. Un hecho que no desmienten las distintas fuentes socialistas consultadas por este diario.
Por otro lado, también en la Conselleria de Hacienda se ha incrementado el sello presidencial. Si bien es cierto que Soler era leal al Palau, Arcadi España ejerció durante la primera legislatura como jefe de Gabinete del propio Ximo Puig en el Palau, por lo que conoce a la perfección el funcionamiento en el búnker de Presidencia. Es más, de todos es sabido que la comunicación entre el conseller y el jefe del Ejecutivo valenciano es fluida, constante y excede a muchos asuntos que van más allá de Hacienda, por lo que la recentralización del poder hacia el Palau es notable, dado que España no actúa como un mero responsable autonómico del área, sino que lo hace como un efectivo más de Presidencia en la cartera probablemente más importante del Gobierno valenciano: la que se ocupa de las cuentas.
En este punto, eso sí, el conseller ha desarrollado una forma de actuar distinta a la de su predecesor que ha enrarecido el ambiente del 'mestizaje' en Hacienda, dado que en Compromís consideran que sus representantes en la conselleria están siendo más arrinconados. Así, una de las quejas se dirige a que Arcadi España ha prescindido de las reuniones de los consejos de dirección en las que participan todos los altos cargos del departamento. Ahora bien, desde el entorno del conseller remarcan que el dirigente ya no las celebraba cuando estaba al frente de Obras Públicas al considerarlas menos operativas que los encuentros bilaterales con los responsables concretos de cada área. De la misma manera, también critican desde sectores de la coalición valencianista que Arcadi España haya acudido a Alicante y Castellón a comparecencias para informar de los presupuestos en esas provincias sin representantes de Compromís, algo que sí hacía Soler, mientras que el conseller ha decidido presentarlos en solitario.
Al margen de estas dos áreas en concreto, el resto de modificaciones realizadas por Puig en mayo también han asentado esta recentralización hacia el Palau. Si bien en Sanidad se incorporó como conseller el médico Miguel Mínguez, un perfil técnico-sanitario, el grueso del equipo -muy vinculado a Presidencia- ha continuado en la conselleria, por lo que la comunicación con el Palau sigue siendo fluida, al igual que con las incorporaciones de la titular de Obras Públicas, Rebeca Torró, miembro de la Ejecutiva del PSPV y de la consellera de Innovación, Josefina Bueno, más vinculada a la formación socialista que su predecesora, Carolina Pascual.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal