Los grupos de Les Corts reculan y frenan la subida salarial del 4% a los diputados

VALÈNCIA. Los grupos parlamentarios de Les Corts aprobaron este miércoles en la Comisión de Gobierno Interior el proyecto de presupuestos de la Cámara para 2023. Unas cuentas que aumentan hasta los 34 millones de euros frente a los casi 31 del ejercicio actual, lo que supone un incremento del 10,94% en términos porcentuales, pero que finalmente no incorporarán la subida salarial a los diputados de un 4% que habían proyectado inicialmente. 

El rechazo de Vox generó un efecto dominó: PPCV y Ciudadanos se sumaron al partido que de Ana Vega y se opusieron a que las cuentas del año que viene incluyan una subida de sueldo a sus señorías equiparable a la que hace unas semanas se aplicó el Gobierno central, por encima del 3,5% previsto para funcionarios. Un rechazo al que también se sumó sorpresivamente el PSPV, que junto a Unides Podem y Compromís es quien había elaborado las cuentas en la Mesa de Les Corts.  

La subida de sueldo, sin embargo, no fue la única cuestión que se debatió a puerta cerrada: los partidos discutieron -y mucho- sobre la posibilidad de habilitar una partida presupuestaria para abonar una indemnización a los diputados una vez finalice la legislatura. Una paga que percibirían aquellos que no contasen con trabajo al dejar el escaño, y que por tanto no cobrarían ni los diputados que repitieran en el siguiente mandato, ni tampoco aquellos que sean funcionarios de carrera o vuelvan a sus profesiones en las empresas privadas. 

Sin embargo, el rechazo de la oposición al primer punto a debatir derivó en que los socialistas bloquearan cualquier tipo de avance en el resto de cuestiones sobre las que los partidos buscaban un pacto. El PSPV reclamó que los acuerdos se adoptaran por unanimidad porque de lo contrario no participarían en ninguna discusión.Una intervención de su síndica, Ana Barceló, que sorprendió a Compromís y Unides Podem, cuyos diputados presentes en la reunión pretendían salir de allí con algo en claro sobre el posible pago de una indemnización a los diputados al finalizar la legislatura y sobre el pago de finiquitos a los empleados que tienen contratados los grupos y a los que al finalizar el mandato deberán despedir. 

Pero ni una cosa ni otra. La tensión que se vivió fue tan elevada que, incluso, el PSPV advirtió que no volvería a sentarse para debatir sobre estas cuestiones. Una actitud que sus socios en el Consell leen en clave electoral, pues creen que tanto la subida salarial como el pago de una indemnización a diputados al finalizar el mandato tendría un mal encaje entre el electorado al entenderlo como un "privilegio". Además, el grupo parlamentario socialista es el que menos afectado se verá por el despido de personal, puesto que sus empleados han sido contratado mayoritariamente a través del partido, por lo que al acabar la legislatura no tendrán previsiblemente que despedir a nadie. Por tanto, la búsqueda de una solución al problema de fondos con los que afrontar los finiquitos, como ya adelantó este diario, afectaría principalmente a PPCV y Compromís. 

Indemnización al acabar la legislatura

Ahora bien, a pesar del clima de este miércoles, los grupos parlamentarios no dan por perdidas las negociaciones y creen que de aquí a que termine el año podrían lograr sentarse de nuevo para tratar de reconducir la situación. Al menos, en lo que respecta a la indemnización a los diputados que no tengan trabajo cuando dejen el Parlamento. A pesar de las muchas dudas que tiene Vox y del rechazo del PSPV a volver a debatir sobre esto. 

El dilema, en caso de que se vuelvan a sentar a discutir, se encuentra en la fórmula a emplear. Aclaradas las condiciones de quiénes podrían percibir esta paga y quiénes no, quedaría por definir de dónde se sacarían los fondos. La intención inicial en su momento era aumentar el presupuesto de Les Corts de 2023, pero dado que ayer miércoles no logró cerrarse el acuerdo, esta vía no será posible porque la Cámara ha remitido ya al Consell su proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio. Por lo que la única opción que les quedaría y que no han descartado de momento es aprovechar el remanente de las cuentas de 2022 para este fin, de manera que con este dinero se habilitase un "fondo de contingencia social" -así es como lo bautizarían- para abonar esta paga. 

No tienen derecho a paro

El pacto que podría sellarse en las próximas semanas se ha tanteado porque los diputados no tienen derecho a paro y esta ha sido una cuestión que ha traído de cabeza a los partidos del arco parlamentario. De hecho, ya en julio el clima preelectoral hizo que esta cuestión volviera a resurgir en conversaciones privadas entre sus señorías: qué pasaría con aquellos que no tuvieran garantizada la vuelta a sus anteriores empleos o directamente no tuvieran trabajos previos, pues ninguno de ellos tenía asegurado ningún tipo de ingresos. Por tanto, el debate no es nuevo aunque sí recurrente cada cuatro años o cuando el horizonte electoral se aproxima. 

Con la legislación actual en la mano, los parlamentarios no tienen derecho a paro ni a indemnización alguna. Y aunque tanto en la legislatura pasada como en la actual se cerró la puerta a que así fuera -bien por los límites legales que existían, o por lo estético que sería reservar un fondo exclusivo para pagar finiquitos después de no haber cotizado a la Seguridad Social durante cuatro años o que lo percibieran incluso aquellos que vuelven a su plaza en la Administración o a la empresa privada-, ahora el acuerdo podría cristalizar. Eso sí, introduciendo en el pacto salvedades para que no cobre todo el mundo esta indemnización si realmente se cuenta con un sustento económico y, a petición del PSPV, que haya unanimidad para cerrarlo. 

Los salarios de los diputados de la Cámara valenciana rondan los 50.000 euros más o menos. Una horquilla de retribución que aumenta en función de si se ostenta la portavocía en alguna comisión parlamentaria o si el diputado es de fuera de Valencia -pues entonces percibirá una indemnización para sufragar los gastos de alquiler o del kilometraje para desplazarse a la capital-. La cifra sube más aún si se pertenece a la Mesa de Les Corts o si se ocupa algún puesto concreto de la dirección del grupo parlamentario: síndic, adjunto o coordinador. En definitiva, los 50.000 euros en la mayoría de casos termina siendo el salario base y engorda fácilmente hasta los 60.000 con la ayuda de diferentes complementos.

Un debate de dos legislaturas

Los diputados quisieron que cambiara su particularidad -no cotizar y por tanto no tener derecho a paro- en el mandato pasado sin éxito, pues la potestad para modificar el convenio especial de los Parlamentos autonómicos con la Administración de la Seguridad Social recae en el Congreso de los Diputados. Y aunque este fue modificado en su día para garantizar que los concejales cobrasen la prestación por desempleo una vez cesaran en el cargo, no ocurrió lo mismo con los parlamentarios autonómicos, que a día de hoy siguen excluidos. 

La puerta a cobrar paro, por tanto, se cerró en 2019. Y no son pocos los que aún hoy señalan al presidente de Les Corts, Enric Morera, como el responsable de ello por no haber promovido el cambio legal pertinente en Madrid como representante de la institución. "No fue valiente para hacerlo y ahora aún estamos así", se queja un diputado en privado a este diario. Por lo que la única vía que ven viable ahora es la de percibir una paga, algo que también llegó a ponerse sobre la mesa hace tres años pero que al final terminó volviéndose a guardar en un cajón porque nadie quiso asumir el coste de tal petición.

En concreto, en diferentes comisiones de Gobierno Interior los grupos parlamentarios PP, Ciudadanos, Compromís, PSPV, Unides Podem y Vox debatieron la posibilidad de fijar una indemnización como ya habían hecho otros parlamentos como el extremeño. El límite sería una aportación similar al paro de un año, por lo que supondría que cada uno de los 99 diputados cobrase 35.000 euros netos aproximadamente. Unos cálculos que, en suma, supondrían cerca de 3,5 millones de euros en año electoral. 

No obstante, fuentes consultadas por este diario aseguran que los cálculos que se manejan es que apenas un 25% de los diputados cobrarían esta paga, la mayoría de Unides Podem, dado que el resto tendrían el futuro laboral asegurado o repetirán en las listas de sus partidos en la próxima cita en las urnas. Con esa hipótesis, el gasto alcanzaría en torno a los 875.000 euros.