VALÈNCIA. (EP). La Generalitat Valenciana recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) si el Gobierno central "impide" aplicar a los empleados públicos valencianos algunas de las mejoras laborales que el Ministerio de Hacienda y Función Pública negocia para la plantilla pública estatal.
Así se lo ha trasladado la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, a la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado Martínez, durante la reunión que ambas han mantenido este martes en la sede del Ministerio, informa la Generalitat en un comunicado.
Bravo ha asegurado que Hacienda "pretende que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) imposibiliten que aquellas autonomías que no hayan cumplido con la regla de gasto, deuda y déficit puedan aplicar la jornada de 35 horas y ofertar plazas de empleo público suficientes para cubrir las jubilaciones".
Desde la Generalitat advierten que la Comunitat no podría aplicar al personal empleado público algunas de las mejoras pactadas por el Ejecutivo con los sindicatos, como la jornada de 35 horas semanales, porque "el Ministerio quiere incluir en los presupuestos una cláusula que lo impediría en el caso de aquellas comunidades autónomas que, como la valenciana, incumplen las reglas de gasto, deuda y déficit previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".
Esa cláusula limitaría también la tasa de reposición de vacantes de funcionarios a aplicar en la administración de la Generalitat. Por ello, la consellera ha asegurado que el Consell "llevará al Constitucional el proyecto de ley de Presupuestos si, una vez más, el Gobierno castiga a la Comunitat con un efecto colateral de la infrafinanciación, porque no puede cumplir con el objetivo del déficit si no tiene los recursos necesarios para ello".
Gabriela Bravo ha transmitido así a la secretaria de Estado su rechazo a "la pretensión gubernamental a impedir que la Comunitat Valenciana aplique dos de las tres mejoras pactadas en el acuerdo alcanzado con los sindicatos".
Estas mejoras incluyen el aumento del salario de los trabajadores públicos hasta un máximo del 8,79% hasta el año 2020 (incremento que sí podrá aplicar la Generalitat para sus plantillas), la jornada laboral de 35 horas semanales y que la tasa de reposición vuelva a ser del cien por cien de las bajas por jubilación.
La consellera ha asegurado que la Generalitat no tiene un problema de gasto "sino de ingresos, debido a un sistema de financiación injusto que escamotea a los valencianos lo que les corresponde por población y actividad económica, tanto en transferencias corrientes como en inversiones". "Es lamentable que el Gobierno central esté instrumentalizando el control del déficit en perjuicio de algunas autonomías", ha añadido.
La pretensión gubernamental, según la consellera, sitúa a los funcionarios valencianos en una situación de "manifiesta desigualdad" por el hecho de trabajar en la Comunitat frente al resto de funcionarios del Estado y de otras autonomías. Esta situación se traduce, según Bravo, "en una desigualdad que les perjudica para llevar a cabo jornadas laborales compatibles con la plena conciliación familiar".
Respecto a reducción de las tasas de reposición de las vacantes, Bravo ha remarcado que esa medida "frenará la necesaria regeneración de una administración pública".
Una plantilla, la de funcionarios públicos valencianos, que "adolece de elevadas tasas de envejecimiento", ya que más del 60% del personal tiene cincuenta o más años, y el 36% de la plantilla está en situación de precariedad laboral, "lo que nos impediría impulsar políticas públicas que necesita la ciudadanía", ha zanjado.
