VALÈNCIA. El paso a la Fase 1 de desconfinamiento logrado por la Comunitat Valenciana este viernes tiene cierto sabor agridulce para el Gobierno que preside el socialista Ximo Puig. La decepción sufrida la pasada semana al conocer que tan solo 10 de los 24 departamentos de salud del territorio podrían avanzar provocó una tensión con el Ministerio de Sanidad que concluyó días después cuando el Consell vio encarrilado su pase a la siguiente etapa. Ahora bien, un avance condicionado.
Para empezar, el Gobierno valenciano ha renunciado a una de sus banderas durante este proceso: la organización por departamentos de salud. Una fórmula defendida tanto por Puig como por la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, que este viernes desapareció de un plumazo en palabras del director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón: "A partir de ahora, la Comunitat Valenciana va ser valorada por cada una de sus tres provincias en conjunto", señaló el experto.
Una afirmación por la que se interpretaba que el ministerio había impuesto finalmente su criterio inicial para que la organización se realizara por provincias y no por departamentos de salud, tal y como había propuesto y ejecutado el Gobierno valenciano. Sin embargo, a preguntas de los medios, Simón aseguró que la petición había procedido de la conselleria que lidera Ana Barceló que, de esta manera, arrojaba la toalla en su intención de proseguir con el citado sistema.
Ahora bien, esta decisión, conlleva una consecuencia importante. Los diez departamentos que habían pasado de fase inicialmente no pasarán, a priori, a la siguiente etapa el lunes 25 de mayo, sino que tendrán que 'esperar' al resto de su correspondiente provincia para, si los indicadores son favorables, progresar conjuntamente el 1 de junio. En este sentido, cabe recordar que, tal y como anunció en su día el Gobierno de España, la permanencia mínima en cada una de las fases del desconfinamiento es de 14 días, por lo que ninguna provincia de la Comunitat Valenciana podrá pasar íntegramente de fase la semana que viene, dado que inicialmente progresaron unos departamentos sí y otros no. Por ello, salvo que el ministerio cambie de criterio, los diez departamentos más avanzados tendrán que prolongar su estancia en la Fase 1 una semana adicional para que los rezagados alcancen el periodo mínimo de tiempo preceptivo para evolucionar.
Una circunstancia que, desde la conselleria se admitía al señalar, a preguntas de este diario, que el paso de fase no es automático sino que debe solicitarse por parte del Gobierno autonómico, entre el lunes y el miércoles de la semana anterior, dando a entender que no se pediría en esta ocasión. Así pues, no habrá ningún avance de fase en la Comunitat Valenciana hasta, al menos, el 1 de junio, salvo que el Gobierno de España cambie su criterio. Una posibilidad que desde Andalucía, controlada por el PP y Ciudadanos, se exigió este viernes al Ejecutivo al solicitar que el día de 25 de mayo progresen las ocho provincias de golpe, lo que parece poco probable dado que rompería uno de los principales criterios epidemiológicos establecidos consistente en la permanencia de 14 días.
En cuanto a los motivos de este cambio en la organización de la Comunitat, las fuentes de la conselleria consultadas por este diario se refirieron a "cuestiones de movilidad". Precisamente, esta era la postura del Gobierno cuando se mostraba reticente a la organización por áreas de salud al considerar excesivamente complejo el sistema a la hora de controlar los desplazamientos de la población. Un factor que quizá podía haberse gestionado con alguna fórmula mixta -organización sanitaria por áreas y movilidad provincial- pero que finalmente no cuajó. Cabe recordar que al País Vasco sí se le permitió una movilidad 'a la carta', siendo la única comunidad en la que se puede circular de una provincia a otra.
Este área de salud se había situado en el centro de la polémica tras anunciar la conselleria que había solicitado la restricción para las reuniones de hasta 10 personas debido a un repunte de casos en el departamento. Una circunstancia que causó un notable malestar entre un buen número de alcaldes que lamentaron la poca concreción de los argumentos y datos ofrecidos. Sin embargo, la decisión anunciada ayer no incluye ningún veto específico para el área de La Ribera.
En este sentido, fuentes socialistas de la comarca señalaron a que habían hecho llegar su enfado a Madrid, sin concretar la influencia que esto podría haber tenido en la decisión final. Lo cierto es que, tras la jornada de este viernes, no quedó claro si fue la conselleria la que se retractó de su propia petición ante el ministerio o si fue el Gobierno de España el que no vio suficientemente argumentada o relevante la prudencia con la que estaba actuando la Generalitat respecto a este departamento. Más allá de esto, el cambio al régimen provincial incluyó a La Ribera en el avance global sin ninguna particularidad.
Sí se tendrá en cuenta, aunque matizada, la otra petición del Gobierno valenciano. Inicialmente, Barceló apuntó a la restricción en los actos al aire libre de hasta 200 personas que se permite en la Fase 1 al considerar que era la actividad que "mayor riesgo" conllevaba. Una medida que tampoco agradó en el ámbito cultural, donde no pocos se preguntaban qué tiene de especial la Comunitat Valenciana para aplicar un veto que no se ha impulsado en otras autonomías. Finalmente, la restricción que se aplicará a todo el territorio es que la
celebración de actos y espectáculos al aire libre podrá realizarse siempre y cuando se limite a una capacidad máxima de 30 personas.
El ministro Illa también detalló otras medidas que permitirán para las comunidades o áreas sanitarias que están o pasan a la Fase 1 aparte de las reuniones en domicilios de hasta 10 personas o de la apertura de terrazas.
- Se permitirán actividades de caza y pesca.
- Los locales de más de 400 metros podrán abrir delimitando el espacio de atención al público a esa medida, cumpliendo con una serie de requisitos que se especificarán.
- Que las comunidades autónomas determinen la apertura de los centros de día para garantizar la prestación del catálogo de servicios o que valoren si es mejor prestarlo de otra forma. Todo ello en función de la situación sanitaria.