VALÈNCIA (EP). El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado este lunes después de que el Bloc --partido mayoritario en Compromís-- defendiera la amnistía para los líderes del 'procés' que "esa es una posición de un partido político" que él respeta, pero cree que en estos momentos "no estamos en ese espacio".
"Todas las miradas son legítimas y cada uno las puede plantear desde el punto de vista de las ideas", ha dicho, al tiempo que ha apuntado que a día de hoy lo principal en Cataluña es "recobrar la normalidad institucional" y que el Govern catalán "claramente se posicione frente a la violencia".
A partir de esa situación de normalidad, ha incidido en su posicionamiento de "diálogo dentro de la ley" porque "si alguien rompe las reglas del juego es muy difícil que después puedan construirse otras reglas". "Todo se puede discutir en el ámbito de la Constitución, se puede discutir el cambio de la Constitución, del Estatuto, pero no alterar las reglas del juego porque si no, ¿quién dice que las nuevas reglas del juego van a ser aceptadas por los demás?", ha indicado.
Por ello, para el 'president' valenciano "el ejercicio de asumir la realidad democrática es fundamental antes de cualquier cosa".
Preguntado sobre si ese pronunciamiento del Bloc podría tener repercusiones en su relación con Compromís, Puig ha incidido en que "en el ámbito partidario cada partido puede tener su opinión". "Y yo la respeto, otra cosa es que coincida con ella", ha puntualizado.
Además, ha subrayado que eso no afecta al Consell porque no está en el ámbito de competencias ni del Botànic. "El gobierno valenciano sí que está de acuerdo en que tenemos que buscar la mejor cohesión y equilibrio territorial en España", ha incidido, bajo la premisa de la singularidad entre territorios e igualdad entre españoles, y ha recordado la propuesta por la federalización.
Por tanto, a su juicio, es "lógico que haya visiones particulares" dentro de cada uno de los grupos que componen el Consell: "El PSPV tiene otra opinión, pero yo respeto las opiniones de otros partidos".
Preguntado sobre el hecho de que el PPCV le pida que rompa con Compromís tras ese posicionamiento, ha insistido en que cada partido tiene el derecho de tomar sus decisiones y él respeta tanto lo que plantea el Bloc como lo que pueda plantear el PP.
"Yo, como presidente de la Generalitat, lo que digo es que estamos situados en un espacio claro: ley y diálogo", ha reiterado, porque "sin aceptar el Estado de Derecho es imposible que pueda surgir la convivencia, no existe un espacio de libertad ni pluralismo".
Por otra parte, ha continuado, "es cierto que es necesario buscar el diálogo, porque sin el diálogo no hay solución y la política es diálogo". A partir de ahí, ha aseverado que "lo fundamental es que se recupere la normalidad democrática en Cataluña", que "se abra un espacio de cohesión entre los propios catalanes, y que haya una mirada inclusiva y que todo el mundo pueda vivir con sus ideas".
"Aquí no se está y no se pueden perseguir ideas, sino que lo que se tiene que perseguir es la violencia y a los intolerantes, aquellos que lo que provocan es inestabilidad", ha señalado, para advertir también que "lo que no puede ser bajo ningún concepto" es que quienes tienen la responsabilidad de gobernar puedan "en algún momento sentir la equidistancia frente al fenómeno de la violencia, no tiene ningún sentido".
Puig ha incidido que los presidentes tienen como misión principal "defender la convivencia, la paz y un Estado de Derecho en que las personas puedan discrepar pero con la palabra, no con la violencia".
Así, ha recordado que ha habido manifestaciones "legítimas" de ciudadanos que no están de acuerdo con una sentencia pero "lo que es ilegítimo y tienen que combatir las fuerzas de seguridad es la violencia de aquellos que quieren alterar al sistema democrático".
"Los gobiernos no pueden mantener una situación equidistante frente a la violencia, tenemos que estar con una actitud activa y no se puede, en ningún caso, hacer una lectura interesada y partidista en esta cuestión", ha zanjado.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal