VALENCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dio este lunes un nuevo paso en su particular cruzada en defensa del sistema autonómico y, en especial, de los intereses valencianos. Así, el jefe del Consell se reunió con su homólogo de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, para hablar de reivindicaciones coincidentes de ambas regiones.
La particularidad del encuentro es que el presidente valenciano se reunía por primera vez con el responsable de una autonomía dirigida por el PP: una maniobra que resulta interesante desde el punto estratégico de cara a la transversalidad de su propuesta más allá del signo político de quién gobierne. Tras este encuentro, y después de haberse reunido ya con Aragón, Baleares y Andalucía, todo apunta a que Cataluña podría ser la siguiente parada del líder valenciano.
En este sentido, cabe recordar que el jefe del Consell ya solicitó públicamente días atrás la convocatoria de una conferencia de presidentes autonómicos para tratar, entre otros asuntos, las medidas de ajuste que quiere aplicar Bruselas para paliar el déficit. Una idea en la que Puig viene insistiendo dentro de su hoja de ruta para, como apuntan fuentes de la Generalitat, "dignificar el papel de las comunidades autónomas y su papel como Administración votada por los ciudadanos que posee unas competencias". En definitiva, levantar la mano para que las CCAA tengan voz dentro de las decisiones de España.
Así pues, con este encuentro, Puig sigue cumpliendo su camino en el diseño de un frente autonómico -si bien desde su entorno prefieren hablar de tender puentes- dirigido a reivindicar y poner el valor la defensa del Estado de las Autonomías así como los intereses valencianos.
En cuanto al encuentro en sí, ambos presidentes coincidieron en la necesidad de revisar el sistema de financiación autonómica e incorporar criterios como el de la "población real", según Sánchez. El objetivo, añadió Puig, es garantizar a los ciudadanos una prestación de unos servicios públicos de calidad y que tengan una financiación, "al menos, como la media nacional".
Se trata de un ámbito en el que los dos recordaron que ya han mostrado su compromiso en cumplir sus respectivos objetivos de déficit. "No queremos gastar más de lo que ingresamos", subrayó Sánchez, pero para cumplir el objetivo insistieron en la necesidad de cambiar el sistema de financiación autonómica.
En concreto, consideraron que todas las comunidades deben jugar "con las mismas cartas y herramientas", y Sánchez avanzó que la Región cumplirá el objetivo en "igualdad con la media". Además, recalcó que el modelo de financiación actual hace que Murcia perciba 230 millones medio con respecto a la media nacional, lo que "lastra y dificulta de una manera decisiva el cumplimiento".
Puig , por su parte, ratificó que hay una "falta de cumplimiento de la Constitución" y de la Ley de financiación de las comunidades, porque "está determinado que tanto Murcia como Valencia tengamos una renta per cápita bastantes puntos por debajo de la media nacional", algo que no se corresponde con la "vitalidad" de sus economías.
A este respecto, Sánchez valoró que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) creara el pasado viernes el grupo de expertos para avanzar en un cambio de modelo, pero pidió "que no se pierda ni un minuto y se avance en lo que se pueda, porque será corregir una situación de desigualdad".
En este sentido, Puig solicitó un sistema de financiación autonómica "transparente, claro y sin subterfugios", porque, en caso contrario, se producirá "un desgarro mayor entre unos ciudadanos y otros en España".
En materia de agua, Sánchez mostró su "firmeza" en la defensa del trasvase Tajo-Segura, al considerar que es un "instrumento de solidaridad y de vertebración del país" que "está funcionando bien". A su juicio, la infraestructura "tiene que seguir vigente porque, además, está protegido por ley y no se cuestiona en absoluto".
En este sentido, avanzó que el Gobierno murciano va a estar "vigilante" en el cumplimiento del Memorándum y del trasvase, que "influye de forma determinante en la creación y mantenimiento de empleos en la Región". Por ello, hizo un llamamiento al "consenso, al dialogo y al acuerdo".
Su intención, en este sentido, es "acabar de forma definitiva con la guerra del agua, porque nosotros no somos personas de enfrentamiento, de distorsión ni de estridencia". Al contrario, apeló a alcanzar "grandes consensos que den lugar a un gran pacto nacional del agua que solucione de forma definitiva los problemas de déficit hídrico de una parte importante del país".
"Nosotros somos gente de paz, de negociación y de acuerdo", recalcó Puig, quien coincidió en que este tema no puede ser un instrumento de "confrontación" sino de "mejora para la economía". Así, valoró que el Tajo-Segura es un instrumento "fundamental" que espera que continúe "tal y como está establecido por ley".
No obstante, Puig avanzó que, si en el futuro hay una renovación general en el marco del Pacto Nacional del Agua, "todo puede tener sus circunstancias". Con todo, consideró que el trasvase "va a ser fundamental en el futuro para nuestra agricultura".
Al ser preguntado por las posturas de los gobiernos de Aragón y de Castilla-La Mancha en materia hídrica, Puig reconoció que no está de acuerdo con ella. No obstante, apostó por "dialogar de forma permanentemente" con todas las cuencas que podrían aportar soluciones y buscar remedios "también desde el ámbito de las necesidades que tiene Castilla-La Mancha".
En cuanto a la posibilidad de construir nuevos trasvases, Puig insistió en que, en estos momentos, su Gobierno apuesta claramente por el mantenimiento del actual Tajo-Segura, aunque no ha descartado ninguna opción en el futuro. "Nosotros no tenemos ninguna posición dogmática a este respecto, y solo queremos agua de calidad y para siempre, de forma concertada", puntualizó.
Puig también abogó por mejorar en la desalinización y en explorar las propuestas de ahorro energético y de tarificación favorable. Asimismo, alabó el sistema de depuración de aguas residuales, que en la Región de Murcia "está más avanzado que en la Comunidad Valenciana", y se marcó el propósito de trabajar en este ámbito.
A este respecto, pidió al Ministerio de Agricultura que la desaladora de Torrevieja "pueda conseguir la máxima capacidad posible, que sería más que lo que obtiene la provincia de Alicante por el trasvase". No obstante, subrayó que sería "interesante" obtener ese agua a precios "competitivos".
En tercer lugar, el presidente murciano recalcó la coincidencia de ambos gobiernos autonómicos en la defensa "irrenunciable" del Corredor Mediterráneo" y en avanzar "con más celeridad" en su culminación, que uniría una zona de España que concentra más del 70 por ciento del PIB nacional.
En concreto, coincidieron en la necesidad de implantar el tercer hilo en todo el tramo ferroviario, así como conocer los proyectos relativos a la conexión de Alicante y Murcia, y "acelerar aquellos proyectos que hoy se encuentran en relación, sobretodo de Valencia hacia el sur y la inclusión de dotación en los Presupuestos Generales del Estado".
Puig apoyó que el Corredor Mediterráneo es un proyecto "de Estado" y, probablemente, el "más importante para la economía española" en cuanto a infraestructuras. "No se puede ser siempre tan pacato y no se puede estar teniendo que exigir cada día lo que es obvio", según el presidente valenciano, quien cree que esta obra debe avanzar a "paso veloz" porque "es fundamental para la recuperación económica de España".
En este sentido, adelantó que se van a convocar al conjunto de regiones del arco mediterráneo, pero "no con una visión de confrontación, sino de apoyo y para visibilizar que esta infraestructura es fundamental".
Finalmente, ambos presidentes también reclamaron la necesidad de prolongar la autovía Jumilla-Yecla hasta Caudete (Alicante) para enlazar con la Comunidad Valenciana.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal