FOTO: EUROPA PRESSPocas cosas en esta vida generan más dudas, incertidumbre y desazón que hablar de pensiones. Y pocas cosas generan más protestas que el importe que se percibe. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos que semanalmente hay manifestantes a lo largo y ancho de nuestra geografía pidiendo “pensiones dignas ya”. Siempre son personas mayores, colectivos de jubilados, los que vemos con megáfonos y pancartas.
Sin embargo, nunca vemos a aquellos cuyas pensiones más peligran. Los jóvenes nunca protagonizan las demandas por las pensiones. El problema que plantea la sostenibilidad del sistema de pensiones radica en el difícil equilibrio entre mejorar la vida de los que hoy las perciben con los que tienen que pagarla o, más bien, con los que la percibirán en el futuro. ¿Por qué, siendo los jóvenes una parte afectada en esta negociación, no luchan por sus derechos? ¿Por qué aquellos que se sientan en la mesa de negociación no sienten la necesidad de defender los derechos de los que pagan esas pensiones? ¿Por qué los representantes públicos parecemos ajenos a aquellos que cobrarán las pensiones en el futuro?
Podríamos decir, que una parte de la respuesta a esta pregunta radica en dos conceptos: el de la inmediatez y la premura. Los jóvenes actualmente se ven asediados por problemas que impactan de lleno en su presente y que son más acuciantes, que la posibilidad o no de cobrar pensiones dignas en el futuro. Las elevadas tasas de paro juvenil, que marcan récords en la Unión Europea, el retraso de la edad de emancipación, los elevados precios del alquiler de la vivienda, la sobrecualificación con la que acceden a la mayoría de los puestos de trabajo o la previsible imposibilidad de formar una familia, por decir tan solo algunos. Por otro lado, aunque espero pensar que, de una forma no tan rotunda, la propia desafección hacia un sistema que no ha dado muestras de luchar por sus intereses o porque, en un porcentaje residual, son poco conscientes del problema al que se enfrentarán en el futuro; más bien que enfrentaremos como sociedad.
Sin embargo, ni los jóvenes con su porción de responsabilidad ni, en ningún caso, los representantes públicos podemos ignorar que nuestro sistema de previsión social actual es un mecanismo de reparto que supone que los trabajadores de hoy pagan las pensiones de hoy. Es un mecanismo de solidaridad intergeneracional que debe tener en cuenta a las dos partes contratantes. La situación en la que nos encontramos resultará en cada vez más pensionistas que mantener durante más años y cada vez menos incorporaciones al mercado de trabajo y con trabajos cada vez más precarios. Con todo, la sostenibilidad del sistema y la estabilidad del pacto intergeneracional se hace más cuesta arriba.
El sistema es mucho más complejo y daría para escribir varios libros, pero ver esta mañana a ese grupo de mayores emplazado en la Puerta de los Leones pidiendo la dimisión del Ministro Escrivá me ha animado a escribir aunque sólo sea unas líneas.
El Gobierno y los sindicatos han ignorado a una parte de este contrato del que hablábamos para centrarse en el bienestar de un solo grupo, muy homogéneo y con intereses totalmente alineados que ha sabido jugar la batalla política que los jóvenes no han sabido, o no les hemos dejado. Tras alcanzar un acuerdo político con los agentes sociales, el Ministro Escrivá saca así adelante la primera gran reforma o más bien la primera patada hacia adelante de este Ejecutivo en materia de pensiones.
Es una reforma en dos tiempos que, de momento deja en el tintero los asuntos más polémicos como la adaptación del periodo de cómputo a las nuevas realidades del mercado laboral, la equiparación de los distintos regímenes de cotización, la puesta en marcha de sistemas de previsión social complementarios a las pensiones públicas o reformar las pensiones máximas, para finales de año.
De las reformas más importantes que se van a aprobar ahora, a falta de ver los detalles, encontramos:
El asunto de la revalorización. Y es que cuando se trata de la dignidad de las pensiones todos estamos de acuerdo en que debemos garantizar unas pensiones dignas. Pero ¿tomar como única referencia el IPC y eliminar el factor de revalorización de las pensiones es la mejor estrategia para conseguirlo? ¿No deberíamos solucionar los problemas de los ingresos del sistema antes de ver qué hacemos con los gastos? ¿Podemos ignorar los problemas del resto del sistema cuando hablamos de revalorización de las pensiones? ¿El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones no debería venir de la mano del mantenimiento del resto de pilares del Estado del Bienestar? ¿Qué servicios públicos estamos dispuestos a sacrificar para financiar la revalorización de las pensiones?
Todas estas preguntas tienen una respuesta dolorosa para los jóvenes si asistimos a las reformas acordadas por el Ministro Escrivá. Ya que en estas reformas prescinde de uno de los mecanismos, sobre el que podemos discutir en términos de su diseño, pero que en espíritu reflejaba de una manera indiscutible la necesidad de una mirada a largo plazo en materia de pensiones. El factor de revalorización nos permitía mirar el asunto de las pensiones con mirada de joven y atender a su situación para mantener los términos de pacto intergeneracional. Sin un mecanismo como este, ya se llame factor de revalorización o de equidad intergeneracional, estaremos condenados a financiar cada año una parte mayor de las pensiones con fondos de los PGE, con esos fondos que se emplean en educación, sanidad o servicios sociales.
En este punto, no podemos caer en la trampa de inyectar fondos de los PGE al sistema para cubrir esos llamados gastos impropios, en una simple artimaña contable que irá ajustándose de forma proporcional con el incremento del déficit de la caja de la Seguridad Social.
Otras modificaciones como la de alinear la edad ordinaria y edad efectiva de jubilación con la modificación de los coeficientes de la jubilación anticipada, los nuevos incentivos a la jubilación demorada, la modificación de la jubilación parcial y la reforma de las cláusulas de jubilación forzosa, son muy positivas. Con ello se quiere aumentar la participación de los mayores en el mercado laboral, que presentan tasas de actividad de las más bajas de la OCDE. Con esto conseguiremos reducir los desequilibrios, pero solo de forma parcial y del todo insuficiente.
En definitiva, quedan muchos pasos por dar, pero los que el Gobierno y los agentes sociales parecen dispuestos a iniciar caen en los mismos problemas que ya hemos visto antes y deja a la intemperie a los mismos, a aquellos que pagarán las pensiones y que no parecen importar a nadie.
