Rafael Blasco, exconseller de Cooperación. Foto: I CABALLER/CORTSVALÈNCIA. El que fuera siete veces conseller Rafael Blasco declaró este jueves como principal acusado en el juicio por el desvío de fondos, cinco millones de euros, destinados a once proyectos en el tercer mundo dentro de las piezas II y III del caso Cooperación, dentro de la cual se encuentra la construcción de un hospital en Haití.
Blasco fue el primero de los procesados en enfrentarse a las preguntas de las acusaciones, pero al haber alcanzado un acuerdo con el Ministerio Fiscal, y amparándose en su derecho, decidió acogerse a su derecho a no declarar, previamente, ya se había sentado en el estrado solo para contestar al fiscal, al magistrado y a su letrado sobre la conformidad alcanzada con el Ministerio Público. Simplemente le preguntaron si estaba conforme con el acuerdo alcanzado por su defensa y el fiscal. “Sí, estoy de acuerdo con los hechos” fue la única frase que salió de sus labios.
De hecho, se sentó delante del micrófono, y las únicas palabras que salieron de su boca fueron dos síes más ante las preguntas del magistrado sobre si estaba conforme con el acuerdo de conformidad. Eso sí, su letrado dijo que “nos reservamos el derecho a última palabra”, de lo que se deduce que podría explicarse al final del juicio, y solicitó la imposición de costas para la Generalitat y la coordinadora.
Previamente al exconseller, habían ratificado los acuerdos ante la Sala los seis acusados que tenían conformidad con todas las acusaciones que son Carlos Andrés Chus, Rosa María Castelo, Alberto Pampín, Luís Freire, José Boyaín y Miguel Ángel Climent Struch.
Tras ellos, fue el turno de las cuatro personas que tienen un acuerdo parcial con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat, pero no con la coordinadora de ONGD. En este caso fueron Josep María Felip, Alfonso Navarro, Fernando Darder y Jesús Urquiza quienes asumieron ser culpables de los delitos de los que les acusaban estas dos partes.
En cuanto a los principales acusados junto a Blasco, es decir, Agustina San Juan, que es la única que no tiene responsabilidad civil por ninguna de las acusaciones, José Antonio Llinares, Arturo Tauroni, María Isabel Castillo, Alina Lisenko y Cesar Augusto Tauroni, al igual que el exconseller, se limitaron a asumir su responsabilidad con un sí y a escuchar como las otras dos acusaciones solicitaban celebrar el juicio. Fernando Cañete, acusado por la Abogacía de la Generalitat y la coordinadora, también asumió los hechos de los que venía siendo acusado por la abogacía, pero no llegó a ningún acuerdo con las ONGD.
Después de las conformidades llegó el turno de los interrogatorios. Comenzaron aquellos que tienen algún tipo de conformidad. El primero fue Rafael Blasco que se acogió a su derecho a no declarar. Tras él, el resto de los procesados hicieron lo mismo que Blasco y se acogieron a su derecho a no declarar a excepción de Fernando Darder que respondió a una pregunta de su letrado para decir que ratificaba lo que declaró ante la policía.
Los siete procesados que no han llegado a un acuerdo de conformidad aplazaron sus declaraciones hasta el próximo lunes.
Seis acusados más han alcanzado acuerdos totales con todas las acusaciones (Fiscalía, Abogacía de la Generalitat y Coordinadora Valenciana de ONGD); otros cuatro han presentado conformidades con Fiscalía y Abogacía de la Generalitat y uno más únicamente con Abogacía.
En el primer grupo, con pactos que implican a todas las acusaciones, figuran Andrés Chust, Rosa María Castelo, Alberto Pampín, Luis Freire, José Bollaín y Miguel Ángel Climent Estruch, este último a quien no acusa la Coordinadora. Todos ellos han seguido el proceso de reconocer los hechos ante la Sala y mostrarse de acuerdo con las penas establecidas.
Los acuerdos que el fiscal ha calificado como "parciales", dado que solo Anticorrupción y Generalitat los han suscrito, son el ex director general de la Conselleria José María Felip; Alfonso Navarro; el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, y Jesús Urquiza. El letrado de las ONG, que no firma estas conformidades, ha considerado necesaria la práctica de prueba para "aquilatar la responsabilidad penal y pecuniaria" de estos acusados.
Los principales acusados forman el tercer grupo, con acuerdos únicamente con Fiscalía, mientras que en el caso de otro de los procesados, Fernando Cañete, solo tiene un pacto con la Abogacía porque Fiscalía no le acusa, mientras que las ONG han vuelto a mostrar su "disconformidad".
En esta jornada estaba previsto que comparecieran Blasco, Augusto César Tauroni y Alina Indiekina, pero todos ellos se han acogido a su derecho a no declarar. En el caso de Tauroni, sí se ha pronunciado su letrado para destacar que el acuerdo alcanzado "no supone un suelo", sino que está "abierto a circunstancias que pudieran suponer una reducción de la pena".
Asimismo, las principales defensas han coincidido en reservarse el derecho a la última palabra y han insistido ante la Sala en la "innecesariedad de la práctica de la prueba", ante lo que Generalitat y ONG han reiterado su "disconformidad" y han pedido la "prosecución del juicio hasta lograr una sentencia justa".
El fiscal Carrasco también ha considerado innecesaria la declaración de los acusados que tienen algún tipo de acuerdo, a lo que ha respondido el abogado de uno de los procesados que no ha firmado ninguna conformidad, puesto que ha defendido que el hecho de que estos acusados no declaren puede perjudicar a su cliente.
De este modo, el resto de acusados con pactos ha seguido la línea de no declarar, a excepción de Fernando Darder, que exclusivamente ha respondido a su abogado para ratificarse en todas sus declaraciones previas. Aquellos que no han llegado a ninguna conformidad han comparecido únicamente para explicar que declararán la próxima semana, después de conocer y estudiar el contenido de los pactos presentados este jueves.
