VALENCIA. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho un llamamiento para que se interrumpa la sangría de empresas que, debido a la inestabilidad política, han abandonado la comunidad autónoma en el último mes. Por el momento, más de 1.000 se han reubicado tras el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, a las que hay que sumar otras 1.000 de pequeño y mediano tamaño, el 1% del total de firmas catalanas, que han decidido hasta ahora trasladar su sede social fuera de Cataluña.
Rajoy ha llamado a la calma para que no se vayan "más empresas ni depósitos" porque "esto se arreglará y sin más daño para nadie. Podemos estar tranquilos", ha asegurado. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado las medidas que, al amparo del artículo 155, se aplicarán para intervenir en Cataluña, Rajoy ha asegurado que se va a trabajar "por la normalidad, por la concordia y por la buena convivencia".
En su comparecencia ha añadido que el Gobierno va a trabajar porque todos los catalanes, independientemente de lo que piensen y opinen, "puedan volver a sentirse unidos y partícipes de un proyecto compartido de futuro, en Europa y en el mundo". Y ese proyecto, ha dicho, "se llama desde hace muchos siglos, España".
Entre el 2 y el 9 de octubre, abandonaron esa comunidades autónoma 219 empresas (la mayoría, 212, el día 9), a las que se sumaron 177 compañías el día 10; 155, el día 11; 81, el día 13 (el día 12 fue festivo); 60, el lunes, 16; 105, el martes; y 112, el miércoles.
Esta inquietud ha llevado a un 11% de PYMES a afirmar que ya ha abierto cuentas bancarias fuera de Cataluña y a un 13% a decir que lo piensa hacer, mientras que un 23% siente inquietud financiera pero no abrirá cuentas fuera y un 54 % no se siente inquieto en absoluto, según una encuesta de Pimec sobre el impacto del debate político en el tejido empresarial.
El 7 de octubre, el BOE publicaba el real decreto-ley aprobado con el que el Gobierno pretendía agilizar el cambio de sedes sociales de las empresas catalanas en territorio nacional. En el texto, en el que no se mencionaba a Cataluña, señalaba la existencia de una "extraordinaria y urgente necesidad" de "garantizar la plena vigencia del principio de libertad de empresa consagrado en el artículo 38 de la Constitución" y de "respetar la prohibición de adoptar medidas que obstaculicen la libertad de establecimiento de los operadores económicos prevista en el artículo 139 de la Constitución".
La Comunitat Valenciana ha sido la seguna región más beneficiada, por detrás de Madrid, al haber sido el destino elegido de dos de los traslados de mayor volumen: el de CaixaBank, a València, y el de Banco Sabadell, a Alicante. Banco Mediolanum también acordó en su junta de accionistas traspasar su domicilio social de Barcelona a València con el fin de garantizar los intereses de sus clientes, mantener la normalidad y asegurar "un marco estable" para el desarrollo de su actividad bajo la supervisión del BCE.
Según el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, desde el 1 de octubre, ya serían un total de 17 firmas catalanas las que se habrían fijado en la Comunitat Valenciana para fijar su domicilio social. Por provincias, siete empresas habrían ido a parar a València, seis a Alicante y otras cuatro se habrían mudado a Castelló.