Ratifican la multa de 300 euros a Tiller por no acudir a declarar como imputado en el caso Alquería

VALÈNCIA. El que fuera cogerente de la empresa pública Divalterra, el socilista José Ramón Tiller, deberá pagar una multa de 300 euros tras no acudir a declarar como imputado en el caso Alquería. La multa le fue impuesta por el magistrado instructor Miguel Ángel Casañ, el pasado mes de junio, pero Tiller recurrió la decisión. Ahora, un auto de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, ratifica la decisión tomada por Casañ, y obliga al socialista a pagar la multa.

Tal y como informó este periódico en junio, José Ramón Tiller, había sido citado después de que algunos de los contratados de Divalterra, en su declaración ante el juez a principio del mes de junio, atribuyeran al socialista la llamada para que pasaran a formar parte del equipo de dirección de la empresa pública e indicaran que "no pasaron ningún proceso selectivo aunque el propio cogerente les dijo que sí lo hubo con carácter previo".

En el Auto de la Audiencia Provincial se explica que el abogado de Tiller pidió que se suspendiera la declaración porque tenía una citación en un juzgado de Lo Civil en Gandia, pero el magistrado desestimó la petición "al tener preferencia el orden penal". Al no comparecer, el juez multó a Tiller y su abogado recurrió, primero en reforma y luego en apelación.

El juez ponente cuenta en su auto que, "el magistrado instructor, no admitió el recurso y no suspendió la declaración" y, "ante la inasistencia, se le impone la multa y se le apercibe de la comisión de un delito de obstrucción a la Justicia".

Añade el auto que la citación estaba presente y que "la parte no podía desconocerla", ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que "estos recursos no suspenden el curso del procedimiento" y, por tanto, "era irrelevante el curso que se diera a la petición de reforma a los efectos de la obligación de acudir el llamado a la citación del juez, y máxime siendo en la condición de investigado".

Por último, explican que la petición del abogado de anular la multa porque no podía acudir, nada tiene que ver con el hecho de que el imputado, en este caso Tiller, no acudiera a la citación judicial. Sobre este punto expone el juez que: "la realidad ha sido que la declaración no ha podido realizarse por la inasistencia del investigado, y esa conducta omisiva es la que ha determinado la imposición de la sanción".

Caso Alquería

El caso Alquería ha supuesto el primer gran caso de corrupción vinculado al gobierno del Botànic. En él se investiga cómo presuntamente el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, su asesor Miguel Reguart, su jefe de gabinete Ricard Gallego, el letrado asesor de Divalterra Jorge Cuerda y los directores gerentes de la empresa pública Xavier Simón y Agustina Brines crearon hasta ocho puestos de alta dirección para colocar a personas afines al PSPV y Compromís.

También se encuentra bajo la lupa de los investigadores un consejo de dirección paralelo que, supuestamente, se creó para dejar fuera de juego a la oposición, y a la sazón denunciantes, formada por Ciudadanos y el Partido Popular.

La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional ha cifrado, hasta el momento, en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas públicas que hubiese supuesto la contratación, durante toda la legislatura, de las personas supuestamente colocadas irregularmente en la Diputación de Valencia en otoño de 2015, a razón de 70.000 euros brutos cada uno.