VALÈNCIA. Duro, muy duro, fue el castigo que recibieron ayer jueves las utilities españolas ante la amenaza recortes en su retribución, especialmente en la sobrerretribución, los conocidos como 'beneficios caídos del cielo' ('windfall profits'), que reciben en el mercado mayorista algunas tecnologías, como la hidráulica o la nuclear. Tan duro fue el correctivo que en conjunto vieron evaporarse más de 3.400 millones de euros, es decir, lo que vale Zardoya Otis en el parqué.
El reguero de pérdidas fue más que evidente donde Endesa (-4,49%), Acciona (-4,36%) y Naturgy (-4,05%) fueron los tres valores más castigado del Ibex 35 en una sesión de marcado carácter bajista, que se saldó cayendo un 1,69% y cerrando por los pelos por encima de los 9.000 puntos. También sufrieron importantes descensos los gestores del sistema eléctrico y gasista: REE, que perdió un 2,97%, y Enagás, que se dejó un 2,68%.
El valor menos castigado fue Iberdrola pero no pudo evitar un retroceso del 2,29%. No obstante, la energética vasca fue la cotizada del sector que más capitalización se dejó, perdiendo más de 934 millones de euros en la jornada. Mientras Naturgy perdió en la sesión más de 930 millones y Endesa se dejó más de 894 millones de euros. Por su parte, REE también sufrió un castigo en su capitalización en la sesión de más de 300 millones y Enagás vio esfumarse en el día otros 150 millones de euros.
Dentro del acuerdo sobre Presupuestos Generales del Estado para 2019 firmado esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, el Ejecutivo y la formación política han pactado realizar los cambios normativos necesarios en el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución, los conocidos como 'beneficios caídos del cielo' ('windfall profits'), que consideran que reciben en el mercado mayorista algunas tecnologías, como la hidráulica o la nuclear. En concreto, el pacto contempla revisar esta "sobrerretribución" que señalan que reciben estas tecnologías que fueron instaladas en un marco anterior a la liberalización y que han recuperado "sobradamente" sus costes de inversión.
De esta manera, señalan que una posibilidad podría ser establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico y que esa diferencia entre el precio del mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico y fuera destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores. Asimismo, proponen una revisión de los pagos por capacidad, de manera que "se limiten a medidas condicionales, transitorias, sin distorsiones, de último recurso y de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad", excluyendo la posibilidad de incurrir en ayudas ilegales y conforme en todo momento a la normativa europea vigente en la materia.
Dentro de estas reformas estructurales, también han acordado modificar la factura eléctrica con el objetivo de reducir el porcentaje que representa el término de potencia; que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por los consumidores por los primeros kilovatios hora (KWh) sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética.
Tal y como era de esperar, el sector eléctrico ha pedido no aplicar propuestas que penalicen a las energías libres de emisiones, tales como las que se proponen al respecto de la nuclear y la hidroeléctrica, "en base a argumentos extensibles a todas las energías renovables".
