Foto: GUILLERMO LUCASVALÈNCIA. El verano ya llegó y casi pasó pero, a pesar de las previsiones que la Conselleria de Sanidad Universal había dado a la UTE Erescanner Salud -controlada por Eresa (Grupo Ascires)- para mantener la realización de las resonancias magnéticas en los hospitales públicos valencianos sin contrato, lo cierto es que todavía no hay una fecha exacta para internalizar el servicio.
Ya han pasado casi 11 meses desde que terminara el contrato de ocho años de duración. El horizonte marcado era agosto pero, evidentemente, esta fecha no se ha cumplido. Esto supone un mayor coste para la administración -y cuantiosos beneficios para la UTE controlada por la familia Saus- ya que, según señalaba un informe de la Sindicatura de Comptes, el ahorro para la administración en caso de prestar directamente el servicio sería de 16 millones de euros.
La primera causa que provocó el retraso fue el informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que paralizó el decreto de subrogación de personal. Finalmente un informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) supuso la vuelta a la senda de la subrogación para seguir adelante con el proceso.
Según apuntan desde la Conselleria que dirige Ana Barceló, se está trabajando en la línea marcada por el CJC y en la puesta en marcha de los nuevos aparatos. El dinero donado por el presidente de Inditex, Amancio Ortega, permitirá en algunos casos la renovación de la maquinaria, por lo que aún están esperando a que finalice el proceso.
La Conselleria de Sanidad Universal se conformó antes de verano con una rebaja del 17% del precio de las resonancias magnéticas realizadas por Erescanner Salud en los hospitales valencianos. Una decisión que redujo notoriamente la petición del departamento de Barceló, que solicitó inicialmente una bajada de precio del 50% tras finalizar el concurso el pasado 31 de octubre.
Los socios de la UTE son las empresas Eresa (49%), Iberdiagnosis -ambas pertenecientes a la familia Saus- (8%), Inscanner (20%), Beanaca (8,5%) y Ribera Salud (14,5%).
Para solicitar la bajada del 50%, Sanidad señaló como referencia los precios del nuevo concurso 201/2018, licitado para reforzar el servicio una vez recuperado para la gestión pública y al que los integrantes de la UTE acudieron con precios muy inferiores. Ante esta petición, desde Eresa aseguraron que no era posible asumir esa nueva oferta al no ser modelos idénticos.
La UTE puso sobre la mesa una rebaja del 15% del precio basándose en la amortización de los equipos y que finalmente subió ligeramente al 17%. La compañía defendía que, con el antiguo concurso, se prestaba "un servicio integral" al paciente, con una citación ajustada a la tipología -urgencias, ingresados, preferentes, pacientes ambulatorios y pacientes control- y era también responsable de gestionar las listas de espera, motivo por el que no acepta una rebaja a la mitad de precio, como sí asumió con concurso de refuerzo que no se ha puesto en marcha.
Según apuntan fuentes sindicales, desde Sanidad tampoco les han transmitido fechas concretas aunque sí les han señalado que están realizando la memoria económica que permite justificar que es mejor internalizar el servicio y a la que obliga el CJC. También apuntan a la falta del personal adscrito a las máquinas propias de los departamento, que debe ser aprobado por la Conselleria de Hacienda.
