Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Finalmente habrá una comisión mixta. El alcalde de València, Joan Ribó, ha aceptado la creación de una comisión técnica para solucionar las discrepancias con el Puerto de València, que preside Aurelio Martínez, sobre el futuro de La Marina.
El puerto había convocado al Ayuntamiento de València a examinar cómo quedan los acuerdos suscritos hace casi nueve años sobre la cesión de terrenos de La Marina al consistorio y al Consorcio Valencia 2007, una vez ya se ha saldado la deuda de este último organismo.
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) lo había hecho en una misiva suscrita el pasado 30 de diciembre y publicada por este diario en la que planteaba al consistorio "la creación de un grupo de trabajo" conformado por técnicos del Ayuntamiento y el Puerto para que "analicen los efectos" del pago de la deuda del Consorcio en los mencionados convenios y que dicha comisión "proponga las actuaciones que sea necesario desarrollar".
En ese sentido, el primer edil de la ciudad conviene en la necesidad de buscar soluciones, si bien considera que la Generalitat Valenciana también debe participar de este proceso. Por ello, según aseguran fuentes de Alcaldía, Ribó se ha puesto en contacto esta semana con el máximo responsable de la administración autonómica, el president de la Generalitat Ximo Puig, al objeto de constituir dicho órgano interadministrativo.
Hay que recordar que el Consorcio Valencia 2007, que gestiona La Marina, está formado por el Gobierno central, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València. En su momento, solicitó un préstamo de 320 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar las obras de la Copa América de 2007, y más tarde, en 2013, Puerto y Ayuntamiento acordaron la cesión gratuita de los terrenos de La Marina a la ciudad, con la condición de que el Consorcio los explotara durante 35 años para garantizar la devolución del préstamo.
Ahora las tres administraciones han acordado saldar su deuda total de casi 500 millones -el Gobierno ha acabado condonando los 380 millones del ICO- y el Ejecutivo central ha abandonado el organismo para alumbrar otro donde su representación esté sustituida por el Puerto de Valencia. Con todo, desde noviembre persiste un conflicto con el Ayuntamiento por el diseño de los estatutos del nuevo consorcio. Disensión que no parece haberse resuelto todavía.
Es en ese marco en el que se busca constituir esta comisión técnica. El desacuerdo reside en dos enmiendas presentadas por el Ejecutivo central al borrador de estatutos, una de las cuales se refería al mantenimiento de las competencias por parte del Puerto de todo el espacio de la Marina catalogado como zona de dominio público portuario, de manera que el nuevo consorcio no podría hacerse cargo de dicho espacio.
La otra, no de menor importancia, consistía en mantener el derecho de veto para el nuevo miembro del consorcio, la Autoridad Portuaria, representante en último término también del Gobierno. Esto es, que las decisiones deberían tomarse por unanimidad en lugar de por mayoría, como estaba acordado inicialmente en el borrador de estatutos del nuevo consorcio.
En ese sentido, Ribó desconvocó la reunión prevista a finales de octubre del consejo rector de La Marina debido a estas enmiendas de última hora. El alcalde consideró que se ha de caminar hacia unos estatutos "en unas condiciones que ya no son las de pagar una deuda sino las de continuar gestionando este espacio, la Marina, formado tanto por terrenos de dominio público patrimonial como portuarios".
