VALÈNCIA. El alcalde de València, Joan Ribó, en una entrevista concedida, este lunes, a Plaza Radio, se ha referido a la investigación que lleva a cabo la Agencia Valenciana Antifraude, sobre la legalidad de los complementos salariales que recibieron ocho concejales del Ayuntamiento de València en la pasada legislatura. Son unos complementos que en la práctica burlaban las limitaciones impuestas por el Gobierno a los sueldos públicos durante la crisis.
El alcalde asegura sentirse "tranquilo" con esta investigación, y ha defendido que el complemento de estos ocho ediles tenía una "intencionalidad" bien marcada: "que todos los concejales cobrasen lo mismo, independientemente de su dedicación -exclusiva o parcial- y de si estuvieran en el gobierno o no".
También ha manifestado que se cambió el procedimiento en esta legislatura por la existencia de esa denuncia, pero que en cualquier caso no tiene ninguna duda sobre la legalidad.
A partir de este lunes, ya puede solicitarse el Ingreso Mínimo Vital. Es una prestación económica no contributiva de la Seguridad Social, aprobada por el Gobierno central con el objetivo de reducir la pobreza y fomentar la inclusión social. Esta prestación la gestionarán los ayuntamientos, que serán los que decidan si voluntariamente asumen estas competencias o no.
En este marco, el alcalde de València avanzaba en Plaza Radio, que esta tarde a las 19 horas mantendrá una reunión por videoconferencia con el ministro de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones, José Luis Escrivá, para tratar este asunto.
En ese encuentro, el alcalde ha anunciado que pedirá al responsable de Inclusión las “instrucciones” que deben seguir las corporaciones locales para la gestión de esta prestación, así como "recursos suficientes" para poder llevarla a cabo. Recalca, además, que "el Ayuntamiento puede negarse a gestionar el Ingreso Mínimo Vital",
Dice Ribó que la "voluntad del consistorio valenciano es la de colaborar con la gestión de este Ingreso mínimo vital", pero ha recordado que es voluntaria, y que se necesita "más personal y más presupuesto para poder llevarla a cabo". Si no, el primer edil teme que puede haber un "colapso".
En otro orden de cosas, Ribó se ha referido al rifirrafe que protagonizaron él y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sobre reparto del fondo de 800 millones de euros no reembolsable destinado a las autonomías para el transporte metropolitano.
Ribó interpeló a Ábalos y calificó de "intolerable" que la tercera ciudad de España se quede fuera de estas ayudas. La respuesta de Ábalos fue clara, y explicó que "el fondo de transporte es para transporte de competencia autonómica, y por tanto no incluye ni a la ciudad de Valencia ni a ninguna otra ciudad”.
Al respecto, Ribó ha defendido su argumento, ya que, en sus palabras, “Ábalos tiene formalmente razón, pero en la práctica sabe que se equivoca, porque a la Autoridad Metropolitana del Transporte (ATM) de Valencia sólo le llegan 10 millones de euros, y no es comparable a Madrid o Barcelona”. Considera, por ello, que el Ayuntamiento de Valencia y la ATM han sido “olvidados” por el Ministerio que dirige el valenciano Ábalos.
De hecho, la situación de la ATM no es, ni de lejos, la deseable para Ribó. Una entidad que "no recibe dinero suficiente, y que tampoco tiene ahora mismo a nadie al frente".
También en cuanto al transporte, la EMT tiene todavía encima de la mesa pendiente un convenio laboral por firmar, donde se prevé un aumento de un 2% del sueldo de los empleados de la empresa municipal. Sin embargo, cree el alcalde que no es el momento de dar luz verde a este convenio, ya que “no sería razonable” porque hay "elementos que no se pueden afrontar" a nivel económico.
Otro de los temas que tiene pendientes el consistorio valenciano es la multa por la celebración el año pasado de las Paellas Universitarias en La Punta. Los organizadores de este festival universitario incumplieron la Ley de Espectáculos, y se barajan dos tipos de sanciones.
Los técnicos que acaben siendo responsables de la sanción deberán estudiar la cuantía: si se multa a los organizadores por celebrar las Paellas sin autorización, se les aplicaría la sanción de una falta grave, de hasta 300.000 euros de manera acumulable; por contra, si el motivo de la sanción es haber llevado a cabo el festival desoyendo una resolución denegatoria del Ayuntamiento, se consideraría una falta muy grave, con multa de hasta 600.000 euros.
Sin embargo, la encrucijada jurídica se encuentra en la competencia, en quién debe sancionar. La Generalitat Valencia asegura que es competencia del Ayuntamiento, ya que ambas entidades firmaron un convenio según el cual cedía las competencias de las sanciones graves y muy graves al Ayuntamiento de València. El 12 de abril, tuvo lugar el macrofestival, pero no fue hasta el 13 de mayo cuando el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el convenio. El alcalde mantiene que la "competencia era de la Generalitat, porque hasta que no se publicase ese convenio en el DOGV, el consistorio no podía sancionar".
Por último, el alcalde se ha referido al aforo en las playas de la ciudad, una vez Valencia se encuentra en la Fase 3 de la desescalada. Le preocupa al alcalde" controlar cuántas personas se concentran en estas zonas".
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"