VALÈNCIA. El alcalde de València, Joan Ribó, asumió este martes la tardanza en adjudicar de nuevo el servicio de la grúa municipal de la ciudad después de cuatro años desde que se rescindiera el último contrato. El primer edil admitió que la licitación de la grúa de València ha sufrido "importantes retrasos" desde 2017, cuando se rescindió y se cambió el sistema retributivo, motivo por el cual el consistorio ha abonado más de 8 millones de euros en pagos faltos de justificación para la Agencia Valenciana Antifraude.
El primer edil incidió en que el cambio de sistema retributivo por el cual se pasó a pagar una cantidad fija mensual -antes se pagaba en función de los servicios que prestaba la contrata- se aprobó con la intención de que fuera una "solución temporal". Con todo, la temporalidad se ha alargado mucho más de lo deseado, teniendo en cuenta que la adjudicación definitiva del nuevo contrato se ha demorado cuatro años y todavía sigue atascado en el Ayuntamiento.
El servicio se adjudicó a la UTE Pavapark Movilidad y Autobuses Playa San Juan en 2014, con el gobierno del PP al frente del consistorio. Por aquel entonces, la empresa cobraba por la cantidad de enganches que realizaba, algo que según denunciaron no cubría las previsiones económicas del contrato, ya que los servicios que prestaba eran menores a los previstos inicialmente. En concreto, alegaron que se habían previsto 6.000 enganches mensuales, cuando en realidad solo se realizaban 3.000. Así, la firma alegó falta de rentabilidad para solicitar el cambio de las condiciones del contrato.
El consistorio se negó, cuando la socialista Sandra Gómez ya había accedido a la concejalía de Seguridad Ciudadana, lo que provocó que la UTE llevara la cuestión a los tribunales para reclamar la resolución del contrato.
La justicia dio la razón al Ayuntamiento en primera instancia pero la adjudicataria presentó un recurso. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo que supuso la retirada del recurso por parte de la empresa: la administración dio por finalizado el contrato y pagó una indemnización de 2,5 millones de euros por las pérdidas, con la intención de sacar uno nuevo a licitación en poco tiempo.
Mientras tanto, la UTE siguió funcionando fuera de contrato ya que se consideró que una ciudad como València no podía prescindir de un "servicio esencial" como era el de la grúa. De este modo, se resolvió pagar una cantidad fija mensual de 360.000 euros a esta empresa durante el tiempo que tuviera que seguir operando.
Sin embargo, según la Agencia Antifraude, la cifra mensual se fijó "de manera absolutamente discrecional", y consideró las explicaciones del Ayuntamiento "insuficientes". Asimismo, también analizó cuál había sido el impacto del cambio del sistema de pagos en las arcas municipales, y resolvió que la empresa había cobrado mucho más de lo que habría cobrado si se hubieran mantenido las condiciones del contrato inicial.
En concreto, desde octubre de 2017 hasta mayo de 2021, el Ayuntamiento había pagado más de 8,4 millones de euros de diferencia. Un sobrecoste que a día de hoy sigue creciendo puesto que todavía no se ha adjudicado el contrato definitivo.
A finales de 2020, la concejalía de Seguridad Ciudadana, ahora dirigida por el socialista Aarón Cano, sacó a concurso la licitación de un nuevo contrato para la grúa de València. Las condiciones contemplaban una cantidad 17,5 millones de euros a 5 años, lo que en realidad suponía 290.000 euros al mes, una cifra considerablemente inferior a que todavía sigue percibiendo la UTE fuera de contrato.
Sin embargo, ninguna empresa se presentó y el Ayuntamiento tuvo que declarar desierto el concurso a principios de 2021. Por aquel entonces, y en vistas de todos los problemas que había acarreado la contratación de la grúa, el Ayuntamiento incluso se planteó la posibilidad de municipalizar el servicio.
Sin embargo, finalmente, desde el equipo de gobierno conformado por Compromís y PSPV se desechó la idea y se acordó volver a sacar una licitación más atractiva, que ofrecería una cantidad superior de dinero para la empresa adjudicataria. Aun así, han pasado seis meses de aquello y desde el Ayuntamiento de València no se ha sacado una nueva licitación.
Según explican desde el entorno de la concejalía de Contratación, que dirige Luisa Notario, esto es "totalmente normal" en procesos tan importantes como los de la grúa, puesto que la concejalía competente en la materia tiene que rehacer los pliegos, en ocasiones desde el principio, y luego volverlos a remitir a Contratación para que dé el visto bueno.
Así, en contratos de gran envergadura, es normal que haya pequeños errores técnicos que obliguen a su revisión en varias ocasiones, según explican en la concejalía de Notario. Todo eso, además, teniendo en cuenta que el proceso de licitación ha vuelto a iniciarse desde cero después de que quedase desierto, puesto que los servicios del consistorio se han visto obligados a mejorarlo para adaptarlo a las necesidades reales tanto del servicio como de las empresas aspirantes a ofrecerlo.
Con todo ello, el servicio de grúa en la ciudad de València sigue funcionando a día de hoy fuera de contrato, una situación que se ha alargado ya durante cuatro años sin que las autoridades locales hayan conseguido poner fin a este panorama que, según la Agencia Antifraude, reviste diversas irregularidades.