Antifraude aflora más de 8 millones de pagos injustificados a la contrata de la grúa de València

VALÈNCIA. Más de ocho millones de euros en pagos fuera de contrato sin justificación abonados a la adjudicataria de la grúa desde las arcas municipales de València hasta mayo de este año. Es lo que ha detectado la Agencia Valenciana Antifraude entre las conclusiones de su investigación acerca de la gestión que ha hecho el Ayuntamiento de València del servicio de retirada y depósito de vehículos, que lleva prestándose sin contrato desde 2017 y por el que se está pagando a la empresa, según Antifraude, más de lo que realmente debería por la cantidad de enganches que lleva a cabo.

El informe provisional de investigación suscrito el pasado 29 de julio por dos técnicos y el director de la Agencia, Joan Llinares, expone que desde que se rescindiera el contrato hace cuatro años a la espera del nuevo concurso público, la firma encargada de la grúa municipal tiene "garantizados los ingresos mensuales" y que estos han experimentado un incremento "significativo" mientras que sus costes han disminuido, por lo que se han elevado sus beneficios.

La historia se remonta al año 2014, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por el PP de Rita Barberá. Entonces, tras la correspondiente licitación, se adjudicó el servicio de la grúa municipal a la unión de empresas Pavapark-Auplasa. Sin embargo, las previsiones económicas del contrato no se cumplieron -se preveían 6.000 retiradas mensuales, pero a la postre no llegaban a las 3.000-. Por ello, la UTE contaba con unos "medios sobredimensionados" y alegó falta de rentabilidad para solicitar el cambio de las condiciones.

Tras la negativa del gobierno municipal, con la socialista Sandra Gómez al frente de la concejalía de Seguridad Ciudadana, la empresa reclamó la resolución del contrato: "El Ayuntamiento de València ha impuesto, como nuevo principio de su política de movilidad, la gestión del servicio con el criterio de la grúa amable, con las graves consecuencias que origina ante la actual situación de inviabilidad económica", expresaba la UTE en su solicitud, habida cuenta de que el equipo de gobierno estaba reduciendo el gasto dedicado a este servicio.

La contratista llevó a los tribunales la cuestión y el Ayuntamiento ganó, pero la empresa presentó un recurso. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo que supuso la retirada del recurso por parte de la empresa: la administración municipal resolvía el contrato, pagaba la indemnización -que ascendió a la postre a 2,5 millones de euros- y debía sacar un nuevo concurso para adjudicar el servicio, pero hasta entonces, realizaría un abono mensual de 360.000 euros a la UTE por la prestación del servicio de grúa independientemente de las recogidas de vehículos que hubiera.

Aquel acuerdo supuso, tal como explica la Agencia en el informe, que se modificara el sistema retributivo del servicio: el Ayuntamiento ya no pagaría -como hasta el momento- en función del número de servicios prestados, sino de manera "independiente" a eso. Así, los pagos mensuales de 360.000 euros se establecieron "de manera absolutamente discrecional" y las explicaciones del servicio de Policía son para la Agencia insuficientes e impiden "fiscalizar la adecuación del precio".

En palabras de Antifraude, se alteró "en su totalidad el sistema retributivo [...], exonerando de todo riesgo de la prestación a la empresa". El organismo que dirige Llinares hace la comparativa entre lo que ha venido cobrando la UTE desde 2017 y lo habría estado percibiendo si los pagos hubiesen seguido vinculados al servicio realmente prestado. De esta manera, desde hace cuatro años hasta mayo de 2021 -a día de hoy la cifra será todavía mayor- el Ayuntamiento ha pagado más de 8,4 millones de euros con la fórmula actual. Esto es, sin tener en cuenta el número de enganches realizados.

"Ello podría implicar una vulneración de los principios que rigen la contratación administrativa", expone el informe de la investigación, dado que el resto de licitadores que se presentaron al concurso de 2014 "habrían podido eventualmente ajustar sus proposiciones económicas en consonancia" si hubiesen sabido "la posibilidad de alteración del sistema retributivo global" como se ha hecho en este caso.

"El coste del servicio para el Ayuntamiento de València ha experimentado un incremento considerable", sentencia la Agencia: de 112 euros por servicio hasta 2017 frente a los 253 euros por servicio que paga actualmente, una subida del 225%. Todo mientras se "evidencia una minoración de los costes de la prestación para la empresa" puesto que "el capítulo de gastos de personal se ha reducido sustancialmente".

Así pues, lo que se ha hecho ha sido transferir el riesgo de la prestación del servicio al consistorio, rezan las conclusiones de Antifraude. Y además, "no se están realizando seguimientos periódicos de la prestación del servicio [...], ajustando en su caso los importes a abonar a la empresa por los servicios realmente prestados y los costes reales que asume para ello". El Ayuntamiento puede todavía alegar a estas conclusiones para que la Agencia emita el informe definitivo de la investigación.

47 meses de demora

Esta situación extracontractual se mantiene desde que pusiera fin al anterior contrato, en octubre de 2017. Entonces, el interventor municipal dio el visto bueno a que el servicio se continuara prestando interinamente hasta que la concejalía en cuestión, que entonces dirigía Gómez pero que ahora encabeza su compañero de bancada Aarón Cano, adjudicara la gestión de la grúa mediante un concurso.

Aunque el interventor dio un plazo de un año para acabar con esta situación de temporalidad, el inicio de las actuaciones para sacar el concurso público no se produjo hasta mayo de 2019 y la licitación se sacó en septiembre de 2020, tres años después de la rescisión del contrato. Con todo, los 17,5 millones de euros iniciales planteados por el consistorio no consiguieron atraer a ninguna empresa -prueba, para el sector, de la escasa rentabilidad que se ofrece desde el Ayuntamiento en este servicio-, y el concurso quedó desierto, como publicó este diario.

La concejalía que dirige Cano volvió a estudiar el caso y entre las opciones que planteó estuvo también la de remunicipalizar el servicio. Con todo, no será así y desde hace más de medio año se busca sacar un nuevo concurso con mayor presupuesto y mejores condiciones para que resulte atractivo para alguna firma. Por ahora, esto tampoco se ha producido y los pagos fuera de contrato se siguen sucediendo mes tras mes, 47 meses después.

"Mala praxis"

Tras conocer las conclusiones de la Agencia Valenciana Antifraude, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Narciso Estellés criticó la "mala praxis" de la concejalía de Seguridad Ciudadana pues, dijo, "el informe de Antifraude denota permisividad, dejadez y falta de eficiencia" en la administración municipal. A su juicio, el equipo de gobierno "ha consentido toda esta situación tan extraña alrededor de la grúa, sin encargar ni tener en tiempo y forma el pliego para sacar el concurso de nuevo a licitación, tal y como ha venido denunciando Ciudadanos todos estos últimos años".

En este sentido, el edil naranja denunció el "notable sobrecoste para las arcas públicas con respecto a los pagos habituales" que se hacían durante el contrato: "Un dinero que pagan los valencianos y del que desde Ciudadanos vamos a pedir detallada cuenta por medio de preguntas en el pleno de septiembre, reservándonos la posibilidad de llevar a cabo cualquier otro tipo de acción administrativa y/o jurídica en virtud de las respuestas y la falta transparencia que encontremos".

Asimismo, Estellés quiso recordar que la situación de la falta de contrato "no es nueva, sino que se ha producido de formas parecidas en otras contratas como la de la ORA o en la delegación de Desarrollo y Renovación Urbana y la de Cooperación", por lo que calificó de "inconcebible" que el período transitorio en este caso, que debía ser de 12 meses, se haya prolongado durante años.

Finalmente, para el edil Estellés resultó también significativo que "cuando no había pandemia, el Ayuntamiento pagaba al suministrador menos dinero que durante la misma, cuando hubo un descenso significativo en la circulación". Sobre eso, ahondó especificando que desde marzo de 2020, el pago municipal a la UTE "era de 350.000 euros, incluso los meses de abril y mayo, los meses de máximo confinamiento". Cantidad que se sostuvo hasta diciembre de 2020 y, posteriormente el Ayuntamiento ha pagado 348.000 cada mes, explicó Estellés, hasta mayo de 2021. "Consideramos que eso no son formas adecuadas de utilizar el dinero público y vamos a destapar todas las alfombras de este asunto", sentenció al respecto.