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València rechaza municipalizar la grúa y licitará el contrato con más presupuesto tras quedar desierto

19/02/2021 - 

VALÈNCIA. Ya hay una determinación. El Ayuntamiento de València no municipalizará el servicio de la grúa como se había podido plantear a finales del año pasado tras quedar desierto el concurso para elegir empresa concesionaria. Así, será una empresa externa la que continúe prestando la recogida de vehículos en la vía pública y el consistorio sacará una nueva licitación modificando el presupuesto base para que resulte más atractivo para las compañías del sector y evitar que nadie se presente como la otra vez.

En septiembre de 2020, el consistorio sacó la licitación correspondiente con un presupuesto inicial de 17,5 millones de euros para los próximos cinco años. Una de las novedades más señaladas que recogían los pliegos era que la adjudicataria estaría facultada para retirar los vehículos de movilidad personal (VMP), algo que hasta el momento no podía llevar a cabo, dado que el anterior concurso público se realizó antes de que esta nueva forma de movilidad irrumpiera en la ciudad.

Este concurso, sin embargo, quedó desierto como publicó Valencia Plaza. "No se ha presentado ninguna empresa al procedimiento", rezaba el acta de la mesa de contratación de finales de octubre. En la concejalía de Seguridad Ciudadana que dirige Aarón Cano consideran que el motivo fundamental que motivó la falta de incentivos de las empresas a presentar una propuesta fue precisamente el precio, de unos 290.000 euros al mes aproximadamente, que consideran insuficiente a la vista del resultado.

Ante este panorama, el departamento de Cano tenía ante sí varias posibilidades: volver a sacar una nueva licitación revisando los pliegos y mejorando la dotación presupuestaria o repensar la idea de la municipalización del servicio y que fuera el propio consistorio el encargado de gestionar la recogida de vehículos, tal como se había planteado tres años atrás. En este sentido, en el seno del ejecutivo local, conformado por Compromís y PSPV, ha habido diferentes posturas, pero al final se ha optado por la primera opción.

"Hemos llegado a un acuerdo para sacar una nueva licitación, pero hemos de plantear un precio que resulte atractivo para las empresas y en todo caso que sea la presentación de ofertas y la competencia la que ajuste el precio final", explican en la mencionada concejalía. Por ello, se ha planteado un presupuesto base de más de 310.000 euros mensuales, que se entiende "interesante" en el consistorio, donde explican además que ahora, a diferencia del anterior contrato, no se cobrará por coche arrastrado, sino una cantidad mensual fija.

Este viernes, la Junta de Gobierno Local cerrará formalmente el concurso previo que quedó desierto, paso previo para la que concejalía vuelva a enviar al Servicio Económico Presupuestario los nuevos criterios, que tras recibir el visto bueno pasarán al servicio de Contratación para sacar de nuevo la licitación pública.

Un contrato con historia

Durante el verano del año 2016, un ejercicio después de tomar las riendas el Govern de La Nau, la entonces edil de Seguridad Ciudadana y ahora vicealcaldesa, la socialista Sandra Gómez, anunció la resolución de la anterior contrata, que gestionaba UTE Pavapark Movilidad y Autobuses Playa San Juan, por incumplimiento de los pliegos. En palabras de Gómez, esto era una "patata caliente" del anterior gobierno cuya contrata, además, había empeorado el servicio y había incumplido las condiciones pactadas. Sin embargo, no fue hasta mitad del mandato, en octubre de 2017, cuando se hizo efectiva la rescisión. Una maniobra que costó al consistorio una indemnización de 2,5 millones de euros en su momento.

La intención del consistorio era poner en marcha otro concurso público. Proceso que se ha ido demorando hasta que se han cumplido tres años. Pero durante todo este tiempo, la UTE ha estado prestando el servicio, puesto que el consistorio lo entiende necesario e irrenunciable en una ciudad como València. De modo que ha estado prorrogando la contrata sine die y pagando a la unión de empresas religiosamente 363.000 euros mensuales mediante reconocimientos de obligación. En total, más 12 millones de euros desde entonces.

Ante esta situación, la Agencia Valenciana Antifraude instó hace más de un año al Ayuntamiento a que pusiera en marcha el concurso público correspondiente "con la mayor celeridad posible", como publicó este diario. El organismo que dirige Joan Llinares subrayó que no había indicio alguno de fraude, pero insistía en la necesidad de sacar la licitación pública y acabar así con los pagos fuera de contrato a la mencionada UTE. Así se hizo, pero ahora la falta de concurrencia ha echo que quede desierto. El consistorio deberá iniciar otro proceso de contratación y, por tanto, continuará pagando a la actual operadora sin contrato.

Como publicó Valencia Plaza, Antifraude investiga si la compañía ha percibido dinero por encima de los servicios prestados en la práctica. La Agencia asegura que el consistorio "estaría manteniendo en activo el servicio [...] cuya intensidad de uso se ha reducido de manera muy sustancial en los servicios prestados, pero sigue abonando por dicho servicio unas contraprestaciones económicas mensuales fijas". Un pago, que, dice la Agencia, "no resultarían jurídicamente procedente", al retribuir "cantidades que no corresponderían con las prestaciones efectivamente realizadas".

Además, se estima una cantidad considerablemente superior a la que la UTE estaba percibiendo dentro de contrato. Así, por ejemplo, en los cuatro meses posteriores a la rescisión del contrato, el Ayuntamiento pagó 2,1 millones de euros por un servicio que, en el mismo período del ejercicio anterior, con contrato, había costado 1,3 millones. Esto supuso, por tanto, pagar un 60% más.

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