Los asesores del PP preparan una demanda contra el gobierno de Ribó

VALENCIA. El Ayuntamiento de Valencia decidió este viernes suspender de empleo y sueldo a siete asesores del PP y abrir expediente disciplinario a tres funcionarios del grupo popular después de confirmar que siguen investigados por un supuesto caso de blanqueo.

Así lo acordó ayer la junta de gobierno local -formada por Compromís, PSOE y València en Comú-, según informó en rueda de prensa el segundo teniente de alcalde, Jordi Peris, quien aseguró que la decisión se había tomado una vez conocida "la información oficial" de que continúan en condición de imputados. Curiosamente, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, no estuvo presente en la junta de gobierno, que fue presidida por Consol Castillo.

Esta medida, no obstante, tendrá contestación por parte de los asesores implicados. Fuentes de su entorno consultadas por este diario señalaron que ya preparan con sus abogados una demanda vía contencioso-administrativo contra la Junta de Gobierno Local al considerar que sus derechos han sido vulnerados.

En este sentido, las citadas fuentes subrayaron que el propio auto del juez ha señalado que el consistorio no puede personarse como acusación particular -sí en cambio como popular- porque no existe en el supuesto delito investigado un perjuicio a la Administración. Es decir, a juicio de los asesores consultados por este diario no pueden ser suspendidos de empleo y sueldo de sus funciones en el consistorio dado que "no hay un delito contra la Administración" para la que trabajan.

De esta manera, los asesores continúan la senda que ya abrió el asesor Luis Salom, quien ya presentó una demanda tras ser el primero en ser suspendido de empleo y sueldo al conocerse su imputación, si bien no existía una confirmación puesto que el secreto de sumario no se había levantado con los nombres de los investigados definitivos.

Por otro lado, y pese a que las relaciones entre la dirección regional del partido y los investigados en la causa han sido tensas en las últimas semanas, el presidente de la gestora del PP en Valencia, Luis Santamaría, realizó, al ser llamado por este diario, una enérgica defensa de los asesores ante la medida adoptada por Junta de Gobierno del Ayuntamiento. "Me parece un atropello jurídico", recalcó Santamaría, para añadir que, a su juicio, Joan Ribó había lanzado "una cortina de humo para ocultar su pésima gestión que incluye la pérdida de 1.000 millones de euros de inversión para la ciudad de Valencia".

En este sentido, Santamaría, que además es funcionario del cuerpo superior de administraciones civiles del Estado, recalcó que la medida adoptada contra los asesores "quiebra sus derechos". "No se puede sancionar dos veces por el mismo hecho. Mientras haya un proceso penal en marcha no se puede acometer esa sanción administrativa en paralelo salvo una causa excepcional que no es el caso", concluyó Santamaría.