Foto: EFEVALÈNCIA. La EMT de València podrá adherirse a la gratuidad del transporte público para menores de 30 años anunciada por el president de la Generalitat, Ximo Puig. Pero la Empresa Municipal no quiere soportar todo el coste que esta medida suponga: las cuentas no están para echar cohetes. De ahí que el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, haya reclamado al Consell que se haga cargo del impacto económico.
Ribó se reunió con Puig este lunes y, además de tratar cuestiones como el futuro de La Marina -se creará una fundación o una empresa mixta-, también aprovechó el encuentro para pedirle una ayuda "significativa" para aplicar el anuncio de Puig también a la EMT. Una aplicación que adelantó la vicealcaldesa socialista Sandra Gómez, pero para la que ahora el alcalde, de Compromís, reclama financiación.
La semana pasada, Gómez avanzó que se había logrado un acuerdo con la Autoridad de Transporte Metropolitano (ATMV) para incluir a la EMT en el bono gratuito anunciado por Puig. Pero posteriormente, el edil de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi (Compromís), matizó que estaba a la espera de ver este acuerdo.
Una descoordinación municipal que alimentada todavía más en el encuentro del alcalde con Puig y la petición de dinero para poner en marcha la medida, por lo que evidenciaba que el anuncio de la vicealcaldesa socialista no estaba del todo claro. Ribó explicó que las dos partes estudian "que supondrá para las empresas" y recordó que la EMT se vio muy afectada por la pandemia y ahora por el precio de la energía y la subida de los salarios.
Así, el primer edil abundó: "Estoy muy de acuerdo con la gratuidad, pero la Generalitat nos tiene que ayudar de forma importante". Aunque ciertamente, confió en que finalmente haya acuerdo en una medida que la Generalitat Valenciana pretendía poner en marcha este mismo domingo hasta finales de año.
Este lunes, y tras la reunión de ambos representantes, se había convocado el consejo de la Autoridad Metropolitana de Transporte, con representantes autonómicos y municipales. Sin embargo, finalmente se desconvocó, según fuentes municipales debido a la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre la financiación de esta gratuidad para la EMT de València, y también ante la posibilidad de extender la decisión a otros transportes urbanos municipales.
Por otro lado, el primer edil trasladó a Puig la necesidad de establecer un nuevo marco legal para trabajar de manera coordinada entre los municipios del área metropolitana de València, ante la cantidad de políticas compartidas como la movilidad, los apartamentos turísticos, el nuevo cauce del Túria, la huerta o la gestión del agua.
"Es algo que aquí lamentablemente disolvió el PP, pero que funciona con solvencia en los principales países europeos y que es imprescindible para gestionar todos los aspectos supramunicipales", aseveró, para lamentar a continuación que no contar con este marco conlleva "perder muchos recursos de la Unión Europea".
Ribó avanzó en este sentido que el Ayuntamiento de València trabajará este marco en un grupo de desarrollo de áreas metropolitanas, con "el objetivo añadido de incluir la Ley de Capitalidad". Ha garantizado que Puig está de acuerdo, aunque ha puntualizado que es "una normativa compleja".
La capitalidad de València se encuentra en el cajón desde hace más de cuatro años. Fue el 21 de octubre de 2018 cuando el consistorio presentó en la Generalitat Valenciana un escrito para iniciar formalmente el procedimiento que debe culminar en la aprobación de la Carta de Capitalidad.
En aquel documento, el Ayuntamiento solicitaba a la administración autonómica constituir la comisión mixta entre ambas instituciones para redactar la Carta Municipal definitiva, y nombraba así a sus representantes en dicho organismo. Tres meses después, en mayo, el Ayuntamiento insistía en pedir la constitución de la comisión, adjuntando en este caso un borrador de trabajo para la futura Carta. No consta hasta el momento que la constitución de la comisión se haya producido.
