VALÈNCIA. (EP). El alcalde de València, Joan Ribó, ha propuesto a la Junta de Gobierno Local que el Ayuntamiento se persone en las diligencias abiertas en el juzgado de Instrucción número 15, que investiga los altercados violentos ocurridos en la capital el pasado 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, protagonizados por ultras.
Para Ribó, es "indiscutible la obligación municipal, dentro de sus competencias, de realizar toda acción que se considere necesaria para preservar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana". La decisión fue adoptada el pasado mes de octubre, tal y como informó Valencia Plaza, y cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos.
Según ha informado el consistorio en un comunicado, la propuesta se debatirá en la próxima Junta de Gobierno Local, que se celebrará el 15 de diciembre. El ayuntamiento ha indicado que los hechos registrados el 9 d'Octubre podrían ser constitutivos de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y desórdenes públicos.
El alcalde ha recalcado que un grupo de personas vinculadas a la ultraderecha y ajenas a la manifestación convocada por la Comissió 9 d'Octubre mostraron "actitudes de confrontación al legítimo derecho de manifestación, produciéndose varias agresiones".
De hecho, señala, la Brigada Policial de Información de València de la Jefatura Superior de Policía considera que los hechos "podrían ser constitutivos, entre otros, de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y de un delito de desórdenes públicos", en una causa que está ya en investigación judicial.
En un auto del juzgado del pasado 31 de octubre, se hace ofrecimiento al Ayuntamiento para que emprenda las acciones que considere pertinentes por los posibles daños sufridos. Al respecto, Ribó ha subrayado que es "indiscutible la obligación municipal, dentro de sus competencias, de realizar toda acción que se considere necesaria para preservar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana".
"Además, tenemos un compromiso firme con la democracia y el derecho de cualquier persona de manifestar sus ideas propias, como derecho constitucional, y en definitiva, el derecho a la discrepancia sin recurrir en ningún caso a la violencia, cosa que sí hicieron los grupos ultras el 9 d'Octubre pasado. Es una obligación del Ayuntamiento y un deber que se ha marcado este gobierno municipal trabajar para erradicar los delitos de odio", ha argumentado.
Por eso, el alcalde propone a la Junta de Gobierno Local, en su reunión ordinaria del próximo día 15, el "ejercicio de acciones para la defensa de los intereses públicos que corresponde defender en este Ayuntamiento, y garantizar los derechos de toda índole, incluidos los patrimoniales, que puedan haberse visto afectados por las actuaciones objeto de instrucción penal".
La propuesta del alcalde incluye trasladar el acuerdo a la Asesoría Jurídica Municipal a fin de que se proceda a la personación del Ayuntamiento en las diligencias previas que sigue la institución judicial y en el seguimiento de las actuaciones procesales "en todos sus trámites, instancias, incidencias y recursos".