Ribó proyecta un plan de 428 viviendas de alquiler asequible para el próximo mandato

VALÈNCIA. Nuevo plan para promoción de vivienda de alquiler asequible en el Ayuntamiento de València. Las concejalías de Patrimonio y Vivienda proyectan ya la movilización de parcelas de propiedad municipal con la previsión de que en el próximo mandato se pueda poner en marcha la construcción de 428 viviendas en régimen de alquiler para facilitar el acceso a la vivienda en el Cap i Casal.

Se trata de ocho solares del consistorio repartidos por la ciudad donde se quiere llevar a cabo diferentes promociones de vivienda a través de tres mecanismos: la construcción directa de 200 viviendas públicas desde el propio Ayuntamiento; la edificación de 180 cediendo parcelas a promotoras; y la promoción de otros 48 pisos mediante la cesión de suelo a cooperativas de vivienda. Todas las promociones serían de alquiler asequible.

El consistorio busca financiar parte de la promoción pública de vivienda con fondos europeos, y tramitar la cesión de suelos tanto a promotoras como cooperativas mediante la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), dependiente de la Conselleria de Vivienda. La EVha gestiona programas adscritos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central, una de cuyas líneas se dirige a nueva vivienda de alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

Esta línea pretende precisamente "incrementar sustancialmente la oferta" de alquileres asequibles "contando con la colaboración del sector privado". De ahí que recientemente, el el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Joan Ribó, y concretamente las delegaciones de Patrimonio y de Vivienda, que dirige Isa Lozano, hayan presentado este ambicioso plan a la administración autonómica.

Promoción pública y publico-privada

La principal vía será la promoción de vivienda pública directamente desde el consistorio. Aquí entrarían 200 viviendas repartidas en tres parcelas municipales: 100 en un suelo de Quatre Carreres, otras 88 en una parcela próxima al Parque Central -como publicó este diario-, y otras 12 en la Fonteta de Sant Lluís. Con una inversión total prevista de 26 millones de euros, se pretende que parte de la financiación provenga de fondos europeos y se calcula que en este sentido la ayuda comunitaria ascendería a 7,1 millones de euros.

La otra herramienta de la que quiere hacer uso el consistorio es la promoción público-privada mediante la cesión de derechos de superficie a constructoras para que edifiquen tres fincas en parcelas del Ayuntamiento con 180 viviendas.  Se trata de tres suelos ubicados en el barrio de Malilla, muy próximos entre sí, y que podrían acoger 64, 59 y 57 viviendas en las calles Miguel Carceller y Vicente Marco Miranda.

También se prevé llevar a cabo cesión de derechos de superficie en otros enclaves, pero en lugar de que sean promotoras las que se encarguen de la construcción y explotación de las viviendas, que esto lo hagan cooperativas del sector. A ello se dedicarían otras dos parcelas municipales, una en Nou Moles y otra en Massarrojos, para que se desarrollen nuevas promociones con un total de 48 viviendas de alquiler asequible.

La edil de Vivienda, Isa Lozano, arguye la necesidad de "movilizar el suelo de uso residencial que tenemos en la ciudad para desarrollar proyectos de construcción de vivienda" ante "la falta de oferta de alquiler asequible en la ciudad". En ese sentido, defiende tanto la construcción pública como la público-privada.

Esta segunda vía, dice la concejala, permite "realizar una construcción más eficiente, reduciendo el tiempo de los proyectos y, al mismo tiempo, el Ayuntamiento mantiene la propiedad del suelo, con una concesión por un determinado número de años a esas promotoras y cooperativas, finalizado el cual, todas esas viviendas serán de propiedad municipal".

Lentitud en la construcción de vivienda pública

Los mencionados proyectos se suman a otros de construcción que ya tiene en marcha el consistorio y que, si bien están en desarrollo, todavía no han tenido gran repercusión en el parque público de vivienda. Por ejemplo, la propia concejalía de Vivienda ya tiene un proyecto en Ciutat Vella, por el momento estancado, la única iniciativa de este estilo de la concejalía de Vivienda, que creó el gobierno local al llegar la izquierda en 2015.

Por otra parte, la empresa municipal Aumsa, dependiente de la concejalía de Urbanismo y que preside la edil Sandra Gómez, está inmerso en un ambicioso plan de construcción de 327 viviendas públicas de alquiler asequible con ayuda del Banco Europeo de Inversiones. Si bien se preveía que estuviera finalizado en 2021, lo cierto es que casi un año después, apenas han visto la luz una quincena de viviendas.