Ribó reitera que el cierre del Balneario de la Alameda por riesgo de legionela es una "cuestión sanitaria"

VALÈNCIA (EP). El alcalde de València, Joan Ribó, ha reiterado su defensa sobre el cierre del Balneario de la Alameda --por riesgo de legionela-- por una "cuestión sanitaria" y ha reclamado la toma de "todas las medidas sanitarias" para que haya "total y absoluta" seguridad de que la legionela "no aparece por ahí".

Ribó ha hecho estas declaraciones este lunes, tras su visita a la Oficina contra Delitos de Odio (ONDIS), al ser preguntado por los medios de comunicación sobre la situación actual del balneario. El alcalde ha señalado que a media mañana de este lunes todavía no había hablado con la Conselleria de Sanidad y el concejal del ramo sobre la situación actual del balneario.

La Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de València ordenó el pasado 4 de noviembre el cierre cautelar del centro tras haberse detectado presencia de legionela en las instalaciones y haber incumplido la propiedad del centro de forma "casi total" los requerimientos de subsanación realizados por la inspección. Según aseguraron, la clausura se mantendrá "hasta la desaparición de la situación de riesgo actual".

El alcalde ha reiterado que la orden de cierre del balneario es por una "cuestión sanitaria" y ha subrayado que "por supuesto, no tiene nada que ver con ningún problema de los que ha mencionado el gerente". "Tiene exclusivamente que ver con un problema de seguridad sanitaria", ha añadido.

Según Ribó, "lo que no se puede hacer es que pueda aparecer ahí un problema como el que ha aparecido ya, por desgracia demasiadas veces, en la Comunitat" Valenciana.

Preguntado por si la Policia Local actuará en caso de que el balneario decida abrir este miércoles --ya que lunes y martes permanece cerrario por horario--, Ribó ha asegurado que "tomarán las medidas que sean necesarias para que se cumpla la seguridad" que es "lo que interesa", según ha reiterado.

Según la resolución del consistorio en la que se ordenaba el cierre, con fecha 4 de noviembre, también se ordena a la Policía Local la aplicación y vigilancia en el cumplimiento de dicha orden. La propiedad tiene un plazo de 10 días hábiles, desde la recepción de la resolución, para realizar alegaciones.