VALÈNCIA. La compraventa de la antigua sede de Blanqueries del PSPV, en la que los socialistas se beneficiaron de una exención en el pago del impuesto de plusvalías, sigue dando coletazos a cuenta de la incapacidad de los grupos de la oposicion en el Ayuntamiento de València para acceder a los expedientes correspondientes. Ni Ciudadanos ni el Partido Popular han podido revisar estos documentos para verificar el procedimiento administrativo que se siguió y que acabó eximiendo al PSPV de este tributo al vender el edificio. Una resolución que firmó un destacado miembro del PSPV, el concejal de Hacienda, Ramón Vilar.
El PP quiere saber "por qué se le exime de pagar una plusvalía de unos 100.000 euros al PSPV mientras que a otro partido político [Partido Comunista] sí que se le ha exigido pagar" el IBI con argumentos contrarios a los empleados para el PSPV, según el portavoz popular en el consistorio, Eusebio Monzó.
Desde el pasado 28 de septiembre, cuando el Partido Popular realizó la primera consulta a Alcaldía -ostentada por Joan Ribó-, derivada a la concejalía de Hacienda, que dirige el socialista Ramón Vilar, y tras reiteradas solicitudes, los populares todavía no han podido ver la documentación. El argumento que esgrime la delegación de Hacienda es que desconoce si realmente se pueden trasladar datos tributarios de empresas o entidades a los concejales. Por ello, pidió un informe al servicio de Transparencia del consistorio para que esclareciera la duda.
El secretario del Pleno y el tesorero municipal, por su parte, respaldan esta postura y recuerdan que en 2014, Compromís hizo una petición similar que también fue desechada por tener que ver precisamente con datos de trascendencia tributaria. No obstante, la Tesorería y el servicio de Transparencia han acabado solicitando, "en aras de mejorar la transparencia de este Ayuntamiento", el criterio del Consell de Transparència de la Generalitat, donde todavía permanece paralizado.
Sin embargo, según denuncian en el grupo municipal que lidera Eusebio Monzó, otros servicios sí les facilitaron expedientes que presentaban datos tributarios, lo que supone una "incongruencia". De hecho, uno de estos documentos versa sobre la empresa que ha adquirido el inmueble de Blanqueries, la sociedad Euroinversiones 2000 SL. En ese sentido, el PP destaca en sus notas interiores remitidas al gobierno municipal la "arbitrariedad" en la denegación de acceso a las informaciones.
"Los partidos políticos no pueden escapar del control político de sus obligaciones tributarias como parece pretenderse en este caso", señala el portavoz de los populares, que denuncia las "maniobras dilatorias" que, a su juicio, está intentando el equipo de gobierno para evitar compartir la información relativa a la exención de la plusvalía por parte del partido del puño y la rosa. Una queja que ha llegado también al Síndic de Greuges, aunque, como el Consell de la Transparencia, todavía no se ha pronunciado al respecto.
El Partido Popular ha llevado esta cuestión hasta la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que en varios informes pasados había dictado que no se pueden hacer públicos los datos sobre personas físicas. No obstante, en la respuesta a los populares, explica que "si los datos se refieren a personas jurídicas" -por ejemplo, empresas o partidos políticos-, no se aplicará la normativa de protección de datos.
Llegados a este punto, Monzó preguntó de nuevo sobre la cuestión en el último Pleno municipal, a lo que Ribó accedió a entregar la documentación a lo largo de la presente semana. Información que, al cierre de este diario, no había llegado todavía.
Sobre la exención en sí, el concejal socialista en cuestión, Ramón Vilar, insiste en que todo se ha hecho arreglo a la normativa. Desde los socialistas aclaran que pidieron la bonificación al Ministerio de Hacienda, entonces dirigido por Cristóbal Montoro, y tras aportar toda la documentación correspondiente, este dio el visto bueno en febrero de 2018.
Por otro lado, salieron al paso de las informaciones que apuntaban que Vilar, como secretario de Organización cuando se produjo la firma de esta exención, se ocupaba de las finanzas del partido a nivel comarcal. Según el PSPV de València, la comisión ejecutiva comarcal "carece de cualquier competencia sobre la gestión de ningún tipo de patrimonio del PSOE, y mucho menos de enajenación o venta del mismo".
Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos en el consistorio, encabezado por Fernando Giner, anunció este jueves en rueda de prensa que llevará al PSPV ante la Fiscalía por "autoconcederse la exención" del impuesto de plusvalía a partir de la venta de su sede en Blanquerías. Según Giner, los socialistas "deben dar explicaciones de manera urgente" por esa medida.
Giner precisó que se pondría en conocimiento de la Fiscalía que el secretario de Organización del PSPV en València hasta finales de febrero y actual presidente del partido en la ciudad, Ramón Vilar, también concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Valencia, "firmó la exención de la plusvalía por la venta de la sede de su propio partido", según informó Cs en un comunicado.
"El PSOE, a través de la firma de Ramón Vilar, se autoconcedió la exención de la plusvalía por la venta de la sede de Blanquerías", censuró el portavoz de Ciudadanos, que ha agregado que su formación aportará también al ministerio público la documentación de la que dispone sobre este asunto "por si se pudieran derivar responsabilidades judiciales".
El secretario del grupo municipal de Cs, Emilio Orts, que anunció junto a Giner la decisión de acudir a la Fiscalía, aludió al expediente que se generó el 21 de noviembre de 2017 sobre la solicitud de exención de la plusvalía por la venta de la sede del PSPV".
Orts detalló que este expediente "el 13 de diciembre llegó a la sección de tributos correspondiente", que "el 5 de febrero de 2018 se redactó la propuesta de resolución estimando la solicitud de exención" y que "el 6 de febrero se firmó, por el que entonces era secretario de Organización del PSOE y actual presidente, Ramón Vilar".
El secretario agregó que "el 11 de octubre, Cs pidió la apertura de este expediente sin que haya sido abierto todavía" y consideró que "Ramón Vilar tenía un interés directo en que la resolución se estimara para conceder esa exención", así como que "no debería haber sido él quien la firmara" dado que "se debería haber inhibido".
Fernando Giner exigió que "el PSOE, y en concreto Sandra Gómez -secretaria general del PSPV en la ciudad de València, portavoz socialista en el Ayuntamiento y primera teniente de alcalde- den explicaciones de manera urgente".
Igualmente, el portavoz de Cs solicitó que el alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, "como máximo responsable de este ayuntamiento, explique lo ocurrido".Giner señaló que el gobierno local que conforman Compromís, PSPV y València en Comú "prometió un cambio" y "en tres años y medio el único gesto de transparencia ha sido abrir las puertas del consistorio al público". "En la gestión, la nota dominante ha sido la opacidad, el pasteleo, la política de amiguetes y la ineficacia", afirmó el representante de Cs.