Rifirrafe entre Emergencias y Sanidad respecto al sobrecoste de los hospitales de campaña

VALÈNCIA. Los hospitales de campaña levantados para hacer frente a la pandemia por el Gobierno valenciano siguen dando que hablar. Tal y como adelantó este diario el pasado domingo, la Agencia Antifraude ha solicitado los contratos referentes a estas instalaciones para investigar si todo el proceso, amparado bajo el paraguas de la emergencia, se desarrolló por los cauces correctos. 

Pero no es este el único problema. La empresa adjudicataria Idat (conformada por Hispano Vema y Bellcomm) reclamó a la Generalitat 2,45 millones de euros más por los sobrecostes -que también indaga Antifraude- a su juicio generados sobre el encargo recibido bajo el contrato formalizado desde el área de Emergencias dependiente de la Conselleria de Justicia que lidera Gabriela Bravo. 

Ahí es donde surgen las discrepancias. En la fase de montaje, desde la Conselleria de Sanidad se realizaron peticiones concretas para adaptar las instalaciones a la realidad de la pandemia con el objetivo de optimizar los citados hospitales desde el punto de vista de la operatividad sanitaria. Por ejemplo, se reclamaron más módulos para así cumplir con la distancia requerida entre las camas que hipotéticamente debieran ocupar pacientes con coronavirus, además de otras solicitudes.

Según fuentes de ambas consellerias, un informe solicitado a Tragsa -que no se ha hecho público- apunta que, efectivamente, existirían sobrecostes acreditados por un montante de en torno a 1,4 millones de euros. Una cifra considerable que, no obstante, se sitúa lejos de lo demandado por la empresa adjudicataria que, a priori, habría recibido con buena disposición el acercamiento del Gobierno valenciano, si bien no quisieron concretar a este diario su posición sobre un posible acuerdo que, desde Sanidad, se daba por cerrado.

Más allá de esto, si la Generalitat decide asumir esos 1,4 millones de euros de sobrecoste sobre los 4,8 millones iniciales contratados desde Emergencias, el debate surge sobre qué departamento debe hacerse cargo de esa cantidad extra.

Desde Emergencias exponen que su obligación contractual termina cuando se abone el 25% que resta por pagar de lo programado inicialmente por el levantamiento de los hospitales y que se entregarán en el momento de la recepción, a día de hoy, todavía no concretada. En este sentido, subrayan que las posteriores modificaciones concretas causantes de los sobrecostes corresponden a peticiones de Sanidad que, al margen de que pudieran ser necesarias, resultan ajenas a la contratación de su departamento.

En cambio, distintas fuentes de Sanidad opinan que formalmente el contrato pertenece a Emergencias y que las modificaciones solicitadas eran de carácter obligado para cumplir con los objetivos requeridos para que las instalaciones pudieran resultar eficientes desde el punto de vista sanitario, por lo que creen que el cargo final debe afrontarse desde la Conselleria de Justicia. Así pues, desde la Generalitat vuelven a estudiar lo solicitado por la empresa respecto a las obras ejecutadas para determinar con mayor exactitud si cabe cuál debería ser el desembolso extra del Gobierno valenciano por las instalaciones.

Un episodio más de unas instalaciones anunciadas en marzo por el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ante la expansión del coronavirus y que, a día de hoy, todavía no han sido utilizadas para albergar pacientes relacionados con la presión hospitalaria del coronavirus. El propio jefe del Consell aseguraba este miércoles preguntado por los sobrecostes que la Generalitat "no quiere pagar más de lo que corresponde", aunque enmarcaba el conflicto en las "lógicas" discusiones cuando "uno defiende el interés general y las empresas defienden legítimamente sus intereses".