Vista del hospital de campaña construido junto a La Fe de València. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Agencia Antifraude ha puesto el foco en la materialización de uno de los anuncios más importantes que realizó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el pasado marzo durante la primera ola de la pandemia: la construcción de los tres hospitales de campaña en la Comunitat Valenciana, que ya acumulan numerosos problemas.
En ese momento, el Gobierno autonómico recurrió de manera generalizada -consideraba que de forma justificada- al uso de los procedimientos de emergencia para los contratos relacionados con el coronavirus. Es decir, para que la adjudicación fuera sin concurso. En este caso se dio a la empresa Idat (formada por Hispano Vema y Bellcomm), constituida formalmente en febrero y a la que adelantó 2,4 millones de euros de los 8,6 del coste total de entonces (entre instalación, camas, material sanitario y equipamiento).
De entonces porque, como informó Valencia Plaza, la adjudicataria reclamó 2,45 millones más a la Generalitat al entender que se habían encargado una serie de actuaciones adicionales que no se contemplaban en el contrato, como por ejemplo la inclusión de más módulos para ampliar la distancia entre las camas. Tras un informe encargado a Tragsa por el Gobierno valenciano, se concluyó que sí existía un sobrecoste de 1,4 millones, poniendo sobre la mesa este acuerdo a Idat. Si fuera esa la cantidad final, sólo el levantamiento de las instalaciones costaría ya unos 6,2 millones.
Esta manera de actuar ha despertado las sospechas de la Agencia Antifraude, que ha iniciado una investigación de oficio sobre las contrataciones relacionadas con los hospitales. Para ello ha enviado ya varios requerimientos de información, según indican fuentes del Consell.
Las indagaciones van dirigidas a averiguar que se cumplieron todas las garantías en los pliegos de condiciones a la hora de contratar de manera directa con una sola empresa la construcción de unas infraestructuras que han supuesto un montante considerable de dinero público. A lo que se ha ido añadiendo, en sucesivos meses, un cúmulo de dificultades.
El departamento de Emergencias, dependiente de la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, fue el encargado de la puesta en marcha de los hospitales, ubicados junto a los centros de referencia de las tres provincias. Con una anunciada capacidad inicial de 1.100 camas, éstos todavía no han sido utilizados para su misión inicial de albergar a personas contagiadas de coronavirus en el caso de una elevada presión asistencial en la sanidad valenciana.
Pero dar cumplimiento a esa promesa supuso un conflicto entre la Administración y la adjudicataria porque la segunda entendía que algunos encargos no estaban en el contrato suscrito por procedimiento de emergencia. Lo que ha provocado el mencionado sobrecoste.
También destacan otros problemas como el retraso en la implantación y en los plazos de entrega del equipamiento, el cuestionamiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones o el hecho de que las infraestructuras no se hayan recepcionado ni tengan licencia municipal, como ha venido informando este periódico.
