Ana Barceló y Gabriela Bravo, en una visita al hospital de campaña de La Fe en abril. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El pasado 19 de marzo, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció la instalación de tres hospitales de campaña en València, Castelló y Alicante para hacer frente a la expansión del coronavirus. Unas infraestructuras que podrían estar en funcionamiento en menos de un mes y que fueron bien recibidas por la opinión pública tras dispararse todos los indicadores de la pandemia en la Comunitat Valenciana.
Estas estructuras, contratadas por procedimiento de emergencia a la empresa IDAT (Hispanovema y Bellcomm) y con una capacidad a priori de 1.100 camas en total, venían a ejercer de red de seguridad ante el incremento de la tensión hospitalaria que vivía la sanidad valenciana. Su coste, cifrado inicialmente en algo más de cuatro millones de euros, se duplicó al incluirse además otro contrato de equipamiento sanitario para los mismos.
Sin embargo, ocho meses después de que el hospital de campaña de València fuera inaugurado por las conselleras de Sanidad, Ana Barceló, y de Justicia, Gabriela Bravo, estas instalaciones todavía no se han recepcionado -como se denomina en lenguaje administrativo- por parte de la Generalitat. Desde el área de Emergencias, dependiente de la Conselleria de Justicia, admiten esta situación aunque defienden que solo resta por abonar el 20% del coste total de la implantación. Además, deslizan que la entrega definitiva de los mismos se concretará cuando se hayan finalizado todos los compromisos alcanzados con la empresa.
La recepción de la obra es un acto formal y reglado muy importante porque señala el momento en el que el promotor se hace cargo del inmueble y empiezan a correr los plazos de responsabilidad de la empresa constructora. No recibir la obra significa que el promotor, en este caso la consellería, no tiene por correcta la ejecución y no la acepta.
En este sentido, cabe recordar que existe una discrepancia abierta entre la adjudicataria y la Conselleria de Sanidad, dado que se acordó la entrega de equipamiento por valor de más de cuatro millones de euros y este no llegó en el plazo fijado. Sin embargo, la empresa ha reclamado 2,5 millones de euros más por distintas actuaciones que, a su juicio, quedaban fuera del contrato inicial. Un aspecto que, desde Emergencias insisten, no corresponde a su contrato si no al firmado por Sanidad.
Más allá de las disputas entre Administración y empresa, otra de las sombras en cuanto a la puesta en marcha de estas instalaciones se centra en las condiciones de seguridad. Desde Emergencias aseguran que los tres hospitales de campaña cuentan con sus respectivos "planes de autoprotección" en los que se incluyen todas las cuestiones referentes a la seguridad, incendios etc.
No obstante, técnicos en la materia consultados por este diario señalan en que estos planes, aportados por el arquitecto del promotor, deben estar validados por un funcionario o la entidad certificadora correspondiente. Así, desde la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias que lidera José María Ángel, insisten en que en su día se recibió, a petición de la conselleria, la visita de los técnicos municipales para dar luz verde al plan de emergencia y el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI) para el recinto, si bien fuentes del consistorio no confirman haber dado su aprobación.
¿Es esta la causa de que el hospital de campaña de València no haya albergado pacientes? Tanto en Sanidad como en Emergencias defienden que las instalaciones están listas para ser usadas. De hecho, se han utilizado para realizar test PCR e incluso para albergar inmigrantes -en el caso, eso sí, de Alicante-.
En este sentido, fuentes sanitarias señalan que, dentro de la estrategia establecida, los hospitales de campaña se plantean como una opción de "último recurso" si la presión de los centros se encontrara al límite. Es más, incluso se plantean el desvío a la sanidad privada o los hoteles medicalizados como paso previo al uso de estas instalaciones, si bien esta decisión no tendría que ver, recalcan, con la imposibilidad de que estas edificaciones provisionales puedan ser o no utilizadas, sino con la estrategia sanitaria elaborada por la conselleria de cara a optimizar de la mejor manera posible los recursos disponibles.
