VALENCIA. Rita Barberá pagó hace un año los 1.000 euros de aportación a la campaña del PP que supuestamente formaban parte de una operación de blanqueo mediante un cheque al portador, según las investigaciones realizadas hasta ahora dentro del marco de la operación Taula. Este hecho ha dificultado sobremanera a los investigadores seguir el rastro del dinero, puesto que el ingreso en la cuenta bancaria investigada la realizó un tercero. Además, la entonces alcaldesa de Valencia entregó presuntamente Barberá el cheque a una persona de su más absoluta confianza, fuera de miradas ajenas.
Por si eso fuera poco, tal y como consta en la pieza sobre el presunto blanqueo, Barberá tampoco recogió los dos billetes de 500 euros en persona sino que, presuntamente y según fuentes de toda solvencia, le fueron entregados por esa misma persona de toda confianza. Por ello, no hubo testigos presenciales de la entrega del dinero ni de la supuesta recepción de la misma cantidad que supondría el delito de blanqueo de capitales, más allá de la principal imputada, la ‘cajera’ del PP de Valencia Mari Carmen García-Fuster, y la persona que realizó el pago y la recepción del dinero.
No obstante, las declaraciones en poder los investigadores y las pruebas halladas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) contra la exalcaldesa se consideran suficientes y han llevado al magistrado de la causa a preguntar si Barberá es senadora, paso previo a enviar el auto razonado al Tribunal Supremo pidiendo su imputación por blanqueo de capitales.
El periplo judicial de Rita Barberá ya ha comenzado y, tal y como ya adelantó Valencia Plaza, marzo será el mes en el que el auto razonado llegue al TS y, por tanto, el secreto de sumario de esta pieza sea levantado, ya que el magistrado pretende enviar el auto una vez haya levantado el citado secreto sobre la parte del blanqueo.
La concejala Lourdes Bernal, una de las imputadas. Foto: MARGA FERRER
En esta pieza permanecen como imputados todos los concejales de la anterior legislatura, salvo Miquel Domínguez, que es diputado pero al que también van a solicitar que se le investigue, y todos los asesores salvo los cuatro que, siempre según fuentes de la investigación, se negaron a blanquear dinero para financiar la campaña electoral de las últimas elecciones municipales. De momento son 49 las personas a las que el juez y el fiscal Anticorrupción consideran autoras de un delito de blanqueo de capitales.
Foto: EVA MÁÑEZ
