'Ritaleaks' no es ilegal

VALENCIA (EP). La Agencia Española de Protección de Datos ha desestimado la denuncia que la concejala del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia Beatriz Simón presentó contra Compromís y el ahora alcalde, Joan Ribó, por la publicación de facturas y gastos de su predecesora en el cargo, Rita Barberá, y su equipo de gobierno entre 2011 y 2014, en el caso conocido como Ritaleaks.

Así lo ha anunciado el primer edil en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al segundo teniente de alcalde, Jordi Peris, tras la celebración de la Junta de Gobierno Local. Ribó ha recordado que se trataba de una lista de "lujos suntuosos", con gastos por valor de 278.000 euros y 467 facturas.

El alcalde ha señalado que Protección de Datos les da "la razón" porque los datos publicados se referían a fondos correspondientes a la gestión pública y se referían a personas con proyección pública. Además, Ribó ha explicado que presentó la denuncia haciéndose valer de su cargo público, y que ésta estaba "perfectamente documentada" y amparada por la Ley de Transparencia.

Además, se ha desestimado la denuncia porque, según Ribó, la Agencia de Protección de Datos considera que la publicación de estos gastos tendría que haber sido labor del propio consistorio "de forma transparente" y estos hechos eran de relevancia pública, ya que según ha añadido, la web fue visitada por 120.000 personas en sus primeras 24 horas en funcionamiento.

Según concluye la Agencia de Protección de Datos en su escrito, el acceso a los datos no es "ilegítimo", puesto que es "un tratamiento de información realizado por un representante político que accedió a ellos a partir de dicha condición", con el fin de "transmitir información a los ciudadanos sobre cuestiones que consideran de interés para estos".

El organismo sostiene que la ley "impone una obligación de transparencia en la información pública que afecta a todas las administraciones y que se proyecta, de especial forma, en la gestión económica y pública". Así, dado que lo tratado en la denuncia de Compromís cumple con estas condiciones, prevalece "el derecho a la información, sobre el derecho a la protección de datos".

Asimismo, considera que sobre la corporación local existe una "obligación de informar a los ciudadanos" y que la información aportada es "veraz" y "se refiere a hechos de relevancia pública". También se pone de manifiesto la prevalencia del derecho a la libre información sobre el derecho al honor, de nuevo por su interés social.

"Oposición pública, libre y plural"

"En la base de toda sociedad democrática está la información de una oposición pública, libre y plural que, en principio y salvo excepcionales limitaciones, puede tener acceso a la información que afecta al funcionamiento de las instituciones públicas", se asevera en el escrito.

En referencia a la parte de la denuncia del Grupo Popular que alude a los datos de las personas que aparecen en las informaciones publicadas, se considera que la mayor parte de estos datos se refieren a personal de confianza, directivos y altos funcionarios del Ayuntamiento, por lo que su actividad también tiene proyección pública y aparecen como "meros tramitadores de los pagos referenciados".

En cuanto a los datos de proveedores de servicios, Protección de Datos afirma que sus datos son "accesorios al contenido de lo difundido" y "no se les achaca, por la gestión realizada", que su comportamiento sea reprochable".

"Sería divertido que presentaran recurso"

En su escrito, Protección de Datos indica que los 'populares' pueden presentar un recurso de reposición y, preguntado por ello, Ribó ha declarado que "sería divertido" que lo interpusieran.

Asimismo, ha pedido a Simón y al Grupo Popular "que se retracten públicamente y que admitan que con esta denuncia querían seguir con el oscurantismo y que no se supiera en qué se gastaba el dinero". "Ahora todo el mundo sabe en qué se gasta hasta el último euro", ha apostillado.