SEDE DE RTVV EN ALICANTE (FOTO: ARCHIVO) VALENCIA. El caso de la sede de RTVV SAU en Alicante de es uno de los capítulos más oscuros en la gestión de recursos de la empresa pública valenciana, ahora en proceso de liquidación. Esta semana, a través del primer informe que sus actuales (Francisco Gómez, Ignacio Baixauli y Agustín Arenas) están obligados a hacer, hemos podido saber que la Generalitat Valenciana está negociando la rescisión de un contrato leonino de alquiler por el que se abonaron en 2014, cuando la Radiotelevisió Valenciana ya estaba apagada, 360.000 euros.
El contrato, firmado en 2002 con la empresa de sede alicantina Mizquitillas, S.L., compromete a los valencianos con el propietario del terreno hasta el 31 de julio de 2035. Después de esos 33 años de plazo, la brillante negociación entrega el edificio al propietario del suelo (costó 4,48 millones de euros, con un sobrecoste del 36% en la obra) salvo que se ampliara hasta completar una estancia de 50 años. El acuerdo estipula que si RTVV SAU decide marcharse ha de abonar el total de la cantidad por los próximos 19 años que quedan por completar.
Sin embargo, a partir del citado informe de la comisión de liquidación al que ha tenido acceso Valencia Plaza se desprende que la Generalitat negocia la salida. Durante las últimas semanas se ha acabado de vaciar de equipamiento técnico la sede, con destino Burjassot para estos citados aparatos. Allí se han recepcionado para facilitar la plausible entrega del edificio al propietario y una solución económica que, pese a desconocerse la cifra, trataría de evitar que la Administración autonómica pagara las citadas mensualidades sin dar el menor uso al espacio.
En el mismo informe se apunta también como novedad que "ninguna Administración Pública" ha "mostrado interés por subrogarse al contrato". Es decir, que los liquidadores y la Generalitat han cotejado la posibilidad que otra de las empresas públicas o equipos de la administración hicieran uso del edificio, tratando de dar sentido al notable gasto que todavía sigue su curso en un edificio vacío de actividad.
La delegación de Alicante se encuentra cerrada por completo desde el 31 de julio de 2015, aunque hay servicios mínimos de seguridad y mantenimiento que agravan todavía más el citado coste. El informe del contrato leonino, que incrementó su cuantía anual un 20% con la televisión cerrada y que a ojos de los actuales gestores sigue siendo un misterio en su detalle al haberse firmado en "confidencialidad", apunta que sí existe una "condición resolutoria que permite extinguir el contrato en su día efectuado". No obstante, por lo conocido y publicado del mismo durante los últimos años, todo apunta a que esa cifra 'de salida' debería aproximarse al pago completo del acuerdo por mensualidades. Una cifra que superaría los seis millones de euros.
La decisión, con todo, establece una variable de contradicción con toda la generación de recursos a través de los Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana y las estructuras que se están conformando para la reapertura del servicio de radio y televisión públicas autonómicas valencianas. El desmantelamiento de la sede de Alicante supone la pérdida de la estructura de base de creación y realización para este futuro supuesto ya que, en cualquier caso, tras la extracción de toda la dotación técnica y a partir de lo que sugiere el informe en torno a la obsolescencia, habría que volver a equipar y dotar una futura sede para la televisión en la ciudad de Alicante.
La comisión liquidadora ha elaborado este primer informe ante el escenario de una reapertura de la radiotelevisión pública prevista para este mismo año. No obstante, advierte en el mismo al que ha tenido acceso Valencia Plaza que el mismo llega pese "al poco tiempo otorgado para emitirlo", al "escaso tiempo transucurrido desde su nombramiento" y "la ausencia absoluta de personal" en la empresa, capaz de orientar una valoración o una más rápida aproximación a este análisis del "activo, estado, valoración y funcionalidades de los bienes y derechos". Además, el mismo informe resume el "pasivo", la "deuda acumulada y las obligaciones pendientes" y la situación de "compromisos con los trabajadores" y "litigios".
Entre los activos se encuentran actualmente 39,6 millones de euros correspondientes a "terrenos, construcciones e instalaciones" (en esencia, el edificio de Burjasst y todos los equipos y medios técnicos), 6,9 millones de "existencias", 310.000 euros en "deudas de clientes y proveedores" y 9,1 millones "en tesorería. Por el otro lado, en el pasivo actual -siempre en referencia a RTVV SAU- se encuentran compromisos de pago de 5,4 millones de euros con "administraciones públicas", 1,6 millones en "gastos de personal", 1,9 en gastos de "proveedores" y 8 millones de euros en el pasivo derivado de "acreedores".
