Rumbo a Sierra Leona

Espero que mis amigos en Bruselas no se metan en problemas, especialmente los catalanes. El viaje a la capital belga del President cesado de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, para pedir asilo, junto a una escolta de cinco consellers, resulta algo más que sorprendente. Como sorprendente fue su no-convocatoria de elecciones anticipadas y su no-declaración de independencia, ya que cedió el testigo al Parlament para que la votara.

En estos momentos y durante las últimas semanas me he venido preguntando si en mi columna semanal sobre política europea cabía hablar de Cataluña. Hoy me han servido la excusa en bandeja para poder expresarlos mismos temores, miedos y tristezas que me acechan desde hace tiempo respecto al Procès soberanista y su no-final.

En los últimos días vengo comunicándome por wasap con mis amigos catalanes, sin saber si será mi última comunicación con ellos en mucho tiempo. Y es que sobre algunos puede pesar la pena de prisión. Su respuesta era la misma: tristeza. En otros casos: incertidumbre. En algún otro: esperanza. En principio, algunos ni siquiera saben si deben volver a su puesto de trabajo como altos cargos de la Generalitat catalana. No saben si deberán coger una caja y recoger sus cosas. O bien, un avión, que es lo que ha hecho Puigdemont horas antes de que el Fiscal General del Estado anunciara una querella por varios delitos, entre ellos, los de rebelión y sedición.

Bad move, que se dice en inglés. No ha sido el único mal movimiento que ha realizado el President cesado, antes y después de su cese. Pese a que Bélgica ofrece asilo a los ciudadanos que son perseguidos por la justicia en sus países, Puigdemont debería demostrar que corre riesgo real de daños serios y persecución. Este riesgo de persecución será difícil de probar en un Estado de Derecho, democrático y donde la justicia persigue cuando hay indicios de delito.

Pero no es éste el quid de la cuestión. O, no sólo. Hay que recordar que España y Bélgica son dos países miembros de la Unión Europea y que, entre sus funciones, están la cooperación policial y judicial. Habrá que hilar muy fino para eludir una orden europea de detención y entrega. La Euroorden es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea, cuya finalidad es la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el enjuiciamiento o para el cumplimiento de condena. En definitiva, sustituye a la extradición y es extremadamente rápida y eficaz.

Pero es que, además, está el Protocolo nº 24, anexo al Tratado de Lisboa, “sobre asilo a nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea”. Esta norma comunitaria establece en un único artículo que, “dado el grado de protección de los derechos y libertades fundamentales por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, se considerará que los Estados miembros constituyen recíprocamente países de origen seguros a todos los efectos jurídicos y prácticos en relación con asuntos de asilo”. Es decir, que España es un país que respeta los derechos y libertades fundamentales recogidos en la normativa comunitaria, por lo que no es sospechoso de perseguir a sus ciudadanos sin un motivo grave.

Por tanto, la solicitud de asilo de Puigdemont sólo podrá tomarse en consideración o ser declarada admisible para su examen por otro Estado miembro, en concreto Bélgica, si ha establecido alguna excepción. En este caso, Bélgica debería consultarlo al Consejo de la Unión Europea. Pero si lo decide unilateralmente, se informará “inmediatamente” al Consejo, que atenderá la solicitud “basándose en la presunción de que es manifiestamente infundada”. Es decir, que su rechazo está casi asegurado, en especial si se atiende a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Y todo ello, sin perjuicio de que la querella de la Fiscalía se considere desproporcionada, como así lo parece, si es que se puede opinar. Especialmente, porque ni el delito de rebelión ni el de sedición, que requieren violencia, se puede aplicar a la actuación de Puigdemont, que ni siquiera ha retirado la bandera española de lo alto de su mástil en el Palau dela Generalitat, donde ondea victoriosa. Y puestos a opinar, yo me habría ido a Sierra Leona, que no tiene convenio de extradición, al menos con España.