A pesar de las recomendaciones del Semestre Europeo, sólo los países intervenidos, presionados por los mercados o con elevado desempleo realizan las reformas estructurales
Varias veces al año nos encontramos con que diferentes organismos internacionales (la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea) realizan previsiones sobre la evolución de la economía española, generalmente respecto al crecimiento, pero a veces también incluyen otras variables, como la inflación, el déficit o el desempleo. Cada una de estas instituciones tiene sus modelos, con los que realiza simulaciones que son comparadas y se toman como referencia por las autoridades nacionales. Por supuesto, en España no sólo el Ministerio de Economía o el de Hacienda, sino que también el Banco de España y un buen número de fundaciones e instituciones privadas hacen sus propias previsiones. Al final, con tanta información, lo que acaba quedando es una idea general sobre la tendencia prevista y una serie de declaraciones y respuestas a dichas declaraciones donde cada uno defiende sus previsiones y nos recuerda que seis meses (o un año antes) los demás se equivocaban. Sin embargo, no todas las previsiones son igual de relevantes, depende de quién la haga y en qué contexto.
La más reciente de dichas polémicas se produjo hace unas semanas, cuando la Comisión Europea y, en concreto, el comisario Moscovici anticipó y luego anunció (tras analizar los Presupuestos Generales del Estado para 2016) que España no cumpliría sus objetivos de déficit público no solamente este año (un 4.2%) sino que tampoco lo haría el año que viene, pues nos enfrentamos a la exigente cifra del 2.8%). El ministro Montoro fue en esta ocasión quien contestó, con el argumento de que España crecería por encima de las previsiones de la Comisión en ambos años y que, gracias a ello, aumentaría la recaudación y sería posible cumplir los objetivos.
Este incidente fue especialmente importante porque la Comisión Europea hizo estas previsiones en el contexto del Semestre Europeo. ¿Qué quiere decir esto? Recibe este nombre un mecanismo de coordinación puesto en marcha en la Unión Europea en 2011, y aplicable a todos los países miembros pero, especialmente, a los integrantes de la zona euro. Aunque en realidad actúa todo el año, se desarrolla principalmente durante los seis primeros meses del año, lo que explica su nombre. En este proceso participan tanto las instituciones europeas (Comisión, Consejo de la UE, Consejo Europeo y Parlamento Europeo) como cada uno de los países, con el objetivo de que la supervisión, además de la llevada a cabo por las instituciones, se haga también entre los propios países miembros. Al final del Semestre cada país recibe sus recomendaciones. El segundo semestre del año sería, por su parte, el “semestre nacional”, pues los países deben elaborar sus presupuestos e implementar medidas de acuerdo con las recomendaciones. El aviso de la Comisión Europea se refería, por tanto, a que los presupuestos no parecen garantizar el logro de los objetivos propuestos.
En realidad son dos los ámbitos analizados en el Semestre Europeo: por un lado, las políticas presupuestarias y estructurales y, por otro, los demás desequilibrios macroeconómicos. Los países miembros de la eurozona deben cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento o PEC (que limita el déficit público y el stock deuda pública respecto al PIB), así como el más reciente Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico, un mecanismo de alerta que analiza otras variables macroeconómicas (saldo por cuenta corriente, desempleo, competitividad, precio de la vivienda, entre otras) y que da la voz de alarma cuando dichos indicadores alcanzan valores preocupantes.
España, como buen número de países de la UE (entre otros, Francia, Portugal, Irlanda, Grecia y Reino Unido) se encuentra desde 2009 bajo supervisión dentro del “procedimiento de déficit excesivo” del PEC, puesto que de forma repetida, a partir de 2008, se superó el límite del 3% de déficit público. Tras negociar en 2011 y 2012 un calendario de ajuste, la fecha límite es el próximo año, 2016, momento en el cual el déficit deberá ser inferior al 3%. También hemos marcado señales de alerta en diferentes indicadores macroeconómicos del segundo procedimiento, aunque la situación ha mejorado (de 6 niveles, siendo 6 el peor, alcanzamos un nivel 5 y ahora estamos en el 4).
Además de estos dos mecanismos, sobre los cuales el seguimiento es más estricto, las recomendaciones que ha recibido España este año incluyen una serie de reformas estructurales aún pendientes, con especial énfasis en los servicios, mercado de trabajo y educación, como puede verse en la Infografía 2.
Pero la pregunta relevante es la siguiente ¿qué ocurre si un país no cumple las recomendaciones? De forma inmediata, nada. Sin embargo, tanto el mecanismo de déficit excesivo como los desequilibrios macroeconómicos excesivos pueden llevar aparejadas sanciones de hasta un 0.1% del PIB. Nuevamente cabe preguntarse si los países consideran creíble esa amenaza y, por tanto, si el Semestre Europeo está logrando que los países cumplan sus recomendaciones.
El think-tank Bruegel ha realizado un estudio, encargado por el Parlamento Europeo, sobre la efectividad del Semestre Europeo. Para ello, Bruegel ha comparado las recomendaciones de la UE con las que la OCDE realiza también anualmente. La principal conclusión es que el grado de implementación de las medidas es modesta (alrededor de un 40% cuando fue creado, en 2011 y sólo un 29% en 2014, según un indicador por ellos confeccionado) y muy similar al que se hace del informe de la OCDE. Además, las recomendaciones más seguidas son las derivadas del PEC, con un 44%, y las del procedimiento de desequilibrios macroeconómicos, con un 32%. Además, y lo que es más importante, los países sólo adoptan más reformas cuando se encuentran en programas de asistencia financiera (intervenidos) o cuando están presionados por los mercados o tienen elevado desempleo. Así, Grecia estaría a la cabeza en el grado de implementación, seguido por Portugal, Irlanda y España (como puede verse en el Gráfico 1). Una vez aminorada la presión, se reduce sustancialmente el impulso reformador.
No por conocida deja esta información de ser decepcionante. Muestra a las claras el fracaso de la coordinación de las políticas macroeconómicas. Pero, por otro lado, no deja otra opción que profundizar en la integración europea si se quiere mantener la estabilidad de la zona euro. El Informe de los Presidentes de julio tiene como objetivo llegar a una verdadera unión económica y monetaria antes de 2025 avanzando en cuatro frentes: unión económica, unión financiera, unión presupuestaria y unión política. La importancia de este informe radica en el reconocimiento de la necesidad de dar el siguiente paso en la integración. La cuestión es si los actuales líderes europeos tendrán valentía suficiente para darlo.