Las altas cifras de suicidio en nuestro país, y la actuación de algunos representantes políticos convencidos, han puesto por fin de relieve el problema de la salud mental. Bajo el lema “ir al psicólogo no debería ser un estigma” distintas administraciones públicas, entre ellas la Comunidad Valenciana, se establecen como objetivo facilitar el acceso a psicólogos, a través de la atención primaria, para todas aquellas personas que lo necesiten. Sin embargo, no deberíamos olvidar que la mejor receta para cualquier problema de salud es la prevención. De esta forma, la estrategia debería centrarse en atacar las razones por las que están aumentando los problemas mentales, sin olvidar que el auge de los mismos es muy anterior a la pandemia.
En efecto, los datos muestran que uno de los condicionantes fundamentales de los problemas de salud mental serían las condiciones de empleo. Así, entre el 17% el 27% de personas sufren ansiedad en el trabajo; entre el 30% y el 38% dicen experimentar estrés siempre o casi siempre y, en general, un 47% reconocen encontrarse expuestos en su lugar de trabajo a factores de riesgo para su bienestar mental. Todo esto regado con el hecho de que todos estos problemas afectan siempre y de forma constante más a las mujeres.
En los últimos días hemos sido testigos de un ejemplo claro de contradicción del sistema. El aumento de la visibilización de los problemas mentales, precisamente, se ha entendido como una gran oportunidad de negocio, apareciendo las primeras aplicaciones web que ofrecen un psicólogo a la carta, como si pidieras un Uber, literalmente. Algo que pudiera parecer la solución a las dificultades de acceso a profesionales de salud mental, en realidad, es parte del problema. Estas aplicaciones, como sucede ya con los conductores o con los riders, “condenan” a los profesionales de la psicología a estar “pegados” al teléfono esperando clientes sin poder desconectar o descansar. Estos últimos padecen, adicionalmente, las consecuencias derivadas de la relación de dependencia económica que los vincula a la plataforma, operador que establece sus condiciones laborales sin posibilidad de negociación real y sabiendo que solamente podrán seguir trabajando en la plataforma si consiguen 5 estrellitas de sus pacientes. Así, lo que tradicionalmente eran profesionales liberales e independientes, que negociaban sus horarios y honorarios directamente con el cliente, pasan a estar sometidos a los ritmos de trabajo y condiciones laborales marcados por un algoritmo sin empatía alguna y forzados a convivir con lo que los expertos han acuñado como el “látigo” digital.
Esto no es más que un ejemplo de cómo cierto “mal” uso de la tecnología y determinados modelos de negocio, sin control suficiente, están precarizando el trabajo y exponen a los trabajadores a riesgos psicosociales graves. Los expertos llevan años analizando las causas del incremento de problemas mentales, siendo la precariedad laboral uno de los principales factores de riesgo. Incluso trabajadores bien remunerados y de alta cualificación (gerentes, profesionales liberales, personal técnico) son susceptibles de padecer peligrosos problemas psicológicos. En efecto, el estrés constante en el trabajo, el incremento de intensidad, las largas jornadas de trabajo y la imposibilidad de separar el tiempo de trabajo del de descanso (debido a los malos usos de cierta tecnología que puede ser invasiva: los WhatsApp, email, llamadas, teletrabajo) son factores de riesgo acreditados que pueden desencadenar en problemas mentales.
En este sentido, una estrategia seria, que busque reducir las enfermedades mentales, debe empezar atacando la raíz del problema. Mejorar las condiciones laborales, reducir la intensidad del trabajo, pero, sobre todo, permitir un adecuado y suficiente descanso de las personas trabajadoras mediante, de un lado, reducciones de jornada y, de otro lado, asegurando que no existen interrupciones durante el descanso que permitan una verdadera desconexión y descanso es indispensable.
España es uno de los pocos países que cuenta con un derecho expreso a la desconexión digital. Sin embargo, las estadísticas muestran que este derecho se ha publicado en el BOE sin llegar a implementarse de forma efectiva en las empresas. Los datos muestran que el 64% de las personas realizan trabajo en sus horas libres y un 68% confirma que recibe emails o llamadas fuera de su horario laboral. Queda, como muestran las cifras, aún mucho por hacer. Conseguir la efectividad del derecho a la desconexión digital, a la vez que se reduce la intensidad del trabajo, debe ser una prioridad incluida en las estrategias de salud mental, si se quieren obtener verdaderos avances en esta materia.
Adrián Todolí Signes. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de València