Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad no ha tenido en cuenta los datos del Registro de la Propiedad en la expropiación de terrenos del Hospital de La Ribera, al menos en los que atañe a la empresa Infraestructuras y servicios de Alzira SA, sociedad propietaria de la parcela y el parking privado.
La empresa, liderada por Alberto de Rosa, compró un terreno para ampliar el parking al considerar insuficiente el de titularidad pública además de ser propietaria del terreno donde se alberga la rotonda de entrada al recinto y que junto a la parcela del parking irán a manos de la administración pública.
Según el proyecto de expropiación, la titularidad de estas parcelas -que suman 18.998 metros cuadrados- estaría en manos de Infraestructuras y Serveis d’Alzira y la Generalitat Valenciana. Sin embargo, la compañía -participada al 50% por Ribera Salud y PK4 aparcamientos SL- asegura que 2.541 metros que se adjudicaría como propios la administración valenciana son de su propiedad.
Y es que para la Generalitat parte del parking estaría construido sobre la parcela del hospital, en manos de la administración pública, algo que ni catastro ni Registro de la Propiedad contemplan y que atribuyen a la empresa. Una cifra que el departamento de Carmen Montón ha decidido no tener en cuenta y seguir adelante con sus datos iniciales, según confirman fuentes conocedoras del proceso.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba este martes el anuncio de la Conselleria sobre la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2. de la Ley de Expropiación Forzosa, a los propietarios y titulares de derechos de las fincas afectadas. Al margen de Infraestructuras y Servicios de Alzira, SA también han sido convocados la Diputación de Valencia -quien tiene 944 metros cuadrados- y el Ayuntamiento de Alzira - propietario de 14 metros cuadrados- con la intención de que comparezcan el 1 de marzo a distintas horas para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación.
Lo que es evidente es que Ribera Salud sumará un nuevo conflicto judicial con la administración, ya que en el acta del encuentro se reflejarán las observaciones de las partes, que después podrán ir a los tribunales. Infraestructuras y servicios de Alzira SA también pidió en sus alegaciones una indemnización por ‘perder’ no solo la parcela sino la actividad económica que se encuentra en el terreno.
