Foto: EFEVALÈNCIA. César Augusto Tauroni, el empresario que fue condenado por el saqueo ayudas públicas que iban destinadas a la construcción de pozos de agua en países en vías de desarrollo. Tras disfrutar de un permiso de seis días, la jueza del caso Cooperación ha rechazado su reingreso en prisión, aunque le impone comparecencias periódicas, dos visitas mensuales, a los juzgados.
La Fiscalía Anticorrupción ha había solicitado una serie de medidas cautelares debido a las causas que aún tiene pendientes y al riesgo de fuga. Sin embargo, la jueza las ha desestimado.
Así lo ha decidido en un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el que rechaza la petición de la acusación popular en este caso, la Coordinadora de ONGD, de que el empresario entre en prisión. Esta parte entendía que existía riesgo de fuga por tener dinero oculto y relaciones con otros países y, además, aludía a las elevadas penas de prisión a las que se enfrenta en la vista pendiente, y para la que ya se ha decretado la apertura de juicio oral.
En este caso, el ministerio fiscal y la Generalitat Valenciana habían pedido, sin embargo, la prohibición de salida del territorio español y la obligación de comparecencias judiciales en el juzgado. La defensa de Tauroni se mostró conforme con la primera petición pero no así como la segunda al considerar que no se puede aplicar un criterio expansivo de la privación de libertad a piezas por las que esa persona ya se encontraba en situación de libertad.
La magistrada entiende que el riesgo de fuga "no se presenta de forma tan acusada para justificar una media tan excepcional" como la pedida por la Coordinadora y destaca, además del arraigo familiar, que los técnicos de la prisión concluyeron que no existía riesgo de fuga para concederle los permisos de los que ha disfrutado durante su condena, y que han discurrido sin incidencias.
Por tanto, considera que la prisión provisional puede quedar mitigada con medidas menos gravosas como la prohibición de salida de España y retirada del pasaporte y la obligación de comparecer ante el juzgado dos veces al mes.
Tauroni entró en la cárcel de Picassent como medida cautelar el 23 de febrero de 2012, justo la jornada en la que se produjo el desmantelamiento de la red de corrupción de la Conselleria de Solidaridad, dirigida por Rafael Blasco, hoy también en prisión. El TSJCV le condenó a ocho años de cárcel y el Supremo rebajó la pena a seis.
