Sanidad para inmigrantes sin papeles

La razón de ser de la descentralización es la cercanía de la administración al ciudadano. A quienes abogan por una devolución de las competencias de Sanidad a la Administración Central como solución a los problemas de sostenibilidad económica del sistema habría que recordarles que cuando la Sanidad en la Comunitat Valenciana la administraba el Estado la cobertura era bastante peor que ahora, salvo en las capitales. 

Que la Sanidad en las CCAA tenga deficiencias y que en ocasiones esté mal gestionada por malos políticos no debe llevar a pensar que desde el Estado se gestionaría mejor. Allí también la manejan los políticos. En todo caso, puede que en manos de Montoro estuviera mejor financiada, como está bien financiado el capítulo de las pensiones, pero nada garantiza que fuera mejor.

Cuando las competencias en políticas sociales están centralizadas ocurre que acaban descentralizándose por la vía de hecho, aunque no sea de derecho. Ocurrió durante la última crisis, cuando los alcaldes pusieron los medios para atender a los vecinos abandonados a su suerte por los recortes dictados desde los despachos en Madrid, València o Barcelona. "Competencias impropias de los ayuntamientos" llamaron a este parche ante el que todos hicieron la vista gorda.

Algo parecido ha ocurrido con el real decreto estatal que en 2012 limitó la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes sin papeles. En la mayoría de Comunidades Autónomas, incluidas algunas en las que gobierna el PP, se ha buscado un subterfugio para burlar ese decreto y seguir prestando asistencia sanitaria a todos los inmigrantes. En algunas, como el País Vasco y la Comunitat Valenciana, se hizo por vía legal y el aparato del Estado hizo lo habitual en estos casos, recurrir para defender sus competencias, porque una cosa es ejercerlas de forma mezquina y dejar en manos de otros la solución de los problemas y otra cosa es cederlas. 

Es como si un ayuntamiento que paga un ambulatorio en el pueblo o abre un centro de asistencia a drogodependientes –ejemplos de competencias impropias– se atribuyera además en una ordenanza la competencia en materia de asistencia sanitaria. Oiga no, usted arregle el problema y no deje tirados a sus vecinos, mejore lo que hace la administración competente, pero no vaya más allá. Es decir, invada competencias por la vía de hecho y no de derecho. 

Esta actitud no viene de ahora con Rajoy, los dos primeros recursos contra leyes civiles valencianas los puso el Ejecutivo de Zapatero. Es la inercia del aparato administrativo estatal, aunque la decisión última de interponer un recurso sea del Gobierno.  

El caso es que el aparato del Estado ha ganado en el tema de la sanidad universal porque el Tribunal Constitucional que tenemos está en la línea de no dejar pasar ni una, así que anuló las leyes vasca y valenciana en una sentencia con varios votos particulares discrepantes. 

Ambas comunidades han dicho que van a seguir dando asistencia a los inmigrantes en situación irregular, como casi todas las demás, por vías alternativas como una simple instrucción a los gerentes de las áreas de salud, ante las que el Gobierno hace la vista gorda porque es responsabilidad de las CCAA cumplir o no la normativa estatal. Nadie les va a denunciar por esto, faltaría más.

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la ley valenciana ha levantado la lógica ola de indignación y de propaganda por parte de la Generalitat, que corrió a hacerse la foto con los colectivos de inmigrantes. Al Consell le viene muy bien que el Constitucional le tumbe leyes. De hecho, debería insistir de cara a la campaña electoral de 2019 con otra normativa de asistencia sanitaria a inmigrantes al filo de la Constitución, a ver si se la recurre otra vez Rajoy y con un poco de suerte la sentencia cae antes de mayo de 2019.

Otra posibilidad, menos rentable en términos electorales pero más eficaz de cara a los ciudadanos, sería hacer un poco de política en el Congreso de los Diputados, donde los grupos del tripartito, PSOE, Compromís y Podemos, juntos o de forma individual, podrían presentar una proposición de ley para cambiar la norma estatal de 2003 que atribuye al Estado la competencia para decir quiénes son los asegurados por el sistema nacional de salud. Bastaría con añadir que las CCAA pueden ampliar el mínimo estatal, que es lo que han intentado hacer el País Vasco y la Comunitat Valenciana. El PNV, al que también han anulado su ley autonómica, estaría de acuerdo, así que el PP estaría en minoría, la ley saldría adelante y se habría acabado el problema.

Si se quiere ir más allá, se podría establecer en esa ley estatal que los inmigrantes sin papeles tengan los mismos derechos de asistencia sanitaria que el resto de los ciudadanos y que, por tanto, la cobertura de esos gastos no sea una mejora de las CCAA sino que se tenga que incluir en el modelo de financiación autonómica. Es solo una idea. ¡Feliz Navidad!