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la conselleria retrasa la reversión, que podría tener que cerrar el futuro consell

Sanidad pide a Erescanner que siga hasta verano con las resonancias públicas... y que baje el precio

Foto: KIKE TABERNER
12/02/2019 - 

VALÈNCIA. La reversión a la gestión pública del servicio de resonancias magnéticas en los hospitales valencianos se retrasa hasta el próximo verano. Esto significa que podría no cerrarlo la actual consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, dado que el Consell estará en funciones desde el 26 de mayo y será sustituido por el que se forme después de las elecciones, aproximadamente un mes después si la aritmética parlamentaria permite la rápida formación de un gobierno. 

El servicio debería ser público desde el pasado 1 de noviembre, como estaba escrito desde hace diez años, pero la Conselleria, primero dirigida por Carmen Montón y desde junio por Barceló, no llegó a tiempo de tenerlo todo listo y decidió que la UTE Erescanner Salud, controlada por Eresa (grupo Ascires), continuara prestándolo durante tres meses más, sin contrato. Como adelantó Valencia Plaza a finales de enero, Sanidad Universal comunicó a la contratista que el final de la gestión privada iba para largo porque estaba esperando un informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que ni siquiera había solicitado. 

Este lunes se celebró en la Conselleria una reunión con representantes de la UTE Erescanner Salud –no incluida en la agenda pública, como en anteriores ocasiones– en la que el subsecretario, Juan Ángel Poyatos, y la directora general de Asistencia Sanitaria, María Amparo García Layunta, pidieron a las empresas que forman la UTE que mantuvieran el servicio, eso sí, con una rebaja de las tarifas que vienen cobrando, que son las mismas que han disfrutado durante los diez años de contrato.

La exconsellera Carmen Montón con su sucesora, Ana Barceló. Foto: KIKE TABERNER

Un contrato sobre el que la Sindicatura de Comptes se ha pronunciado dos veces, en 2013 y 2016, y la Intervención General una más en en 2017, en los que han constatado el alto coste económico que para la Sanidad publica valenciana tiene la gestión privada de este servicio. Un alto coste que se traduce en unos pingües beneficios para las empresas.

Rebaja de precio

Por ello, y ante la expectativa de una prolongación de la gestión indirecta que puede alargarse nueve meses desde que acabó el contrato, los responsables de la Conselleria han decidido plantear una rebaja de los precios que pagan por cada prueba.

Así se lo comunicaron este lunes a los representantes de la UTE, aunque no se les entregó una propuesta formal, documento que les harán llegar en los próximos días. Según fuentes de la Conselleria de Sanidad Universal, no será una petición sin más, sino una propuesta razonada, ya que la situación ya no es la misma que antes de finalizar el contrato. Por ejemplo, la maquinaria ya está toda amortizada y pertenece a la Conselleria, aunque el mantenimiento lo sigue realizando la UTE, que pone también el personal.

Foto: GUILLERMO LUCAS

Los socios de la UTE son las empresas Eresa (49%), Iberdiagnosis (8%), Inscanner (20%), Beanaca (8,5%) y Ribera Salud (14,5%). Eresa (Grupo Ascires) e Iberdiagnósis son propiedad de la familia Saus, que controla así la UTE con el 57% del capital. Inscanner y Beanaca pertenecen a la familia de Carlos Paz, el médico fallecido en 2012 que fue gran amigo de Eduardo Zaplana y dueño de la Clínica Benidom. Ribera Salud, participada por el grupo norteamericano Centene y Banco Sabadell, es concesionaria de varios hospitales públicos en la Comunitat Valenciana.

Reunión con los sindicatos

Como explicaron los responsables de la Conselleria a los de la UTE, y también, en otra reunión, a los representantes de los trabajadores de las empresas que prestan el servicio, el avance en la reversión depende de lo que diga el informe solicitado al Consell Jurídic Consultiu sobre la forma en que los trabajadores con derecho a subrogación deben integrarse en la Sanidad Pública. La fórmula elegida para la reversión del Hospital de Alzira no es válida después de que una sentencia del Tribunal Constitucional anulase la norma en la que se basó.

El informe del CJC se espera para finales de febrero. Con él, Sanidad deberá elaborar un decreto para llevar a cabo un proceso que los propios responsables de la Conselleria reconocen que puede tardar tres o cuatro meses en completarse.

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