VALENCIA. Las concesiones de los hospitales de la Comunitat Valenciana con gestión público privada no solo tienen retrasos en los pagos que el Partido Popular dejó coleando, sino que además el asunto también ha llegado a los juzgados. Sanitas llevó a los tribunales a la Conselleria de Sanidad en los últimos meses de mandato del Partido Popular al discrepar de la liquidación del gasto cruzado de la concesionaria y la Conselleria en atención a pacientes desplazados de una y otra áreas de salud.
La Sindicatura de Comptes alertaba en su informe de las cuentas de la Generalitat de 2014 el retraso a la hora de realizar liquidaciones de los conciertos del modelo Alzira, concretamente 26. Esto determina si es la Generalitat quien debe compensar a la concesionaria y viceversa acorde a los servicios prestados.
En el informe de la Sindicatura, el exconseller de Sanidad Manuel Llombart revelaba en sus alegaciones que existía una deuda de alrededor de 50 millones de la Conselleria con las concesionarias. Esta cifra salía de las liquidaciones anuales de varios años, que en conjunto eran favorables a la Generalitat, y de los denominados resarcimientos, compensación de la Generalitat a las concesionarias por gastos que no están dentro del catálogo de servicios tasado y que, por tanto, quedan fuera de las liquidaciones. Por ejemplo, la atención primaria a población no protegida, la farmacia ambulatoria hospitalaria o los gastos financieros por confirming.
Sin embargo, los datos de resarcimiento no estaban completos, ya que faltaba el del Hospital de Manises. El motivo era la falta de acuerdo entre la concesionaria de este hospital, el Grupo Bupa Sanitas, y la Conselleria dirigida por Llombart hasta el pasado mes de junio. La compañía puso un recurso ante la sala del tribunal contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia como vía de seguridad ante las diferencias de cálculo entre la empresa y la administración.
Cabe destacar que el saldo de liquidación entre 2009 y 2013 era de 181 millones a favor de la Generalitat, una cifra más que considerable, debida a correcciones realizadas por la Conselleria. La compañía consideró que la propuesta de liquidación de la Generalitat no era ajustada a derecho porque "no tenía en cuenta el marco jurídico que rige el funcionamiento de la concesión".
Esto les llevó en su momento a mantener acciones legales para tener amparo judicial, aunque dejaron la vía de negociación abierta, la misma que han planteado al actual Consell. Grupo Bupa Sanitas optó por la vía legal con el fin de aclarar los criterios ya que apuntan al "incumplimiento" de algunos aspectos concretos y a una decisión "arbitraria" y no fundada en derecho.
De hecho, según consta en las cuentas de la compañía, destaca que ya estaban aprobadas las liquidaciones de los ejercicios 2009 y 2010 cuando la concesionaria pidió a la Generalitat las liquidaciones de 2011 a 2013. Sin embargo, recibió una notificación en febrero de 2015 de la Conselleria de Sanidad donde modificaba las liquidaciones de 2009 y 2010, ya aprobadas en las reuniones de Comisión Mixta, lo que generó "discrepancias en discusión de cuantía significativa en cuanto a las cantidades a liquidar".
Actualmente esta inmersa en el proceso judicial y, según consta en las cuentas, los administradores y asesores legales de la sociedad consideran que deberían estimarse las alegaciones formuladas y el recurso contencioso-administrativo interpuesto "y en consecuencia no se derivarán pasivos adicionales u otros impactos relevantes en las estimaciones realizadas a 31 de diciembre de 2014". Los administradores creen que estos hecho no tendrán repercusión en sus hipótesis para la aprobación del Plan de negocio de la Concesión ni que afectaran a la valoración de los activos sujetos a la concesión administrativa.
La empresa Especializada y Primaria L'Horta Manises SAU, donde recae esta concesión, obtuvo en 2014 un beneficio de 11.174 euros, mientras que en 2013 fue 11.495. La concesión de este hospital fue vendida a Sanitas por Ribera Salud en 2012.
Las cifras remitidas por Llombart a la Sindicatura de Comptes contenían un saldo a favor de la Generalitat de 4,2 millones en el departamento de Alzira y unos 8,9 millones en el departamento de Elx, pero un saldo en contra de 60,9 millones en el de Torrevieja y de alrededor de un millón en Dénia. En total, cerca de 50 millones de euros a favor de las concesionarias, todas ellas controladas por Ribera Salud, sin contar los 138 millones a favor de la Generalitat en Manises, pendientes de resolución judicial y del saldo de resarcimiento de esta concesión.
Sin embargo, el actual Consell asegura que las liquidaciones que dejó cerradas Llombart no son vinculantes y que serán revisadas por la Conselleria dirigida por Carmen Montón con el fin de determinar si los cálculos son o no correctos. 
El Consell aprobó la Programación de Controles Específicos para el año 2016 a practicar sobre áreas específicas, sobre todo dirigidas a los servicios públicos con concesiones privadas. Para ello, pidieron informes específicos a la Intervención de la Generalitat entre los que se encuentran estas liquidaciones anuales emitidas como consecuencia de la ejecución de los contratos de "Gestión de servicio público mediante concesión de la asistencia sanitaria integral"entre los ejercicios 2003 a 2012.
