VALÈNCIA. Unos 68.000 docentes de la Comunitat Valenciana están llamados a las urnas el próximo 1 de diciembre para elegir a sus representantes sindicales en la mesa de negociación con la administración valenciana. Unas elecciones en las que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) espera mejorar las cifras alcanzadas en los anteriores comicios (un 10,2%) y para ello José Seco, presidente de CSIF Educación Comunitat Valenciana, pone en valor lo realizado estos años. “Vamos a seguir peleando para que las condiciones del profesorado sean mejores. Como sindicato independiente que somos, no nos casamos con nadie y a todos los partidos les pedimos lo mismo: que valoren nuestra profesión, que inviertan en ella, porque eso repercutirá en un aumento de la calidad, porque los profesores y profesoras lo están pasando realmente mal”.
Desde CSIF se hace mucho hincapié en que los docentes están ‘quemados’ y sobrecargados, ¿cómo se ha llegado a esta situación?
Es una situación sobrevenida a la realidad que hemos vivido todos con la pandemia. A los docentes nos supuso un cambió el paradigma ya que tuvimos que cambiar la forma seguir en contacto con nuestro alumnado, aprender y trabajar online, a través de plataformas, … y todo ello además pagado de nuestros bolsillos, porque los portátiles o la conexión a internet eran nuestros, la administración no nos dotó de medios. Y si ya fue difícil la situación durante el confinamiento, después, las diferentes situaciones que hemos vivido con la vuelta a las aulas han hecho que la presión y la sobrecarga de trabajo hayan aumentado. Y además sin un refuerzo de docentes mantenido en el tiempo, y que en este curso 2022-23 ha desaparecido por completo, con unas horas de carga lectiva importantes, un aumento de la burocracia, cambio de leyes… el profesorado ya no puede más, porque además percibe que la administración no es sensible con este colectivo. De ahí que desde el CSIF hayamos reclamado una negociación urgente para la aplicación de medidas que mejoren las condiciones laborales del personal docente.
Eso sí, si hay algo bueno de esta situación es que ni los alumnos ni los padres lo notan, gracias a la dedicación y la profesionalidad de los docentes, nos puede más ver cómo avanzan los alumnos, el intentar hacerlo lo mejor posible con los medios que tenemos. Es una pena que tengamos unos buenos profesionales, a los que les gusta su trabajo, y no se valore como corresponde.
También habrá influido en esa situación que el profesorado valenciano se encuentra a la cola de las autonomías de España en lo que respecta a retribuciones.
Por supuesto, es otro ejemplo de la grave situación que atraviesa el profesorado y de la falta de valoración por parte de la administración. En la Comunitat Valenciana se dan dos situaciones en este tema. Por un lado, tal y como puso de manifiesto un estudio del CSIF sobre los sueldos del profesorado entre las diferentes comunidades autónomas, estamos en el puesto 13. De media, a final de mes, los docentes de la Comunitat perciben unos 300 euros menos que la media nacional. Y esa baja remuneración hace que no sea una profesión atractiva, y por eso hay vacantes por cubrir o sustituciones que no se pueden realizar. Es grave que no tengamos la capacidad como administración para llamar al sistema publico a los mejores y a los mejor preparados para que den la mejor educación a los alumnos. De ahí que estemos luchando para conseguir llegar a un acuerdo con la Conselleria para que impulsen un plan y llegar a esa media nacional en un año o dos.
A ello se une la segunda situación que comentaba y es que estamos teniendo unos retrasos impresionantes que en el caso de los complementos por antigüedad, los sexenios, que son uno de los pocos alicientes económicos que tiene nuestra profesión. Llegan a pasar entre cuatro y seis meses para cobrarlos, porque la administración dice que faltan recursos. Desde el CSIF hemos exigido que inviertan en tecnología, en actualización de las bases de datos y en personal. Tenemos casos extremos que durante más de un año, un profesional no cobra un complemento, como el de antigüedad, porque no hay personal suficiente para pasar los datos a la base informática; o el de una profesora que realizó una sustitución y lleva año y medio esperando que se la paguen porque la administración se equivocó y se la pagó a otra persona y hasta que esta no lo devuelva no pueden subsanar el error. Es inconcebible, parece que se olvida que los docentes también somos personas y que nos afecta igual la subida de precios, que pagamos la luz, el agua o una actividad de nuestros hijos…
Una de las demandas es la rebaja de ratios alumnado/profesorado, ¿qué puede aportar esa mejora?
La rebaja de ratios alumnado/profesorado en las aulas permitiría lograr un objetivo fundamental como es ofrecer una atención más individualizada al alumnado, con el fin de atender mejor sus singularidades y proporcionar así una educación de mayor calidad. Eso es algo que no lo discute ni la Administración, lo que ocurre es que hay que poner dinero sobre la mesa. Les hemos pedido que busquen el dinero, porque se trata de prioridades: invertir en educación o en servicios sociales es invertir en que en un futuro podamos mantener el estado de bienestar. Queremos que los hijos tengan la mejor educación, porque cuando sales al mercado laboral has de ser competitivo y bueno en lo tuyo, pero luego nos olvidamos que para eso hace falta inversión.
Si yo tengo 30 alumnos por clase no puedo estar trabajando los contenidos, atendiendo a las prácticas, formándoles y a la vez evaluando sus habilidades, intentando conocerles mejor, para motivarles y encauzar su vocación para que alcancen lo que quieren,… si tuviera menos alumnos tendría más tiempo para ofrecer esa atención más individualizada y una educación de más calidad.
Por eso desde CSIF hemos pedido refuerzos para aquellos que no lleguen, profesores de apoyo para que alcancen las competencias y alcanzar el nivel de calidad que se merece el alumnado, que inviertan en educación y que el profesorado se sienta escuchado y valorado.
La implantación de la LOMLOE, ¿qué ha supuesto para el colectivo docente?
Antes que nada quiero decir que me parece muy bien trabajar por competencias, pero la LOMLOE es una ley impuesta, no se ha tenido en cuenta para nada al profesorado y no nos dieron tiempo, ni audiencia, a los sindicatos para negociarla. Además ha generado muchos problemas al inicio del curso, porque se ha implantado sin una formación previa a los docentes, sobre cómo tenemos que dar el paso a una formación por competencias y así ayudar al profesorado a reformularse y formarse para formar bien a los alumnos. Su puesta en marcha ha sido una gota más para el hartazgo del cuerpo docente y es que no puedes implantar una nueva manera de trabajar, que además exige más atención al alumnado, sin bajar las ratios, sin hacer un tránsito entre una ley y otra y sin tener en cuenta que venimos de una pandemia, que ha afectado a todo el mundo.
Un ejemplo es que la administración debería haber facilitado modelos de programación de cada etapa, curso y materia, aprovechando la figura de la inspección de educación, que son técnicos que acompañan y orientan a los centros educativos y los docentes, y que son los que mejor conocen la normativa y los que más nos pueden ayudar a interpretarla, implementarla y adecuarla para nuestra materia pero no se les ha dado esa posibilidad de dar esa formación en los centros educativos. En cambio, nos hemos tenido que buscar la vida y, además, asfixiados por la ingente burocracia que teníamos que poner en marcha.
Los cambios continuos de leyes, problemas estructurales de más de 30 años, altos índices de fracaso escolar, peores condiciones laborales para el profesorado… ¿No es posible un pacto de estado en esta materia para revertir la situación?
Es algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, a unos y a otros, porque al ser un sindicato independiente, podemos hablar de tú a tú con cualquier partido y si lo hacen bien, lo decimos; y si lo hacen mal, también. Eso sí, siempre tratamos de aportar de manera constructiva, aportando soluciones, porque nosotros estamos pisando los centros día a día, en contacto con los compañeros para que nos cuenten lo que ocurre.
Y a todos los partidos les hemos pedido un pacto de educación para tener una estabilidad. Porque el hecho de que las leyes no tengan un trayecto largo porque no existe un consenso afecta a la calidad de la enseñanza. Es necesario consensuar, al menos lo esencial, porque los padres y los docentes estamos de acuerdo en que queremos la mejor educación para los niños. Y tenemos claro que esa educación de calidad pasa por valorar al profesorado, con mejores ratios, mejores sueldos, más formación, más medios para poder hacer su trabajo.