VALÈNCIA. El próximo 17 de diciembre de 2021 España deberá transponer la llamada Ley de Protección de Denunciantes (LPD) a nivel europeo. "Estamos hablando de una Directiva que protege al denunciante en dos ámbitos, el derecho a la confidencialidad, incluso al anonimato, y el derecho a la no represalia", apunta a este diario Rafael Carrau, cofundador junto con Vicente Carpio de Finest Portfolio Ideas, que hace poco más de un año pusieron en marcha dos nuevas empresas como fueron Senex Consejos de Buen Gobierno y Aplicaciones Says US. Lo hicieron de la mano de Axium Consulting, empresa murciana de consultoría liderada por Miguel Angel Blanes, ex director general de Tributos de la autonomía murciana.
De ahí que Valencia Plaza haya contactado con Carrau y Blanes -granees expertos en todo lo que rodea al compliance para conocer lo que representa esta nueva Ley, que opera en tres planos como explica el abogado financiero valenciano, que fuera director general de una caja rural:
Pero, ¿qué garantías tiene para que el denunciante no sea descubierto? "Tendremos que ver la norma española de desarrollo, pues la Directiva ofrece algunas posibilidades a definir en función de la decisión de los Estados. La mayor garantía siempre es el anonimato, pero cuando éste no es posible o, por cualquier circunstancia, se descubre la personalidad del denunciante, la norma prevé procedimientos de protección del denunciante frente a las represalias, incluso mediante sanciones 'efectivas, proporcionadas y disuasorias' como expresa la Directiva", responde Blanes.
El mismo que preguntado si de alguna forma esta ley europea permitirá aflorar 'dinero negro' de las empresas señala que "la prevención de blanqueo de capitales es una de las materias de las que se ocupa la Directiva". En este sentido añade, "la normativa española sobre prevención del blanqueo de capitales, que ha sido recientemente modificada para reforzar los sistemas de prevención del blanqueo y financiación del terrorismo, incluyendo nuevos sujetos obligados y nuevas medidas para asegurar la adecuada trazabilidad de la legalidad del dinero, exige la adaptación de muchos obligados a estos nuevos sistemas, entre los que se incluyen los sistema de alertas, por lo que la nueva norma permitirá un medio más para facilitar la detección de estos comportamientos".
Aunque todavía falta medio año para que llegue el 17 de diciembre de 2021, la pregunta -dado el carácter español para dejarlo todo a última hora- es clara: ¿Será capaz España de tenerlo todo preparado para esa fecha? "La consulta pública ya se realizó y el plazo de alegaciones finalizaba el 27 de enero de 2021. El Gobierno asegura que llegará a tiempo. Los Tribunales ya están mencionando la Directiva en su interpretación del modo de funcionamiento de los canales internos de denuncia actualmente existentes. Creemos que, de una manera u otra se llegará a tiempo", advierte el ex director general ex director general de Tributos de la Región de Murcia.
Por su parte, Rafael Carrau reconoce que no somos los únicos (España) donde no hay una regulación sobre la protección de denunciantes como sucede en Francia e Italia. "En Alemania los denunciantes también andaban bastante desprotegidos. De hecho, durante mucho tiempo se debatió sobre si una denuncia anónima generaba la obligación de investigar o no los hechos denunciados, por aquello de la protección del derecho del denunciado. Los conceptos cambian -o evolucionan- y en Europa se ha alcanzado el consenso de proteger este tipo de denuncias y la protección de los denunciantes".
El abogado y financiero valenciano recuerda cómo Senex ha ido creciendo para convertirse en "un concepto de consultoría novedoso. Centrados en la mejora de la gobernanza de las empresas, y por ello del cumplimiento normativo, de la sostenibilidad, de la gestión de riesgos y de todos aquellos aspectos que se refieren a que una empresa se gestione adecuadamente para la mejor garantía de sus socios, sus inversores, sus trabajadores y de clientes, proveedores y demás grupos de interés".
Asimismo, apunta que Say Us fue creado al mismo tiempo que Senex "para desarrollar soluciones digitales a esa buena gobernanza y, el primer objetivo fue crear una app multicanal que solucionase todos los retos de comunicación que tiene hoy una empresa. Éstas tienen que tener, por distintas normas, canal de denuncias penal -por el compliance penal-, canal de denuncias normativo -por la Directiva Whistleblowing-, canal de reclamaciones en materia de protección de datos, canal de reclamaciones de consumo, canal de comunicación con los grupos de interés (cuando implantan protocolos de sostenibilidad y responsabilidad social y medioambiental)... Vimos que había que dar a las empresas una solución sencilla, que 'empaquetase' todo ello en una misma aplicación, y que permitiese la gestión de cada canal según el proveedor o gestor que cada empresa tenga para cada canal. Nuestra app al ser muy parametrizable, permite eso, que la empresa gestione cada canal que quiera crear con cada uno de sus proveedores o con gestores internos según lo tenga establecido. Y además cumpliendo, en los canales en los que sea necesario, la posibilidad de la denuncia anónima y, además, la posibilidad de depositar comunicaciones al denunciante anónimo para que éste las pueda ver cuando quiera".
Preguntado sobre si son costosos los procesos que ofrecen a las empresas para cumplir con todos estos requisitos, Carrau no duda en afirmar que "en absoluto. Somos una empresa que trabajamos con pymes y micropymes, y hemos creado servicios con precios muy adecuados. Es la única forma que una pequeña empresa pueda asumir este aluvión de exigencias normativas. Tengamos en cuenta que aunque la Directiva impone que los canales de denuncias los deben establecer necesariamente las empresas de más de 50 trabajadores, faculta al mismo tiempo a que los Estados miembros extiendan la obligación a todas las empresas sea cual sea el tamaño. Eso llevará a que, con el tiempo, la obligación sea para todos".
Lo cierto es que en España -al contrario de lo que sucede en otros países de nuestro entorno-, las compañías son reacias a la hora de implementar sistemas de compliance. ¿Por qué? "El primer motivo es porque un empresario normal siempre piensa que 'eso en mi empresa nunca va a pasar'. Un empresario está organizando una actividad de negocio legal y no cree que en su actividad se puedan cometer delitos, no parece concebible ese riesgo, hasta que sucede", manifiesta Blanes. Además, añade otro factor como es "un equivocado criterio de eficiencia: en eso no me puedo gastar nada, el gasto ha de ir a lo productivo. Decimos que es equivocado porque cuando llega la incidencia se descubre lo barato que hubiera sido establecer sistemas de prevención".
Preguntado al ex director general de Tributos de la comunidad murciana si esta nueva Ley de Protección de Denunciantes va a derivar en que el empresario se lo tome más en serio, su respuesta es que "seguramente sí. Es un paso más, un mensaje desde la administración que acaba concienciando de la necesidad de mejorar la gobernanza. Pero también la evolución social nos lleva hacia allí, no sólo por la fuerza de la reputación, que con las redes sociales ha multiplicado su capacidad de influencia en las empresas, sino por algo tan sencillo como el relevo generacional. Las nuevas generaciones de empresarios cada vez tienen mayor formación en gestión de empresas, en gestión de riesgos y en buena gobernanza, y eso conlleva que no sólo entienden que les hagas la propuesta, sino que en ocasiones inician ellos la búsqueda de estos servicios".
Para terminar Valencia Plaza preguntó a ambos lo que ha significado la unión entre Axium Consulting y Finest Portfolio Ideas mediante la creación de Senex Consejos de Buen Gobierno. "Senex acumula la fuerza, la experiencia y las ideas de las dos. Desde luego Miguel Ángel Blanes juega un papel importantísimo, su experiencia en la Administración Pública, sus conocimientos tributarios y de buena gobernanza de instituciones y empresas, son un valor humano y profesional relevante en la configuración de Senex", responde Carrau, que recibe las alabanzas de Blanes porque "Rafael y el equipo de Finest aporta la experiencia financiera, muy relevante en gobierno corporativo, y una visión de las empresas desde dentro y desde la banca, que conoce muy bien cómo funcionan éstas".