VALENCIA. A veces una nueva ley no tiene por qué ralentizar un modelo de negocio, sino que puede impulsarlo. Esto es lo que le ha ocurrido a la empresa valenciana Sicop, una plataforma que contribuye a cumplir la ley 19/2013 del 9 de diciembre que hoy mismo debería estar aplicada en todas las administraciones de España. Esta ley obliga a hacer públicos, como mínimo, todos los contratos menores, además de facilitar los filtros que se han utilizado.
Salvador Ortí, responsable ejecutivo, explica que el paso previo no fue montar la empresa, sino analizar una necesidad de las entidades publicas a la hora de gestionar las compras menores. "Más del 70% son compras menores y estaban sujetas a un procedimiento permitía que se podía elegir el proveedor, pedirle el consumo y la factura", explica. Pero a medida que han ido evolucionando las exigencias de transparencia se han ido publicando directivas europeas que fijan que el 100% de las contrataciones tienen que hacerse de forma transparente.
Ahora, las entidades públicas deben de disponer de una herramienta electrónica para buscar los proveedores y elegir los más adecuados según la necesidad. "Esa herramienta no existía y nos pusimos a preparar el desarrollo", apunta Ortí. Éste se asemeja a los comparadores que hay en el mercado implantados pero con algunas peculiaridades.
"Tienen, obligadamente, que fijar de forma previa los criterios que siguen, ver qué proveedores hay en el mercado, pedirles los catálogos, eso supone un proceso largo actualmente", explica. A partir de ahora, la solución será publicar las condiciones previa, elegir proveedores, invitarles a la plataforma y que ellos suban directamente su catálogo.
"Permite hacer en segundos lo que antes implicaría desplazarse porque tiene organizada toda la compra y clasificada. En vez de tener que mirar en los catálogos y las webs, puedes hacerlo en esta herramienta", asegura. La administración puede fijar por pedido máximo que el municipio necesita, el tiempo de pago al proveedor, por el precio o por las características técnicas del producto.
Este software también permite cumplir la norma de no gastar algo que está presupuestado. "Ya se le asigna la partida de gasto y se genera una retención de crédito para que asegure que el dinero previsto para pagar esa compra", explica. Además, todo el proceso que se sigue para llegar al proveedor lo registra la herramienta, que finalmente lo publica en el portal de transparencia.
Aunque una de las obligaciones de esta ley, también desarrollada por cada comunidad autónoma, es hacer la selección de estos proveedores de forma telemática Ortí asegura que el proceso sigue no haciéndose con estas herramientas de gestión. "Esto requería algo específico que incorporamos ya en abril de este año y como nos pilló en plenas elecciones municipales empezamos a presentarlo por los municipios después".
Su proyecto es a nivel nacional y ya lo utilizan ayuntamientos como Alboraya, Paterna, Xiva, Santa Pola, La Nucia o El Campello. "A todos nos cuesta cambiar los hábitos", asegura. Por ahora su competencia es prácticamente nula por lo que buscan implantarse en el menor tiempo posible. "Los municipios pagan unas cuotas muy bajas. 2000 euros el municipio más grande, 500 el más pequeño".
