El auditor desvela que Sanidad no supervisó el Hospital de Manises entre 2009 y 2015

VALENCIA. La Conselleria de Sanidad apenas controló a su concesionaria del Hospital de Manises desde que el centro fue inaugurado en mayo de 2009 hasta finales de 2015. Así lo asegura, y lo critica, la Sindicatura de Comptes en el borrador de la auditoría operativa encargada por el departamento que dirige Carmen Montón. La sociedad concesionaria es Especializada y Primaria L'Horta-Manises SA, controlada al 100% por Sanitas, aunque hasta 2012 tuvo una participación del 40% de Ribera Salud.

Como publicó en exclusiva este viernes Valencia Plaza, la gestión privada del Área de Salud de Manises supone un ahorro para la Conselleria de unos 42 millones de euros anuales respecto a si lo gestionara ella misma, según el borrador. En términos porcentuales, es un 21,3% menos costosa que la media de los hospitales comarcales de la red pública y un 25,2% más barata que la media de todas las áreas de salud.

El informe provisional dedica un amplio espacio a analizar los controles que la Conselleria de Sanidad estaba obligada a ejercer sobre la concesionaria. La conclusión que queda al leerlo es que esa vigilancia no existió.

El organismo que preside Vicent Cucarella tampoco deja en buen lugar a la actual Conselleria que dirige Montón. Ello a pesar de que en septiembre de 2015 creó la Subdirección General de Inspección Sanitaria de Concesiones, Conciertos, Centros y Servicios Sanitarios con atribuciones específicas para controlar a las concesionarias. 

Los autores del informe consideran que se podría hacer más: "De la información facilitada, hemos comprobado que si bien se creó un Servicio de Inspección específico para el control de las concesiones sanitarias, con funciones concretas, el tipo de inspecciones que se han realizado en el 2015 no difiere de las realizadas en años anteriores". 

La Comisión Mixta de Seguimiento

Las reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento, formada por representantes de la Conselleria y de la empresa, son un ejemplo de la falta de control y seguimiento de la concesión. Esta comisión solo se reunió once veces entre 2009 y 2015 –período objeto del informe– y una vez más en mayo de 2016. 

La actual Administración tampoco ha mostrado excesiva diligencia, ya que tardó diez meses en convocarla desde que Carmen Montón llegó al cargo y no ha facilitado a la Sindicatura de Comptes el acta de dicha reunión.

Además, el contrato de concesión establece que la Comisión Mixta estará formada por cuatro representantes de la Conselleria y dos de la concesionaria controlada por Sanitas. Pues bien, de las once reuniones de las que se tiene acta, solo en dos se cumplió esta composición; en tres sesiones la presencia fue paritaria y en otras dos hubo mayoría de la concesionaria. En la de diciembre de 2011 hubo siete representantes de la empresa y tres de la Conselleria. Allí se decidió poner una periodicidad de seis meses, pero fue papel mojado. En 2013 y 2014 no se reunió ni una sola vez.

El contrato atribuye a la Comisión Mixta de Seguimiento, entre otros, los siguientes cometidos: Definición de los controles de calidad que se consideren necesarios con el fin de garantizar la adecuada prestación sanitaria y calidad asistencial y ordenar y analizar las auditorías de actividad. 
Pues bien, según la Sindicatura de Comptes, la Comisión Mixta no ha adoptado ningún acuerdo en relación a dichas atribuciones. 


Analizadas las actas, las conclusiones de la Sindicatura en el informe provisional son para llorar: "En conclusión, la Comisión Mixta de Seguimiento de la concesión administrativa no ha resultado ser un elemento eficaz como órgano de control, debido al escaso número de reuniones celebradas (12 en más de siete años) y porque, según se desprende de la lectura de las reuniones celebradas, consideramos que tan solo se ha cumplido uno de los 13 cometidos encomendados a la misma, y que están detallados en las cláusulas contractuales. La totalidad de los acuerdos adoptados giran en torno a 'la resolución de cuestiones de facturación entre Conselleria y concesionario'. A este respecto, tal y como hemos descrito en el apéndice 5, la Comisión Mixta no puede atribuirse competencias propias del órgano de contratación".

No hay penalización

No se cumplía el contrato, que tampoco era demasiado exigente, según los auditores: "Resulta criticable que la Administración no haya incorporado un clausulado contractual más detallado que permita garantizar unos determinados niveles de calidad", afirman. Entre otras disposiciones, echa de menos "un régimen de penalizaciones en el supuesto del no cumplimiento de los indicadores establecidos, como podría ser una deducción sobre la prima per cápita". 


No hay inventario completo

La Sindicatura destaca como debilidad de control interno que el concesionario no dispone de un sistema de identificación de la totalidad de los activos fijos que permita identificar indubitativamente los registros contables con los bienes físicos. La no disponibilidad de un inventario completo dificulta la recopilación y clasificación de todos los activos inventariados y, en especial, su seguimiento económico-contable.

Y urge: "Dado que a la finalización del plazo de concesión del servicio, todas las inversiones realizadas por el concesionario deben revertir a la Administración, la Conselleria debe sin dilación realizar las comprobaciones oportunas e instar al concesionario a disponer de un sistema adecuado de identificación de los activos".

Nombramientos sin autorización

En el nombramiento del personal directivo no se cumplió la cláusula del contrato que obligaba a Sanitas a requerir la previa autorización de la Conselleria mediante “la correspondiente propuesta, especificando los requisitos y condiciones del puesto o puestos requeridos, acompañando memoria justificativa de la necesidad de los mismos". 

Según reconoce la dirección del Hospital, hasta abril de 2015, un mes antes de las elecciones en las que cayó el Gobierno del PP, la designación del personal directivo se ha comunicado de forma verbal a la Conselleria de Sanidad, no recibiéndose requerimiento escrito en ninguno de los casos, con lo cual el concesionario ha entendido producida la autorización tácita.

Beneficios de la empresa

La Conselleria de Sanidad no ha comprobado nunca si el concesionario ha cumplido el límite máximo de beneficios que tiene fijado en el contrato, que es una tasa interna de rentabilidad (TIR) del proyecto del 7,5% anual sobre la inversión realizada durante la concesión. El contrato establece que, al margen de la potestad de los órganos de fiscalización de la Conselleria, un auditor externo (nombrado por consenso) revisará cada cinco años los resultados conseguidos por el concesionario durante el periodo para comprobar el cumplimiento de la TIR del proyecto.

Según informaron ambas partes a la Sindicatura, hasta la fecha no se ha realizado ninguna auditoría externa que revise las posibles variaciones de rentabilidad de la concesión.

Tampoco se ha ejercido, según el borrador del informe, el control económico financiero por parte de la Conselleria previsto en la contrato. La cláusula 11 establecía que "el adjudicatario deberá someterse a una auditoría integral anual realizada por la Generalitat valenciana, a través de medios propios o ajenos". La Conselleria confiesa al Síndic que no constan que dichas auditorías anuales se hayan realizado.