Sindicatura dice que el 44% de las adjudicaciones de la Diputación fueron objetivas entre 2014-2015

VALÈNCIA. (EP). El 100% de las adjudicaciones de contratos de la Diputación de Alicante se basaron en criterios objetivos en el periodo comprendido entre 2014-2015, mientras que en el caso de las corporaciones provinciales de Castellón y Alicante el porcentaje se sitúa en un 44,4%, según consta en un informe de auditoria sobre las inversiones de diputaciones en entidades locales en los ejercicios 2014-2016 de la Sindicatura de Comptes.

En concreto, el documento señala que el montante total de las ayudas que destinaron las diputaciones a inversiones entre 2014 y 2016 asciende a 396 millones de euros en toda la Comunitat, de los que 267 millones corresponden a la de Valencia (19,5%), 99 millones a Alicante (16,1%) y 30 millones a Castellón (8,2%).

De este modo, la ayuda media por habitante en cada provincia alcanza los 99 euros en Valencia; los 52 euros en Alicante y los 51 euros en Castellón.

Asimismo, el informe apunta que hubo equidad en la distribución de las ayudas con la excepción de Sant Vicent del Raspeig (Alicante) que recibió 2,5 millones de euros, 44 por habitante, cuando la media de su tramo de población era de 19 euros y Albocàsser (Castellón) que recibió 1,8 millones, 1.325 euros por habitante cuando la media era de 162 euros. En general, dice el texto, "en la provincia de Castellón se prioriza los municipios de menos de 5.000 habitantes que reciben el 87,7% de las ayudas".

De igual modo, hay excepción en el caso de los municipios de Valencia que recibieron 8,8 millones y Torrent que obtuvo 4,2 millones, por lo que en el caso de la corporación provincial valenciana se priorizó a los grandes municipios. Asimismo, Xàtiva recibió 4,2 millones, 144 euros por habitante cuando la media era de 91 euros.

Por otro lado y, según el informe, durante el periodo 2014-2016 hubo dos modelos de gestión "diferenciados de planes provinciales en las diputaciones". Por un lado, el establecido en la de Alicante con "reparto de ayudas por más importe, pero a menor número de entidades solicitantes (el 46,9%) con criterios de distribución genéricos" y, por otro, el de las diputaciones de Castellón y Valencia en el que "todos los solicitantes son beneficiarios y son ellos los que adjudican los contratos sin apenas bajas de adjudicación, ya que no se prevé el criterio precio en la mayoría de los casos".

En concreto, se detalla que en la corporación provincial de Alicante se adjudican "casi todas las obras con criterios objetivos, bajas significativas y sin fraccionamiento, con una cierta demora en la ejecución por modificados, retraso en la aprobación del proyecto y otras causas". Sin embargo, se puntualiza que el Plan Provincial de 2018 prevé que las obras sean contratadas por los municipios de poblaciones superiores a 10.000 habitantes lo que "puede comportar que se pierdan las ventajas de este modelo".

En cambio, en Castellón las ayudas "son de menor cuantía y están más repartidas entre los solicitantes con criterios también objetivos", mientras que en Valencia se aplica "una fórmula no publicada ni actualizada". En ambos casos, "los contratos adjudicados por los beneficiarios se producen casos de fraccionamiento del objeto contractual".

Principios de economía, eficacia y eficiencia

En relación con los principios de economía, eficacia y eficiencia en los planes provinciales de obras y servicios entre 2014 y 2015, el informe apunta que se concedieron 62 millones en ayudas, de los que 34 millones fueron en Valencia, 20 en Alicante y 8 en Castellón.

Sobre los criterios en la distribución de los fondos, se apunta que en Alicante fueron genéricos y no ponderados, en Castellón fueron objetivos y en Valencia se basaron en una fórmula polinómica de 1996, no detallada en las bases ni publicada en Boletín Oficial de la Provincia. Estos criterios se pueden eludir a través de la concesión de ayudas directas o de otras convocatorias, explica la Sindicatura.

Respecto al porcentaje subvencionado, en Alicante fue de entre el 45% y el 95%, con una opción especial para obras de importe elevado; en Castellón, entre el 55% y 95%; y en Valencia, en la mayoría de los casos se financió el 100%. Las solicitudes rechazadas fueron un 53,1% en Alicante, y "prácticamente ninguna" en las otras dos diputaciones.

Por otro lado y sobre los sobrecostes, se apunta que en Alicante y Valencia hubo tres casos que representan el 4,5% y el 1,3% del importe de adjudicación, respectivamente, y en Castellón, hubo dos casos que suponen el 0,6%.

El informe apunta que en Valencia prácticamente se acabaron todas las actuaciones, unas 619, mientras que en el caso de Castellón no se ha facilitado esa información respecto a las 296 actuaciones financiadas y en Alicante se han finalizado 60 de las 75 obras financiadas, un 84,9% del importe de adjudicación.