VALÈNCIA. (EFE).El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y el consejero de Hacienda de la Región de de Murcia, Andrés Carrillo, se han reunido en Alicante para preparar una cumbre entre el president de la Generalitat, Ximo Puig, y el de Murcia, Fernando López Miras, para unificar criterios de cara a la reforma de la financiación autonómica.
Según un comunicado del Consell, el objetivo de la cumbre entre ambos presidentes es asegurar la suficiencia de las comunidades para la cobertura de los servicios públicos fundamentales en sanidad, educación y bienestar social.
Un encuentro que reunirá a Murcia y la Comunitat Valenciana que, según acreditan todos los expertos, son las comunidades peor financiadas de España.
Soler ha subrayado que, tal como certificó el Informe de la Comisión de Expertos a nivel nacional hecho público en julio pasado, todas las autonomías sufren una insuficiencia global de recursos proporcionados por el actual sistema de financiación para atender los servicios públicos fundamentales, aunque esta carencia es más acusada en algunos territorios, como es el caso de Murcia y de la Comunitat Valenciana.
"El sistema debe garantizar la adecuada cobertura de recursos para asegurar un nivel similar de calidad en los servicios básicos de sanidad, educación y protección social que reciben los ciudadanos, un principio de equidad que no se cumple actualmente", ha recalcado Soler.
Soler y Carrillo ya suscribieron el 20 de febrero del pasado año un documento conjunto de 8 puntos en el que ambas autonomías reivindicaban una financiación suficiente para todas las comunidades autónomas.
El objetivo de la reunión entre los presidentes de ambos territorios, que tendrá lugar próximamente, es, tomando como base este documento y a la luz de la actual situación, seguir avanzando en la búsqueda de consensos.
Para Soler, "el nuevo modelo de financiación autonómica debe partir de grandes consensos y no de la confrontación entre territorios: Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y eso es lo que debemos poner en valor".
"El debate sobre el modelo de financiación supera el ámbito de los partidos y de los gobiernos, se trata de un tema de interés general que afecta a la vida diaria de los ciudadanos y por eso los representantes debemos estar a la altura", ha señalado.
A la reunión preparatoria de este viernes han asistido también el representante del Consell en el Comité Técnico Permanente de Evaluación del Sistema de Financiación Autonómica, José Antonio Pérez, y la directora general de Presupuestos de Murcia, Begoña Iniesta.
El texto pactado el pasado año entre la Comunitat y Murcia se articulaba en torno a 8 puntos, entre los que destacaba el compromiso de abordar la reforma de la financiación no como un debate entre territorios sino con el objetivo de mejorar el Estado de Bienestar, poniendo en primer plano las necesidades de las personas, con independencia del territorio en el que vivan.
Asimismo, se emplazaba a tratar el problema derivado de los déficits presupuestarios generados por la infrafinanciación, así como la propia infrafinanciación y las posibles soluciones, como "un problema de Estado".
Otro de los puntos consensuados era lograr una "financiación suficiente para que las comunidades autónomas puedan prestar todos los servicios de los que son responsables con niveles de calidad adecuados y sin incurrir en déficits".
En el acuerdo también se plasmó la necesidad de instaurar un sistema que proporcione estabilidad a la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales, y no dejar que los recursos se vean afectados por los ciclos económicos.
Además, coincidieron en la necesidad de asegurar el principio de lealtad institucional entre el Estado y las autonomías y reivindicaron que el nuevo modelo fuera sencillo, transparente, predecible y que permitiera la planificación.
El documento también establecía que las ideas plasmadas en el mismo deben ser trasladadas al diseño de la financiación de los servicios que prestan las corporaciones locales a los ciudadanos.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral