VALÈNCIA. Bejís, la Vall d’Ebo y les Useres son tres nombres que quedan ya asociados a algunos de los peores incendios sufridos por la Comunitat Valenciana desde comienzos de este siglo. En cuestión de días, los fuegos originados en estas localidades calcinaron alrededor de 33.000 hectáreas de suelo desde Castellón a Alicante y, según las primeras estimaciones que manejan desde la Conselleria de Agricultura, hasta treinta municipios se habrían visto afectados por las llamas. No obstante, no todos estaban igual de preparados ante un suceso de este tipo, ya que solo cuatro de ellos contaban con un plan de actuación municipal frente a incendios forestales.
Este documento, también conocido como PAM IF por sus siglas, establece cómo debe proceder y organizar sus recursos una localidad en situaciones de emergencia provocadas por el fuego, y es de valor inestimable a la hora de ofrecer una respuesta temprana. “Cuando llegan, los medios contra los incendios necesitan información y, si no la tienen, la primera actuación se ralentiza”, asegura el experto y docente de Grado Superior de FP en Emergencias, Ernesto Navarro. Según explica, estos planes locales frente a incendios son útiles para concretar, entre otras cuestiones, a qué espacios dirigir a las personas evacuadas, dónde podría ubicarse un centro de recepción de medios o cuál es la cartografía del término municipal.
Así pues, y según los datos facilitados a este diario por la Càtedra de Dades Obertes (Catedrades) de la Universitat Politècnica de València (UPV) que dirige Nuria Portillo, más del 85 % de las poblaciones que tuvieron que enfrentarse a las peores llamas de esta década lo hicieron sin un PAM IF. El análisis, que se desprende de un reciente informe elaborado por Catedrades y la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública (Aegap), revela que solo Pego y la Vall de la Gallinera, afectados por el incendio de la Vall d’Ebo; Altura, por el de Bejís; y Figueroles, que sufrió la pérdida de hectáreas por el fuego de les Useres, contaban con uno de ellos.
La Generalitat Valenciana, sin embargo, no obliga a todos los municipios de la autonomía a contar con un PAM IF. Poseerlo únicamente es requisito para 116 localidades, aunque en julio de este año eran solo veinticuatro las que verdaderamente tenían el documento actualizado. Para determinar si una población está obligada a redactarlo, se tienen en cuenta factores como la superficie forestal, el riesgo de incendios o el número de habitantes, pero en opinión de varios expertos podría haberse impuesto su elaboración a muchas más. “Todas las que tengan masa forestal deberían tenerlo”, afirma Navarro. También Artemi Cerdà, catedrático de Geografía Física de la Universitat de València e impulsor del programa europeo Firelinks para frenar grandes incendios forestales, considera que todos los municipios deberían tener estos planes “y ser supervisados por personal especializado cada cinco años”.
En el caso de las poblaciones afectadas por los últimos grandes incendios de agosto, tan solo Pego y Altura tenían la obligación a poseer un PAM IF y, de hecho, contaban con él. A las otras veintiocho localidades, entre las que se encuentran Figueroles y la Vall de la Gallinera, la Generalitat les recomienda su realización de forma explícita, pero no como una imposición. Ni Bejís ni la Vall d’Ebo, donde se originaron dos de los mayores fuegos de las últimas décadas, tenían plan ni estaban obligados a ello. Tampoco les Useres, que además de las más de 800 hectáreas de suelo que ha perdido este mes debido a las llamas ya había visto quemar otras 5.775 hectáreas en 2007.
La situación de la treintena de municipios afectados por los últimos fuegos se replica, además, de forma similar al resto de localidades valencianas. De las 542 poblaciones que conforman la Comunitat Valenciana, únicamente 52 tenían actualizado a comienzos de julio un plan de actuación local frente a incendios forestales, según los datos de Aegap y Catedrades. Además, otras cuatro localidades, con son Ontinyent, Vilamarxant, Ibi y Paterna, tenían su PAM IF obsoleto, ya que, según la normativa autonómica en materia de Protección Civil y Gestión de Emergencia, estos documentos técnicos deben ser revisados al menos cada seis años.
En este sentido, los expertos apuntan a varios motivos que podrían llevar a una localidad a no elaborar un plan de actuación frente a incendios forestales, para cuya confección existen además subvenciones por parte de la Generalitat Valenciana. Así, el año pasado hasta 94 municipios habían solicitado estas ayudas, pero solo 32 de ellos tenían su PAM IF elaborado y homologado a comienzos de este julio. En la convocatoria de este año, por su parte, se han concedido las ayudas a otras 81 poblaciones. “La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) ha hecho un gran esfuerzo por comunicar y promocionar las ayudas disponibles, pero hay muchos municipios que no tienen este plan por desinformación o quizás porque las entidades de desarrollo pasan desapercibidas”, mantiene Navarro.
En esta misma línea, Cerdà apunta que los consistorios son quienes mejor conocen la realidad local y que por tanto “tienen que saber que con esas subvenciones y un poco más de esfuerzo van a tener a expertos que les hagan estos planes”. Además, indica que puede haber también otros motivos más latentes, como la falta de inversiones en ciencia y en formación medioambiental. De hecho, también Navarro señala que la ausencia de este tipo de documentos puede deberse a “un tema de concienciación, de desconocimiento de lo que supone” no contar con un PAM IF.
Por este motivo llama también la atención que, de entre los diez municipios donde se han originado los fuegos más devastadores del último siglo, solo uno de ellos, Llutxent, posee un plan de acción municipal frente a incendios, mientras que en este caso la obligación solo alcanza a una localidad, Simat, que no cuenta en cambio con su plan homologado. Tampoco Cortes de Pallás ni Andilla, dos de las poblaciones que más han sufrido por las llamas en las últimas dos décadas, tienen un PAM IF.
Por otro lado, tanto Navarro como Cerdà inciden en que, más allá de la elaboración de estos planes, es igualmente relevante que se den a conocer y se forme a los profesionales que deben usarlos. “Si no hay formación sobre su funcionamiento ni se implanta, el plan es papel mojado”, sostiene Navarro. Del mismo modo, Cerdà mantiene que los planes deberían “ser conocidos especialmente por los funcionarios e incluso la población, e insta incluso a realizar simulacros más a menudo.
Además de los planes de actuaciones específicas frente a incendios y otros desastres como inundaciones o terremotos, todas las localidades de la Comunitat Valenciana sí están obligadas a tener un plan territorial municipal frente a emergencias (PTM), que contempla cuestiones generales y comunes a cualquier tipo de catástrofes. No obstante, incluso en relación a este documento de carácter más ordinario, el informe de Aegap y Catedrades sobre las políticas públicas locales en materia de protección civil revela que solo el 32 % de los municipios tiene su plan homologado.
Sin embargo, en este caso el grado de incumplimiento no se debe tanto a la inexistencia de estos documentos, sino a que muchas de las poblaciones valencianas cuentan con un plan que se halla desactualizado. Ocurre así en más de doscientos municipios, cerca del 43 % del total, mientras que son 176 las localidades que tienen su PTM actualizado. En este sentido, destaca la situación de grandes municipios como Requena, que pese a haber padecido en 1994 el tercer peor incendio en suelo valenciano desde que existen registros, no cuenta con un plan territorial frente a emergencias ni tampoco con uno específico ante incendios forestales.
Del mismo modo, la Vall d’Ebo tampoco contaba tan siquiera con un plan territorial municipal frente a emergencias en julio de 2022, apenas un mes antes del inicio del incendio que calcinó alrededor de 12.150 hectáreas en tan solo unos días. Tampoco Teresa, municipio afectado por el incendio de Bejís, tenía ninguno de estos dos documentos técnicos, aunque existen otras localidades alcanzadas por los grandes fuegos en agosto, como la Vall de la Gallinera, que sí contaban con su plan territorial frente a emergencias homologado e incluso con un plan específico de actuaciones ante riesgo de incendios (PAM IF) sin estar obligada a ello.